PRESENTACIÓN

           Un paso fundamental para lograr el reconocimiento y superar la exclusión social es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos y cada uno, lo que implica el respeto y valoración de la dignidad de todas las personas, la aceptación de la diversidad y un mínimo de igualdad social. Por eso, hemos decidido dedicar nuestro cuarto número a este tema. Pretendemos dar una visión general, con cargo a profundizar a futuro en cada uno de los tipos de derechos que trataremos a continuación.

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EL TEMA

Nuestros Derechos
m

I.-  Un poco de historia

1. El  punto de partida, de los derechos lo da la revolución francesa, con su grito de “igualdad, libertad, fraternidad”.  El grito de libertad se asoció a los derechos civiles y se obtuvieron en el siglo XVIII.  Los derechos políticos se afirmaron en el siglo XIX. Ambos, llamados también derechos de primera generación, buscaban proteger al individuo de la arbitrariedad de los gobernantes de turno; es decir, eran una defensa frente al poder del estado y también un primer intento de ejercer algún control sobre el mismo.

         Los derechos socio-económicos, vinculados por muchos a la igualdad, al derecho a participar de la riqueza y bienestar de la sociedad a la que se pertenece, obtuvieron carta de ciudadanía en el siglo XX. Muchos sostienen que estos derechos (que algunos llaman de segunda generación) surgen como consecuencia de las revoluciones obreras de los siglos XIX y XX y de las distintas teorías socialistas. A diferencia de los anteriores, estos más bien exigían que se garantizara el acceso de todos a los bienes sociales básicos. 

         En ambos casos se han desarrollado tanto políticas como instituciones de diferentes tipos para que el Estado concrete esos derechos, lo que supone cambios en el Estado.

         Sin embargo, en nuestro país, el camino fue un tanto diferente. La demanda por los derechos sociales (hoy llamados socio económicos) como el acceso a la tierra, educación, salud, vivienda y empleo entrará con más fuerza a fines de la década del 50 e inicios de la del 60 del siglo XX. Y el avance en derechos civiles y políticos estará muy vinculado a ello; es decir, fue en el proceso de lucha por derechos sociales que los llamados sectores populares, con el apoyo de partidos como el APRA y de las diversas vertientes de la izquierda, se afirmaron como sujetos y lograron el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Ello posibilitó la democratización social y política de nuestro país.

         Como afirma Sinesio López  la ciudadanía europea es el resultado de la capacidad de integración de las clases populares por parte de las elites para formar una comunidad política nacional, mientras aquí ella es principalmente una construcción desde abajo, todavía no lograda, dado el poco interés mostrado por nuestras elites en integrar a todos los componentes de la nacionalidad peruana. Mientras que en Europa se introduce la responsabilidad del Estado garantizando la seguridad, lo cual implicó la garantía del empleo, la educación y salud, en nuestro país los ciudadanos quedan librados a su suerte.  Mientras en Europa el Estado ponía un contrapeso a las arbitrariedades del mercado y garantizaba los derechos de sindicalización, en el Perú, durante mucho tiempo, el Estado convalidaba las arbitrariedades del mercado y obstaculizaba el accionar sindical.

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2. Una antigua discusión, que hoy nos parece comienza a zanjarse en el contexto globalizado, tiene que ver con los tipos de derechos que un estado debe garantizar a sus ciudadanos.  En el enfrentamiento histórico que se dio entre el capitalismo y el socialismo éste fue uno de los temas centrales. 

         Para la perspectiva del capitalismo, muy marcado por una visión anglosajona del mundo (es decir, de los que tienen como lengua materna el inglés), el estado debía garantizar, sobre todo, los derechos civiles y políticos; pues a su entender, eran los que garantizaban la libertad, bien más preciado en un ordenamiento social.  Los económicos y sociales, más que derechos, eran (y siguen siendo) considerados como mercancías que dependían del esfuerzo y mérito personal.  Por lo tanto, no era el estado, sino el mercado el llamado a proveerlos. 

         Esta perspectiva dividía al mundo entre pueblos atrasados y pueblos desarrollados, por lo que fue poco sensible a la temática de los derechos culturales (y la consiguiente valoración de las diversas culturas), ya que su propuesta era más bien integrar a los pueblos atrasados a la “civilización occidental y cristiana”. Ello se debe a que en el proceso histórico de desarrollo del capitalismo ocurrió la construcción de los estados nacionales que tendió a valorar la unidad sobre la diversidad, que se veía como un estorbo o amenaza a la consolidación de dichos estados nacionales. 

          La perspectiva socialista (y su concreción histórica, los estados del llamado “socialismo real”)  subrayó el acceso de todos a la educación, la salud, el empleo, objetivo fundamental, según su mirada, del ordenamiento social,  contribuyendo así al reclamo por los derechos económicos y sociales. Pero por otro lado, suprimió los derechos civiles y políticos; esta es la crítica mayor que se puede hacer a esta perspectiva y fue lo que a la postre le dio la estocada final al llamado socialismo real.
                                                                         
         En medio de esta confrontación surge el  llamado Estado de Bienestar en Europa occidental luego de la crisis de los años 30 del siglo pasado, impulsado por la social democracia. Dicho estado es fruto del pacto ciudadano entre estado, empresarios y trabajadores y busca garantizar el derecho de todos a la seguridad, lo cual implicó que el estado se erija en el garante del empleo, la educación y la salud, evitando que los ciudadanos  queden librados a su suerte, y dando así forma a los derechos económicos y sociales.

            Sin embargo, una consecuencia del fin de la guerra fría ha sido que las multinacionales han hecho estallar ese pacto social, implantándose políticas neoliberales. Castells nos dice que “el vaciamiento del contrato social entre el capital, los sindicatos y el estado manda a todo el mundo a casa para luchar por sus intereses individuales, contando exclusivamente con sus fuerzas propias” (T. II, p. 342).  Sin embargo, continúa la pugna política para mantener la idea de pacto o consenso basada en la tradición de la social democracia europea como una manera de hacer política válida a nivel nacional y global  y justamente contraria a la de la imposición de las leyes del mercado.

