|
=
PRESENTACIÓN
Un paso fundamental para lograr el reconocimi=
ento y
superar la exclusión social es garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de todos y cada uno, lo que implica el respeto y valoració=
;n
de la dignidad de todas las personas, la aceptación de la diversid=
ad y
un mínimo de igualdad social. Por eso, hemos decidido dedicar nues=
tro
cuarto número a este tema. Pretendemos dar una visión gener=
al,
con cargo a profundizar a futuro en cada uno de los tipos de derechos que
trataremos a continuación.
Subir>>>=
<=
br>
EL TEMA
Nuestros Derechos
I.- Un poco de historia
1. El punto de partida, <=
span
class=3Destilo401>de los derechos lo da=
la
revolución francesa, con su grito de “igualdad, libertad,
fraternidad”. El grito de libertad se asoció a los
derechos civiles y se obtuvieron en el siglo XVIII. Los derechos
políticos se afirmaron en el siglo XIX. Ambos, llamados tambi&eacu=
te;n
derechos de primera generación, buscaban proteger al individuo de =
la
arbitrariedad de los gobernantes de turno; es decir, eran una defensa fre=
nte
al poder del estado y también un primer intento de ejercer
algún control sobre el mismo.
Los
derechos socio-económicos, vinculados por muchos a la igualdad, al
derecho a participar de la riqueza y bienestar de la sociedad a la que se
pertenece, obtuvieron carta de ciudadanía en el siglo XX. Muchos
sostienen que estos derechos (que algunos llaman de segunda
generación) surgen como consecuencia de las revoluciones obreras de
los siglos XIX y XX y de las distintas teorías socialistas. A
diferencia de los anteriores, estos más bien exigían que se
garantizara el acceso de todos a los bienes sociales básicos.=
En
ambos casos se han desarrollado tanto políticas como instituciones=
de
diferentes tipos para que el Estado concrete esos derechos, lo que supone
cambios en el Estado.
Sin
embargo, en nuestro país<=
/span>,
el camino fue un tanto diferente. La demanda por los derechos sociales (h=
oy
llamados socio económicos) como el acce=
so a
la tierra, educación, salud, vivienda y empleo entrará con
más fuerza a fines de la década del 50 e inicios de la del =
60
del siglo XX. Y el avance en derechos civiles y políticos
estará muy vinculado a ello; es decir, fue en el proceso de lucha =
por
derechos sociales que los llamados sectores populares, con el apoyo de
partidos como el APRA y de las diversas vertientes de la izquierda, se af=
irmaron
como sujetos y lograron el reconocimiento de sus derechos civiles y
políticos. Ello posibilitó la democratización social=
y
política de nuestro país.
Como afirma Sinesio López la ciudadanía eur=
opea
es el resultado de la capacidad de integración de las clases popul=
ares
por parte de las elites para formar una comunidad política naciona=
l,
mientras aquí ella es principalmente una construcción desde
abajo, todavía no lograda, dado el poco interés mostrado por
nuestras elites en integrar a todos los componentes de la nacionalidad
peruana. Mientras que en Europa se introduce la responsabilidad del Estado
garantizando la seguridad, lo cual implicó la garantía del
empleo, la educación y salud, en nuestro país los ciudadanos
quedan librados a su suerte. Mientras en Europa el Estado pon&iacut=
e;a
un contrapeso a las arbitrariedades del mercado y garantizaba los derecho=
s de
sindicalización, en el Perú, durante mucho tiempo, el Estado
convalidaba las arbitrariedades del mercado y obstaculizaba el accionar s=
indical.
Subir=
>>>
2. Una antigua discusión=
, que hoy nos parece
comienza a zanjarse en el contexto globalizado, tiene que ver con los tip=
os
de derechos que un estado debe garantizar a sus ciudadanos. En el
enfrentamiento histórico que se dio entre el capitalismo y el
socialismo éste fue uno de los temas centrales.<=
/p>
Para la perspectiva del capitalismo, muy marcado por una visión anglosajo=
na del
mundo (es decir, de los que tienen como lengua materna el inglés),=
el
estado debía garantizar, sobre todo, los derechos civiles y
políticos; pues a su entender, eran los que garantizaban la libert=
ad,
bien más preciado en un ordenamiento social. Los
económicos y sociales, más que derechos, eran (y siguen sie=
ndo)
considerados como mercancías que dependían del esfuerzo y
mérito personal. Por lo tanto, no era el estado, sino el mer=
cado
el llamado a proveerlos.<=
o:p>
Esta
perspectiva dividía al mundo entre pueblos atrasados y pueblos
desarrollados, por lo que fue poco sensible a la temática de los
derechos culturales (y la consiguiente valoración de las diversas
culturas), ya que su propuesta era más bien integrar a los pueblos
atrasados a la “civilización occidental y cristiana”. =
Ello
se debe a que en el proceso histórico de desarrollo del capitalism=
o ocurrió
la construcción de los estados nacionales que tendió a valo=
rar
la unidad sobre la diversidad, que se veía como un estorbo o amena=
za a
la consolidación de dichos estados nacionales.