            En el tema de los derechos medioambientales las tres perspectivas prescindieron casi totalmente de ellos.

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3. Hoy, en el mundo globalizado hay una tendencia a hablar de la integralidad de los derechos humanos, es decir que están estrechamente ligados y son indivisibles; por ello los estados deben garantizar todos los tipos de derechos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y medio ambientales. 

         También se sostiene que no son intercambiables, es decir, que en aras de garantizar un tipo de ellos, no es lícito suprimir algún otro. La Comisión para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas –CEPAL- opina que “los derechos humanos son interdependientes e indivisibles: la satisfacción de los derechos sociales es indispensable para la existencia de derechos civiles y políticos, cuyo ejercicio requiere, al menos, la satisfacción de las necesidades humanas básicas. A la inversa, los derechos civiles y políticos son indispensables para controlar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los derechos sociales: sin su respeto, el Estado se apropiaría de la discusión sobre las necesidades insatisfechas de grupos sociales, acallaría toda crítica y eliminaría toda posibilidad de cambio por parte de la ciudadanía” (Cohesión, p. 142-143).

         Así mismo se afirma su universalidad, es decir, que los diversos tipos de derechos que se reseñan a continuación son válidos para todos los individuos en todas las circunstancias, independientemente del lugar geográfico dónde vive, de la religión que profese, o de su condición ética o moral. El hecho de cometer un delito no despoja a una persona de sus derechos básicos.

         El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) formula esta síntesis como “ciudadanía integral” y nos dice que “Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales; y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado” (p.24).

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II.- Principales derechos y su vigencia en el Perú

a. La idea de derechos, parte del reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos, que las sociedades a las que pertenecen deben garantizar. Sobre esta base ética fundamental se va forjando la idea de ciudadanía que, en palabras de Hannah Arendt, es “el derecho a tener derechos”. Como señala S. López, la ciudadanía implica la pertenencia plena a “una comunidad de individuos con derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que forma parte” (Ciudadanos, p. 119).
Los principales derechos que han ido siendo reconocidos son:
 
Derechos civiles

         Aquí se incluye el derecho a la vida, a la integridad física de las personas y a la identidad personal. También a la libertad de organización, información, opinión (expresión), y religión; es decir que nadie puede ser perseguido por sus ideas. Los derechos de propiedad, igualdad ante la ley, inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones, y libertad de tránsito también forman parte de los derechos civiles; así como la garantía de no ser detenido sin mandato del juez (salvo que uno esté cometiendo un delito) y el derecho a un juicio justo;   igualmente el derecho a no ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Estos derechos están relacionados a la capacidad de actuar libremente, sin relaciones de dependencia personal alguna, y garantizan la autonomía personal.

Derechos políticos

         Se refieren a la garantía de poder elegir y ser elegidos, participar en diversos tipos de organizaciones sin ser molestado por ello y últimamente el derecho a la supervisión de nuestras autoridades, llamado también de participación ciudadana.

Derechos económicos

         El principal es el empleo. El PNUD dice que “el trabajo es un mecanismo clave de inclusión social y del mismo ejercicio de la ciudadanía” (p.26). Y Nuestra Constitución, en su  artículo 22, señala que "es un deber y un derecho.  Es base de bienestar social y un medio de realización de la persona". Este derecho incluye una retribución justa, jornada máxima de ocho horas, en condiciones que no atenten contra nuestra salud, así como también el derecho a la seguridad social, a la sindicalización, etc.

Derechos sociales

          Se entiende como tales el acceso a la educación y a la salud, pues a ambos se les considera componentes básicos de la ciudadanía social.  Asimismo, el derecho a no ser discriminado por raza, clase social, religión, orientación sexual, etc. Algunos comienzan a incluir aquí los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sociales fueron definidos por Marshall como "el derecho de compartir al máximo el patrimonio so­cial y de vivir la vida de una manera civilizada de acuerdo con los estándares prevalecientes en la sociedad". (op.cit).

         A los siguientes tipos de derechos (culturales, comunicación y ecológicos) se les llama también derechos de tercera generación.

Derechos culturales y a la comunicación

         Tienen que ver con el respeto a la diversidad étnica, lingüística y cultural,  así como a la preservación del bagaje cultural de cada colectividad; es el caso de la problemática de los grupos indígenas, pero también se refiere al compartir identidades y símbolos comunes en espacios públicos urbanos. La problemática cultural emerge en la globalización como una dimensión que conecta  el pasado y presente de las sociedades y que debiera contribuir a la formación y expresión de las identidades de las personas y grupos dando cuenta de la diversidad mediante la construcción de símbolos. El respeto y fomento por el estado de la producción literaria, plástica, cinematográfica, artística etc. representa otro componente del ejercicio de los derechos culturales. 

        En esa perspectiva, hoy se habla de un nuevo derecho emergente, el llamado derecho a la comunicación, distinto al de libertad de expresión y de información. M. P. Saffon señala que “sólo si se garantiza equitativamente a todas las personas el acceso a y la producción de ésta podrá propugnarse valores democráticos tan importantes como la pluralidad de fuentes de información y de visiones de mundo, el acceso equitativo a la información y el conocimiento, la formación de una opinión pública informada, el respeto a los derechos fundamentales a la intimidad, la dignidad etc., el derecho a expresar la cultura propia en la lengua propia, la participación en espacios de diálogo, en la construcción de consensos y en la toma de decisiones, entre otros” (p.  15). 

        Por eso, ante las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), “es fundamental enfrentar adecuadamente el problema de ausencia de representación de la pluralidad de visiones de mundo y de formas de producción del conocimiento por parte de las NTIC. En caso de que este problema sea ignorado, es muy posible que la nueva sociedad de la información conduzca a la homogenización de la información y del conocimiento, a la exclusión de múltiples y enriquecedoras visiones de mundo y a la extinción de conocimientos y saberes de singular importancia” (p.9). 

Derechos medio ambientales o ecológicos

         Buscan que el desarrollo económico se dé en armonía con la preservación del medio ambiente, tanto para los habitantes actuales del planeta como para las generaciones venideras; por ello se habla de la necesidad de un desarrollo sostenible o sustentable. Ellos incluyen, entre otros, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (del aire, agua, tierra, sonora, etc.), así como los derechos del consumidor y en general aquellos que tienen que ver con la calidad de vida; implican que todos asuman la responsabilidad en su implementación: estado, empresa, individuo y sociedad, pues su concreción requiere de la activa participación de todos, y tienen una dimensión no sólo nacional sino global. 

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 b. Por qué no tienen plena vigencia en el Perú

A pesar de que hay un creciente consenso mundial sobre la necesidad de que los estados garanticen estos tipos de derechos, en nuestro país encontramos que ello no es todavía una plena realidad. A continuación presentamos algunas de las razones que explican esta situación, sin pretender ordenarlas en orden de importancia:
 
1.- Una causa estructural es que no hay en verdad una comunidad política que reconozca la ciudadanía de todos y todas, ni hemos logrado construir un Estado que la haga respetar.

Primero, existe una tradición patrimonalista de administración del estado, es decir, donde los asuntos públicos se manejan como si fueran privados. Esto muestra la falta de autonomía del sub sistema político del económico y del cultural. De allí que el dominio económico se transfiere a la esfera política. A eso se suman las múltiples discriminaciones que condicionan nuestras relaciones sociales (y que tratamos ampliamente en nuestro número uno) impiden a muchas personas el acceso a los diversos tipos de derechos mencionados anteriormente.  S. López quién ha trabajado mucho el tema, nos dirá que “no todos los peruanos gozamos del mismo nivel de ciudadanía y que, por tanto, no tenemos los mismos derechos. Unos peruanos son más ciudadanos que otros. Los niveles de desigualdad son muy acentuados.  Ellos varían según la región geográfica, los niveles de modernización y de democratización y los niveles de pobreza” (Páginas, p. 31).

Esto fue claramente señalado por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Por ello propone como contenido fundamental de la reconciliación nacional la construcción de una ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas, y en su Tomo IX plantea “un conjunto de recomendaciones que buscan afianzar y extender la presencia estatal, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana” (p.121).

2.-  La pobreza (tema de nuestro número 0 de prueba) hace “invisible” a buena parte de la población peruana, impidiendo que puedan tener los mecanismos adecuados para hacer que el estado asuma su responsabilidad en la provisión de los derechos mencionados. CEPAL dice que “ser pobre no es solo una condición socioeconómica, sino una privación de ciudadanía, por cuanto remite a la falta de titularidad de derechos sociales y de participación en el desarrollo” (Cohesión p.23). El PNUD coincide con esta mirada y nos dice que la pobreza y la desigualdad “no permiten que los individuos se expresen como ciudadanos con plenos derechos” (p.26).

3.- La implementación de los derechos económicos y sociales requiere que los gobiernos tengan la capacidad de recaudar impuestos para  financiarlos, lo que no se da suficientemente en el Perú y otros países de América Latina, trabando el acceso a lo que se llama hoy “ciudadanía social”.

Sinesio López lo explica de esta forma: “El sistema económico le da al sistema político la base material para que funcione, que son los impuestos; sin los impuestos ningún Estado puede funcionar; pero a su vez, con esos impuestos el Estado puede distribuir bienes y servicios públicos a la sociedad: salud, educación; y la sociedad a su vez, devolverle legitimidad al sistema político; ningún sistema político funciona si no tiene legitimidad. ¿Cuál es el problema central, sobre todo en el caso peruano y en muchos de América Latina (no en todos los casos)? Que en realidad el sistema político no recibe los impuestos necesarios para que pueda atender las demandas de la sociedad, y la sociedad como tal, entonces, no le devuelve legitimidad al sistema político; ahí hay un problema estructural de fondo, en el proceso de construcción de la democracia” (p.53). 

El PNUD coincide con esta mirada y nos dice que “La medida del desarrollo de una democracia está dada, por lo tanto, por su capacidad de dar vigencia a los derechos de los ciudadanos” (p.48).  Por ello “el desarrollo de la democracia en América Latina requiere abordar decididamente los problemas que traban la vigencia y la expansión de la ciudadanía social” (p.126).

4.- A pesar de que nos encontramos en un marco democrático quienes dirigen la economía del país no asumen como perspectiva de gobierno la integralidad de los derechos y más bien piensan que la tarea fundamental del gobierno es dar garantías a la inversión y a la propiedad, supeditando todos los otros derechos a estos dos. Por ello privilegian un tipo de crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales y son hostiles frente a cualquier pedido de cuidado del medio ambiente.

5.- Todavía en amplios sectores de la población hay poco conocimiento de sus derechos y también de las instituciones u organizaciones ante las cuales se puede exigir su respeto. Dice Sinesio López que hay un sector de la población no organizado que se mantiene inactivo mientras el sector organizado tiende a participar y exigir sus derechos.

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III.- Qué hacer para asegurar su vigencia

●        Fortalecer la democracia. El premio Nobel A. Sen dice que: “Hay, por ejemplo, considerables pruebas de que la democracia, así como los derechos políticos y civiles, puede ayudar a generar seguridad económica, dando voz a quienes sufren de carencias y a los vulnerables (...) Las privaciones políticas pueden aumentar la miseria económica”. Y el PNUD afirma que “sólo con más y mejor democracia las sociedades latinoamericanas podrán ser más igualitarias y desarrolladas. La razón es que sólo en democracia quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias de la desigualdad pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos” (p.38).

Consolidar nuestra precaria democracia es una tarea estratégica si queremos asegurar la plena vigencia de nuestros derechos. Pero nos parece pertinente recordar que democracia no es sólo método de gobierno, sino también una cultura democrática que implica buen trato, pluralismo de ideas y formas de expresión, en la sociedad y entre estado y sociedad.  Esto es algo que debe expresarse en nuestra diarias relaciones sociales: familia, trabajo, organización popular, relaciones que tienen que estar marcadas por el respeto a la diferencia. La gran consigna democrática debe ser “somos diferentes, pero iguales en derechos y responsabilidades”.