La
perspectiva socialista
(y su concreción histórica, los estados del llamado
“socialismo real”) subrayó el acceso de todos a =
la
educación, la salud, el empleo, objetivo fundamental, según=
su
mirada, del ordenamiento social, contribuyendo así al reclamo
por los derechos económicos y sociales. Pero por otro lado,
suprimió los derechos civiles y políticos; esta es la
crítica mayor que se puede hacer a esta perspectiva y fue lo que a=
la
postre le dio la estocada final al llamado socialismo real.
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
En medio de esta
confrontación surge el llamado Estado de Bienestar en Europa occidental luego de =
la
crisis de los años 30 del siglo pasado, impulsado por la social
democracia. Dicho estado es fruto del pacto ciudadano entre estado,
empresarios y trabajadores y busca garantizar el derecho de todos a la
seguridad, lo cual implicó que el estado se erija en el garante del
empleo, la educación y la salud, evitando que los ciudadanos
queden librados a su suerte, y dando así forma a los derechos
económicos y sociales.
Sin
embargo, una consecuencia del fin de la guerra fría ha sido que las
multinacionales han hecho estallar ese pacto social, implantándose
políticas neoliberales. Castells nos dice que “el vaciamiento
del contrato social entre el capital, los sindicatos y el estado manda a =
todo
el mundo a casa para luchar por sus intereses individuales, contando
exclusivamente con sus fuerzas propias” (T. II, p. 342). Sin
embargo, continúa la pugna política para mantener la idea de
pacto o consenso basada en la tradición de la social democracia
europea como una manera de hacer política válida a nivel
nacional y global y justamente contraria a la de la imposició=
;n
de las leyes del mercado.
En el =
tema
de los derechos medioambientales las tres perspectivas prescindieron casi
totalmente de ellos.
Subir>>>
3. Hoy, en el mundo globalizado hay una tendencia a hablar de la integralidad de los derechos humanos, es dec=
ir que
están estrechamente ligados y son indivisibles; por ello los estad=
os
deben garantizar todos los tipos de derechos: civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, y medio ambientales.<=
/span>
También se sostiene que no son intercambiables, es
decir, que en aras de garantizar un tipo de ellos, no es lícito
suprimir algún otro. La Comisión para América Latina=
y
el Caribe de Naciones Unidas –CEPAL- opina que “los derechos
humanos son interdependientes e indivisibles: la satisfacción de l=
os
derechos sociales es indispensable para la existencia de derechos civiles=
y
políticos, cuyo ejercicio requiere, al menos, la satisfacció=
;n
de las necesidades humanas básicas. A la inversa, los derechos civ=
iles
y políticos son indispensables para controlar el cumplimiento de l=
as
obligaciones que emanan de los derechos sociales: sin su respeto, el Esta=
do
se apropiaría de la discusión sobre las necesidades
insatisfechas de grupos sociales, acallaría toda crítica y
eliminaría toda posibilidad de cambio por parte de la
ciudadanía” (Cohesión, p. 142-143).
Así
mismo se afirma su universalidad, es decir, que los diversos tipos=
de
derechos que se reseñan a continuación son válidos p=
ara
todos los individuos en todas las circunstancias, independientemente del
lugar geográfico dónde vive, de la religión que prof=
ese,
o de su condición ética o moral. El hecho de cometer un del=
ito
no despoja a una persona de sus derechos básicos.
El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) formula esta
síntesis como “ciudadanía integral” y nos dice =
que
“Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadan=
o de
hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales,
económicos y culturales; y que todos ellos conforman un conjunto
indivisible y articulado” (p.24).
Como afirma Cáceres “La existenc=
ia de
un tejido de instituciones y derechos positivados
que garanticen socialmente la existencia humana, lo que hoy se suele llam=
ar
“seguridad humana” –económica, alimentaria,
ambiental, personal, comunitaria, política- no tiene porque
contraponerse al ejercicio de las libertades individuales. Por el contrar=
io,
es la base indispensable para el ejercicio de éstas” (p.7)
Subir>>>
II.- Princip=
ales
derechos y su vigencia en el Perú
a. La idea de derec=
hos, parte del reconocimiento de la dignidad
intrínseca de los seres humanos, que las sociedades a las que
pertenecen deben garantizar. Sobre esta base ética fundamental se =
va
forjando la idea de ciudadanía que, en palabras de Hannah
Arendt, es “el derecho a tener
derechos”. Como señala S. López, la ciudadanía
implica la pertenencia plena a “una comunidad de individuos con
derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la
comunidad política de la que forma parte” (Ciudadanos, p. 11=
9).