●        Reformar el Estado, tarea ya planteada para nuestro país por la CVR y para la región latinoamericana y caribeña por el PNUD, quién señala que “en América Latina existe una crisis de estatalidad, a la que entendemos como la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y objetivos [por ello] la democracia de ciudadanía requiere una estatalidad que asegure la universalidad de los derechos” (p.187).

También es indispensable la identificación ciudadana con el Estado; si no existe, la reforma es solo algo técnico y no hay modo de superar la brecha entre el estado y la sociedad. Para ello el estado debe ser capaz de cumplir su rol respecto de la población, como vimos más arriba. En esa lógica hay dos puntos clave: la redistribución del poder del Estado (descentralización) y el control social del Estado desde la sociedad (fomentar los espacios  de opinión y deliberación entre Estado y sociedad a todo nivel).

●        Dado que la base del incumplimiento de muchos derechos (sociales, económicos, culturales, ambientales), tiene que ver con la primacía de un modelo de sociedad neoliberal y un sentido común que la sustenta, es urgente mostrar que hay otras formas de organizarnos socialmente, más respetuosas no solo del medio ambiente y la pluralidad cultural sino también de los derechos socio –económicos de la población. Se necesita desarrollar experiencias que muestren el valor de relaciones sociales basadas en el respeto a los derechos y a las personas. Esto es urgente y clave para lograr una ciudadanía plena, pues como dice el PNUD “la economía es clave porque de ella depende el despliegue de la ciudadanía social” (p.28), ya que nadie “puede disfrutar completamente ningún derecho que supuestamente posee si carece de los elementos esenciales para una vida razonablemente saludable y activa” (p.65).

Una propuesta de desarrollo social (o desarrollo humano sostenible como lo llaman otros), tiene una preocupación por el bienestar de las personas tomadas en su integralidad; por lo tanto, está relacionada con la satisfacción de las necesidades de consumo, pero también con el reconocimiento y acceso a derechos básicos (trabajo, educación, salud) seguridad física, afectiva y psicológica, cuidado del medio ambiente y vigencia de la democracia. En palabras de Amartya Sen “desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades reales que goza un pueblo” (Desarrollo... p.13).

 La propuesta de desarrollo social reconoce el rol del mercado en la eficiente asignación de ciertos recursos, pero señala que hay otros en los que el rol del Estado es imprescindible, si se quiere alcanzar la justicia social. Los países que salieron adelante (progresaron, se desarrollaron, como los de la Unión Europea) lo hicieron porque lograron un mejor balance entre Estado y Mercado.

●        Por otra parte, el avance en la afirmación de los derechos reproductivos pasa por tomar conciencia de las perniciosas consecuencias del machismo institucionalizado en nuestra sociedad: familia, escuela, medios de comunicación, instituciones estatales y eclesiales, etc. Esto es clave pues CEPAL sostiene que “La maternidad adolescente, sobre todo si las madres no ejercen plenamente los derechos reproductivos, constituye una condena a la exclusión y a la pobreza” (Superar ... p.29).

●        Es importante trabajar en la difusión de los diversos tipos de derechos que hoy el mundo globalizado acepta que es responsabilidad de todo estado garantizar a sus ciudadanos, sin distinción alguna. Si la gente los conoce, y conoce las leyes que amparan esos derechos, así como las instituciones que luchan por su reconocimiento, irá tomando conciencia de ellos y tendrá las herramientas necesarias para avanzar en el camino hacia una ciudadanía plena.

Pero también es importante difundir la idea de que no hay derecho sin responsabilidad. Y ello implica que un ciudadano también tiene deberes, como por ejemplo, respetar la propiedad pública (que en realidad es de todos, pues ha sido construida con nuestros impuestos) y privada, pagar impuestos, etc. Toda persona tiene con su comunidad y con su país el deber de contribuir a promover y construir una convivencia social democrática  donde se respeta los derechos de todas las personas.

●        Desarrollar una capacidad organizativa es también vital. A través de nuestra historia es claro que los derechos que la población ha ido ganando han sido fruto de su capacidad de organización social y política.  Sabemos que también la organización ha sido un factor de desarrollo de capacidades, afirmación y crecimiento personal, pues permite que la  gente pase de percibirse como objeto de favores estatales a asumirse como sujeto de derechos.

Fuentes consultadas

Cáceres, E. “La Integralidad e Interdependencia de los Derechos Humanos”  (Mimeo, Aprodeh, sin fecha)

Camps. V., Los fundamentos de los derechos humanos desde la filosofía y el derecho, Edai, 1998

Castells, M. La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura (Madrid, Alianza Editorial, 1997)

CEPAL Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina  y el Caribe 
            (Santiago, CEPAL –Agencia Española de Cooperación  Internacional – Secretaría  
            General Iberoamericana, 2007).

           Superar la pobreza mediante la inclusión social (Santiago, CEPAL, febrero 2008)

Constitución Política del Perú, 1993

Comisión de la Verdad y Reconciliación Informe Final Tomo IX. Cuarta Parte, Recomendaciones
de la CVR hacia la Reconciliación (Lima, 2003).

López, S. Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de ciudadanía en
              el Perú. (Lima, Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima, Perú, 1997)
 
              “Perú: mapas de una ciudadanía inconclusa” en Páginas 143 (febrero 1997) 22-34

“Condiciones para la ciudadanía plena. Democracia y  papel del Estado”,  en C. Tovar (ed.) La Reconciliación en el Perú. Condiciones y Desafíos (Lima, IBC-CEP, 2007).

Marshall, Th.Citizenship and Social Class and Other Essays (Cambridge, Cambridge U. Press, 1950).

PNUD La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos
(Santiago PNUD, 2004).
           
Saffon, M.P. El derecho a la comunicación: un derecho emergente (Bogotá, 2007)
 http://www.c3fes.net/docs/derechocomunicacion.pdf

Sen, A. “Las distintas caras de la pobreza” en El País, n. 1580, 30 agosto 2000.

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MES A MES

POBREZA

1.- Y sigue el debate sobre si disminuye o no la pobreza

● El debate habido el mes pasado (y reseñado en nuestro boletín n. 3 sobre Cohesión Social) pasó por alto un dato que también consigna el informe del INEI, y es que la desigualdad ha aumentado.  Efectivamente, el gini de ingresos pasa de 0.491 en 2004 a 0.507 en 2007. Recordemos que lo que el gini mide es la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Las sociedades son más igualitarias cuando se acercan a 0 y menos igualitarias cuando se acercan a 1.

● Encuesta Nacional en centros urbanos del Instituto de Opinión de la Pontificia Universidad Católica del Perú da a conocer que sólo el 9% de los encuestados piensan que las cifras de reducción de la pobreza dadas a conocer por el gobierno el mes anterior (de 44.5 a 39.3%) reflejan la realidad.  En cambio, un 54% piensa que no.

2.- El aumento de precios (la inflación) afecta más a los pobres
 
          La inflación anualizada se encuentra en 5.55% pero la variación anual de los precios de los alimentos es de 9.82%, lo que está golpeando fuertemente a los pobres, según el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) dado que este sector dedica el 60% de sus ingresos a la adquisición de alimentos. El impacto es mayor en las regiones del interior, por ejemplo en Moquegua el aumento ha sido de 21.8% y en Arequipa 18.8%. 

         El BID, en su Informe Preliminar Impacto del incremento de los precios de los alimentos en América Latina y El Caribe: La experiencia de los países andinos sostiene que hay un grave riesgo de que 1.1 millones de peruanos retornen a la pobreza en un año si se mantiene la actual inflación de alimentos, “echando por la borda el esfuerzo del gobierno por reducir este flagelo”. El gerente de Estudios Económicos de Apoyo Consultoría, Hugo Santamaría coincide con esta afirmación, y señala que la tasa de pobreza aumentaría 4 puntos porcentuales.  En igual sentido se han pronunciado los economistas Kurt Burneo y César Peñaranda.  Este último agregó que los más perjudicados por el alza de precios “serán quienes tengan un ingreso fijo como los jubilados que tienen una pensión mensual”

         Por su parte, Eduardo Zegarra luego de sostener que los pobres destinan el 70% de su gasto mensual a alimentos, critica la forma como se mide la inflación, por no reflejar la realidad nacional: “el INEI no toma cifras de precios en zonas rurales y el índice de Precio al Consumidor (IPC) se concentra en mediciones en Lima Metropolitana (…) no podemos presentar la inflación de Lima como la inflación del país”. Y nosotros agregamos: sobre todo si tomamos en cuenta que los ingresos promedio son menores en el interior del país que en Lima.

         Humberto Campodónico, economista que tiene una columna en La República, nos dice que “El Perú es uno de los pocos países importadores netos de alimentos de América Latina en una situación internacional de fuerte alza de precios” lo que hace que dicha alza impacte fuerte en los consumidores. Para él, “el problema de fondo es que el Perú no tiene una política de soberanía alimentaria (…) Por eso hay que dar un giro de 180 grados en política agraria para lograr la soberanía alimentaria, dando lugar a la concertación entre productores y consumidores, con apoyo del Estado. Debe apoyarse la producción nacional de alimentos, lo que implica asistencia al agricultor, una activa política de reducción de sus costos y el combate a los oligopolios especuladores”. Y añade: “El problema es que a la lógica de mercado no le interesa la soberanía alimentaria sino el uso de la tierra con fines comerciales, por ejemplo, para exportar más productos “gourmet” a EE.UU., aprovechando el TLC.”.

         Por todo ello, han surgido diversas voces que responsabilizan al actual Ministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros (ex presidente de la Asociación de la Banca) de no hacer nada para paliar este problema. 

3.- Desnutrición (o déficit calórico)

         Cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) nos comunican que Huancavelica es la región que concentra la mayor población desnutrida del país (66.1% para el 2007), muy por encima del promedio nacional que es 28.5%.   Le siguen Pasco (54.6%), Huánuco (45%), Ayacucho (41.8%), Loreto (41.7%), y Puno (40.2%).

4.- Pobreza y dispersión territorial

          El Presidente Alan García comienza a señalar que para alcanzar el objetivo de dotar de servicios básicos a las poblaciones remotas que viven en la pobreza se requiere un re-ordenamiento territorial, pues el problema de fondo es la existencia de miles de centros poblados (60 mil según el Presidente), con poquísimos habitantes, y que deberían concentrarse en los distritos menores, donde tendrán servicios.
 
         Javier Iguiñiz reflexiona sobre esta propuesta presidencial para el caso de la atención de salud y señala que “corremos el riesgo de tener una mirada territorial que ponga a los costos unitarios de los servicios {la eficiencia} a cada paciente por delante de sus necesidades, de sus derechos humanos” {lo que vendría a ser la eficacia}. 

         Por ello propone instaurar una red de promotores de salud que atiendan a los centros poblados rurales, que según el Censo del 2007 son “95,868 y albergan al 24.1% de la población del país, unos 6`800,000 personas”.  Iguiñiz calcula que se les pagaría 200 soles mensuales y costaría unos 230 millones de soles al año.

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DISCRIMINACIÓN

1.- Avanza el ordenamiento legal para superarlo

         Siguiendo el ejemplo pionero de la Municipalidad de Abancay, diversos municipios del país aprobaron normas para sancionar (con la revocatoria de la licencia de funcionamiento) a los locales públicos que discriminen a los consumidores. Entre ellos tenemos a la Municipalidad de Chiclayo (Lambayeque), la Municipalidad de Huancayo (Junín)  la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (Ayacucho), la Municipalidad de Sullana (Piura) y la Municipalidad de Huamanga (Ayacucho).  En el caso de esta última, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) señala que es la “Ordenanza Municipal más completa contra la discriminación en el Perú”.

         En varios de los casos mencionados las ordenanzas también prohíben discriminar a los indocumentados (que sabemos son muchos en nuestro país), así como que los funcionarios municipales empleen frases discriminatorias contra la población.

2.- También el reconocimiento de que somos una sociedad multilingüe

         Otro avance importante es la decisión tomada por la región de Ayacucho, siguiendo el ejemplo sentado el mes pasado por Cusco, de oficializar el quechua en su jurisdicción, requiriendo que los funcionarios públicos lo aprendan.  Ayacucho también ha oficializado el asháninka, siendo la primera región que lo hace con un idioma amazónico. Ello permitirá que la población pueda ser atendida en las instancias oficiales en su propio idioma.

3.- Así como la producción de material e iniciativas de sensibilización

         Para ayudar a disminuir las experiencias discriminatorias que se producen en las instituciones estatales, APRODEH ha elaborado un Manual para prevenir la Discriminación en la Administración Pública. 

4.- Y también los eventos públicos que buscan combatirla

         Y por su parte la Municipalidad de Abancay organizó la competencia "Buscando la Verdad, Encontrando la Igualdad.  Mediante una original búsqueda del tesoro, los jóvenes buscaron pistas  con preguntas (en castellano algunas, en quechua otras) relacionadas a la violencia política vivida y a las normas contra el racismo dadas recientemente por la Municipalidad. Con ello se busca sensibilizar sobre algo que muchos abanquinos perciben casi como natural.

         Por otro lado, el 14 de junio  La Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó una protesta contra la tienda Designers por manifestar su disgusto porque los integrantes del Grupo 5 usaron los ternos que esa tienda vende en un reportaje para la revista Cosas. Según Designers su público objetivo no es el representado por el Grupo 5. El operativo se llamó  Racismo, Te Vas, Te Vas?

5.- Pero lamentablemente subsisten comportamientos discriminatorios a nivel de las autoridades y de la población

         Sin embargo, no todo ha sido avances en este tema, pues también asistimos a un vergonzoso acto de discriminación en Larcomar (Lima). Cuatro jóvenes ciclistas de San Juan de Lurigancho asistieron a un evento en dicho centro comercial. Efectivos del serenazgo miraflorino al verlos con MP-4 y cámaras digitales, dedujeron que por su aspecto físico no las podían haber comprado sino que las habían robado y los detuvieron. Los jóvenes fueron presentados en conferencia de prensa, con la presencia del alcalde de Miraflores, Manuel Masías, como la banda de los “Malditos de Larcomar”.  Los jóvenes pasaron siete días en prisión, soportando diversos maltratos,  y sólo fueron liberados por la presión pública que conocía de su labor deportiva. El alcalde Masías se negó a ofrecer disculpas públicas durante varios semanas, hasta que tardíamente tuvo que hacerlo.

         Este lamentable episodio de discriminación racial no sólo indignó a muchos, sino que los ha dejado seriamente preocupados, pues se preguntan ¿cuántas personas pasarán por lo mismo? ¿Y no tienen la suerte de ser públicamente conocidos? Es urgente re-educar a las fuerzas policiales y al serenazgo al respecto.  Pero no basta re-educar, hay también que sancionar ejemplarmente este tipo de comportamiento.  Recordemos que el Código Penal es claro al respecto, pero su falta de aplicación consagra la impunidad en estos casos.

         Por otro lado, una encuesta de CPI, llevada a cabo entre el 26 y 30 de junio  en Lima, nos informa que el 74.6% cree que un provinciano "cholo" no goza de los mismos privilegios que un limeño "blanco”. En lo que se refiere a la justicia, el 74.7% cree que esta no es igual en ambos sectores. Sobre la labor con que asocia la clase social más alta de Lima a un provinciano "cholo", el 57.2% lo relaciona como "empleado doméstico".

6.-  Y una gran insensibilidad por parte del Congreso

         Efectivamente, la Comisión Permanente aprobó el 2 de julio una ley que modifica la legislación sobre violencia familiar, una de las formas más frecuentes en que se expresa la discriminación de género.

         Ello ha motivado la protesta de diversas instituciones como Flora Tristán, Manuela Ramos, Inppares, y otros que sostienen que dicha norma “contiene un gran retroceso en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, porque faculta a la Policía Nacional del Perú a conciliar en violencia familiar” lo que no procede no solo porque no toma en cuenta convenios internacionales firmados por el Perú “pues en las violaciones a los derechos humanos de las personas cualquier negociación está prohibida”, sino también porque “el requisito básico de una conciliación es la igualdad” y esto no se da en casos de violencia familiar.

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DERECHOS

1.- Se presenta Informe anual del estado de los derechos en el país

         Se presentó el informe anual 2007 de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), donde se critican diversos decretos dados por el gobierno por atentar contra los derechos ciudadanos. Entre ellos tenemos: el Decreto Supremo  060-PCM-2007 y el DL 982, que declara la inimputabilidad tanto de las Fuerzas Armadas, como de la Policía Nacional en el uso de sus armas cuando controlen la protesta social; el que inhabilita a las autoridades que hagan huelga, el DL 989, que ha extendido la detención preliminar de 24 horas  a siete días para delitos como el bloqueo de carreteras, etc.
        
         El Informe también  señala que desde que Alva Castro se hizo cargo del Ministerio del Interior se han incrementado las detenciones arbitrarias y abusos policiales.  La CNDDHH recuerda, basada en datos de la Defensoría del Pueblo, que la mayor parte de conflictos sociales se producen en zonas rurales en extrema pobreza que se sienten abandonadas y marginadas históricamente por el Estado.

 2.- Nuevos Decretos Legislativos atentan contra derechos adquiridos

         Al amparo de las atribuciones dadas por el Congreso al Ejecutivo para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. el gobierno ha promulgado 102 decretos. Algunos de ellos han sido cuestionados por:

● recortar derechos laborales. Como el D.L. 1806, llamado también “Ley Mype”, que, entre otros, amplía el concepto de pequeña empresa (de 50 a 100 trabajadores) lo que permite reducir derechos laborales (por ejemplo, las vacaciones pasan de 30 a 15 días).  Expertos en el tema han señalado que dicho decreto puede dar origen a despidos de los trabajadores antiguos.

● otros por atentar contra derechos adquiridos de las comunidades campesinas y nativas.  Como por ejemplo el D.L. 1064, que establece que ya no se necesita un acuerdo previo entre las empresas mineras y las comunidades campesinas  sino que será el estado el que fijará el justiprecio (el pago) por las tierras de éstas.

         Y áquel (D.L. 1015) que reduce el número de votos requerido para vender las tierras comunales de dos tercios a la mitad más uno de los comuneros. Por ello la  Defensoría del Pueblo y 32 congresistas han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se señala que el D.L. 1015  viola el  art. 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que “cualquier medida que afecte directa o indirectamente a una comunidad campesina debe tener la autorización de esta”. Y también viola nuestra Constitución, que en sus art. 88 y 89 señala la obligación estatal de respetar la autonomía, identidad y bienes de las comunidades campesinas y nativas.

         Y el D.L. 1089 sobre formalización de predios rurales que da superpoderes a la Comisión Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI),  buscando acelerar la venta de las tierras de comunidades campesinas y nativas posibilitadas por los decretos legislativos 1064, 1015 y 1090, 2133 y 840 (estas tres últimas para el caso de la Amazonía).

● otros por atentar contra el derecho a contar con un medio ambiente sano. Por ejemplo, aquel que abre la puerta al ingreso de semillas transgénicas, sin mayor control, en nuestro país.

● y por poner en peligro el derecho a la salud, como es el caso del D.L. 1072. Pedro Francke señala que dicho decreto establece que los “datos de prueba” (información científica que demuestra que un nuevo producto sana y no enferma) tendrán un periodo de protección de “normalmente cinco años”. Es decir el decreto dado no pone topes máximos, lo que favorece a las transnacionales de la industria de los medicamentos y va en contra de los enfermos, pues encarece el costo de los medicamentos.

3.- Para superar la desconfianza existente hay que respetar derechos

          C. I. Degregorí, comentando la desconfianza que prima en nuestra sociedad nos dice que “Superaremos la desconfianza cuando todos nos reconozcamos como iguales y no discriminemos entre ricos y pobres, electorado y electorados, urbanos y rurales, indígenas y no indígenas. Eso requiere políticas sostenidas de reconocimiento, gestos simbólicos y acciones concretas en una batalla que debe involucrar al sistema educativo, a los medios de comunicación, a los defensores de Derechos Humanos, para aprender a respetarnos como ciudadanos con derechos y con intereses que a veces no coinciden con los empresariales, que el gobierno privilegia. Tal vez por eso esta dimensión de reconocimiento y ciudadanía no aparece en su agenda”.  

Fuentes consultadas

Ardito W., Reflexiones Peruanas

Desco, Resumen Semanal

Degregori, C.I. “Desconfianza” en Perú 21, 22 de julio del 2008

Campodónico “Soberanía alimentaria para luchar contra la inflación” en La República” 19 de julio del 2008.

Iguiñiz, J. “Centros poblados, acondicionamiento del territorio y política de salud” en La
República, 13 de julio del 2008

Instituto Bartolome Las Casas, Noticias IS

Zegarra, E. “No se puede presentar inflación de Lima como si fuera del país” en La República 20 de julio del 2008


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DOCUMENTOS

PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2000
Derechos Humanos y Desarrollo Humano
(extractos)

1.- Integralidad

● Debido a que se complementan, la lucha por alcanzar los derechos económicos y sociales no debe separarse de la lucha por lograr los derechos civiles y políticos.  Y es necesario luchar por ambos simultáneamente (PNUD 2000 p.73).

● Los derechos civiles y políticos –de participación, asociación, libertad de expresión y de información- amplían el espacio político, facultan a los pobres para reivindicar sus derechos económicos y sociales a alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un trabajo digno y seguridad social es esencial para facultar a los pobres con el objeto de que logren salir de la pobreza por sí mismos (PNUD 2000 p75, 86 y 88).

2.- Seis principales instrumentos de derechos humanos

2.1 Libertad de la discriminación, en pro de la igualdad

●Tal vez la debilidad más persistente de las democracias mayoritarias sea la discriminación contra las minorías y el aumento de las desigualdades horizontales (…) El talón de Aquiles de las democracias mayoritarias es la exclusión y marginación de las minorías. El grado y alcance de la discriminación difieren (PNUD 2000 p.59).

● La liberalización política ha comenzado a invertir la discriminación jurídica oficial contra los pueblos indígenas, aunque en algunos países latinoamericanos esos progresos han estado acompañados de una creciente desigualdad económica y marginación social (PNUD 2000  p.62).

2.2 Libertad de la necesidad, para contar con un nivel decente de vida

“La pobreza de las masas, particularmente cuando se combina con la desigualdad vertical u horizontal creciente, con frecuencia conduce a la inestabilidad social (...) es poco probable que el progreso en materia de derechos humanos resulte sostenible sin un desarrollo equilibrado de los derechos económicos y políticos” (PNUD 2000 p.61).

2.3 La libertad para desarrollar y hacer realidad la potencialidad de cada ser humano.

● Para garantizar los derechos las sociedades necesitan contar con normas, instituciones, un marco jurídico y un entorno económico propicio (PNUD 2000 p. 80).

● Es necesario garantizar los derechos mediante normas sociales, instituciones, leyes y un entorno económico propicio (PNUD 2000 p. 101).

2.4 Libertad del temor, sin amenazas contra la seguridad personal.        

Hay temor e inseguridad en las calles, que se sienten en todo el mundo desde Bogotá hasta Nairobi, desde Moscú hasta Manila.  Las políticas económicas y sociales que aumentan la desigualdad, particularmente en el contexto del estancamiento económico y el desempleo, suelen conducir al delito y a  ejercer presión sobre el sistema judicial” (PNUD 2000 p.86)

2.5 Libertad de la injusticia (imperio de la ley)

En muchos países los encargados de administrar justicia son violadores de la ley, no sus defensores.  La policía es vista con hostilidad por su actitud despiadada, su participación en el negocio de las drogas, su maltrato a los reclusos y por no proporcionar protección a las personas que más lo necesitan (PNUD 2000 p. 38)

2.6 Libertad de participación, expresión y asociación.

● La participación desempeña una importante función en la realización de los derechos (PNUD 2000 p. 100).

● Un Estado puede haber firmado todos los tratados de derechos humanos, pero sin una sociedad civil abierta puede sentirse poco presionado para cumplir sus compromisos (...) La democracia construye las instituciones que necesita para la realización de los derechos humanos (PNUD 2000 p. 59).

● La democracia es la única forma de régimen político compatible con el respeto de los derechos económicos, sociales, políticos, civiles y culturales. (PNUD 2000 p. 56).
 
● El activismo político ha sido importante en la conquista de los derechos. (PNUD 2000 p. 39).

La Iglesia y los Derechos

El tema de los derechos es central en la Doctrina Social; las llamadas encíclicas sociales los desarrollan ampliamente. Y también es muy importante en la reflexión habida en nuestro continente en las diversas reuniones del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).

Los obispos, en Medellín (Colombia, 1969), en el documento sobre Justicia, dicen que "La Iglesia, Pueblo de Dios, prestará su ayuda a los desvalidos de cualquier tipo y medio social, para que conozcan sus propios derechos y sepan hacer uso de ellos" (n.20). Y en el documento de Paz señalan como una línea pastoral el "Defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos" (n. 22) .

En el mismo documento se comprometen a  "Alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación  de sus derechos y por la búsqueda de una verdadera justicia" (n.27)

En Puebla  (México, 1979) los obispos de la región reafirman esta perspectiva al señalar que "La Iglesia asume la defensa de los derechos humanos y se hace solidaria con quienes los propugnan" (n. 146).  También nos dirán que "el enunciado de los derechos fundamentales de la persona humana hoy y en el futuro, es y será parte indispensable de la misión evangelizadora" (n 1270). Y en otra parte nos dicen que "Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de los derechos humanos que se dan en muchas partes son retos a la evangelización (n. 90).

Puebla también señalará que los "regímenes autoritarios (...) constituyen uno de los más serios obstáculos para el pleno desarrollo de los derechos de la persona, de los grupos y de las mismas naciones” (n. 500).

En su reunión de Santo Domingo (República Dominicana, 1992), reafirman su compromiso con los derechos y señalan que  "La igualdad entre los seres humanos en su dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios, se afianza y perfecciona en Cristo (...) Por lo mismo Cristo, Dios y hombre, es la fuente más profunda que garantiza la dignidad de la persona y de sus derechos” (n. 164).  Por ello "La Evangelización promueve el desarrollo integral, exigiendo de todos y cada uno el pleno respeto de sus derechos y la plena observancia de sus deberes, a fin de crear una sociedad justa y solidaria, en camino a su plenitud en el Reino Definitivo" (n. 13).

Por último, en la reciente conferencia en Aparecida (Brasil, 2007) nos dicen que “se olvida que la democracia y la participación política son fruto de la formación que se hace realidad solamente cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos fundamentales y de sus deberes correspondientes” (n. 77).        

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OPINIÓN

Sinesio López
Condiciones para la ciudadanía plena. Democracia y papel del Estado

 Extractos de la intervención en el Seminario Internacional sobre el tema, organizado por el Instituto Bartolomé de Las casas en agosto de 2006 y publicado en C. Tovar (ed.) La Reconciliación en el Perú. Condiciones y Desafíos  (Lima, IBC-CEP, 2007)

         Creo que para la política y para la democracia, lo que es importante entender es la ciudadanía efectiva. Con el concepto de ciudadanía efectiva me refiero al acceso real que tienen los ciudadanos a los derechos, y eso no es lo mismo que la ciudadanía normativa.

         En 1997 hice un mapa de ciudadanía -cuando trabajaba con Rolando Ames-. Tengo la impresión de que ese mapa no ha cambiado y que mas bien se acentuó lo que mostraba: que la ciudadanía efectiva era de un 40% de personas que accedían al conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, y que habitaban en aquellos distritos de las grandes ciudades donde viven las clases medias y altas del país.

         Pero el 60% eran ciudadanos disminuidos, ciudadanos de segunda y de tercera. Los de segunda eran alrededor de 23% que habitaban en otro porcentaje igual de distritos que estaban en las zonas pobres de las grandes ciudades de la costa, de la sierra y de la selva. Y los ciudadanos de tercera eran alrededor de un tercio, que vivían más o menos en alrededor del 68% de los distritos del país, que estaban básicamente en la sierra y la selva, y en algunos lugares de la costa. En el mapa de ciudadanía que se hizo en ese momento se puede ver claramente esa distribución, donde los ciudadanos de segunda y de tercera son evidentemente predominantes.

         La ciudadanía efectiva es central porque es lo que compromete de alguna manera a la gente con la democracia.

         Hay otros elementos interesantes de la ciudadanía, que vienen mas bien de la tradición del republicanismo cívico, que en el caso peruano no ha sido muy importante, pues ha predominado el comunitarismo como cultura política; pero queda como resultado la idea de la participación activa del ciudadano, que es una idea central. Lo curioso en el caso peruano es que la ciudadanía activa la encontramos mas bien hacia abajo en la sociedad; mientras más bajamos en la escala social más ciudadanía activa y mientras más subimos hay menos ciudadanía activa; o sea que el nivel de organización, la intensidad o la densidad organizativa es mayor abajo que arriba, y eso es interesante porque, gracias a eso, los pobres de alguna manera pueden defenderse y formular sus demandas.