Los principales derechos que han ido siendo reconocidos son:
Derechos civiles
Aquí se incluye el
derecho a la vida, a la integridad física de las personas y a la
identidad personal. También a la libertad de organización,
información, opinión (expresión), y religión;=
es
decir que nadie puede ser perseguido por sus ideas. Los derechos de
propiedad, igualdad ante la ley, inviolabilidad de domicilio y de las
comunicaciones, y libertad de tránsito también forman parte=
de
los derechos civiles; así como la garantía de no ser deteni=
do
sin mandato del juez (salvo que uno esté cometiendo un delito) y el
derecho a un juicio justo; igualmente el derecho a no ser
obligado a hacer lo que la ley no manda. Estos derechos están rela=
cionados
a la capacidad de actuar libremente, sin relaciones de dependencia person=
al
alguna, y garantizan la autonomía personal.
Derechos
políticos<=
/span>
Se
refieren a la garantía de poder elegir y ser elegidos, participar =
en
diversos tipos de organizaciones sin ser molestado por ello y últi=
mamente
el derecho a la supervisión de nuestras autoridades, llamado
también de participación ciudadana.
Derechos
económicos=
El
principal es el empleo. El PNUD dice que “el trabajo es un mecanismo
clave de inclusión social y del mismo ejercicio de la ciudadan&iac=
ute;a”
(p.26). Y Nuestra Constitución, en su artículo 22,
señala que "es un deber y un derecho. Es base de bienes=
tar
social y un medio de realización de la persona". Este derecho
incluye una retribución justa, jornada máxima de ocho horas=
, en
condiciones que no atenten contra nuestra salud, así como
también el derecho a la seguridad social, a la sindicalizaci&oacut=
e;n,
etc.
Derechos
sociales
Se
entiende como tales el acceso a la educación y a la salud, pues a
ambos se les considera componentes básicos de la ciudadanía
social. Asimismo, el derecho a no ser discriminado por raza, clase
social, religión, orientación sexual, etc. Algunos comienza=
n a
incluir aquí los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos
sociales fueron definidos por Marshall como
"el derecho de compartir al máximo el patrimonio social =
y de
vivir la vida de una manera civilizada de acuerdo con los estándar=
es
prevalecientes en la sociedad". (op.cit)=
.
A
los siguientes tipos de derechos (culturales, comunicación y
ecológicos) se les llama también derechos de tercera
generación.
Derechos
culturales y a la comunicación
Tienen
que ver con el respeto a la diversidad étnica, lingüís=
tica
y cultural, así como a la preservación del bagaje
cultural de cada colectividad; es el caso de la problemática de los
grupos indígenas, pero también se refiere al compartir
identidades y símbolos comunes en espacios públicos urbanos=
. La
problemática cultural emerge en la globalización como una
dimensión que conecta el pasado y presente de las sociedades=
y
que debiera contribuir a la formación y expresión de las
identidades de las personas y grupos dando cuenta de la diversidad median=
te
la construcción de símbolos. El respeto y fomento por el es=
tado
de la producción literaria, plástica, cinematográfic=
a,
artística etc. representa otro componente del ejercicio de los
derechos culturales.
En
esa perspectiva, hoy se habla de un nuevo derecho emergente, el llamado
derecho a la comunicación, distinto al de libertad de expresi&oacu=
te;n
y de información. M. P. Saffon se&ntil=
de;ala
que “sólo si se garantiza equitativamente a todas las person=
as
el acceso a y la producción de ésta podrá propugnarse
valores democráticos tan importantes como la pluralidad de fuentes=
de
información y de visiones de mundo, el acceso equitativo a la
información y el conocimiento, la formación de una
opinión pública informada, el respeto a los derechos
fundamentales a la intimidad, la dignidad etc., el derecho a expresar la
cultura propia en la lengua propia, la participación en espacios d=
e diálogo,
en la construcción de consensos y en la toma de decisiones, entre
otros” (p. 15).
Por
eso, ante las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (NTIC), “es fundamental enfrentar adecuadamente=
el
problema de ausencia de representación de la pluralidad de visione=
s de
mundo y de formas de producción del conocimiento por parte de las
NTIC. En caso de que este problema sea ignorado, es muy posible que la nu=
eva
sociedad de la información conduzca a la homogenización de =
la
información y del conocimiento, a la exclusión de mú=
ltiples
y enriquecedoras visiones de mundo y a la extinción de conocimient=
os y
saberes de singular importancia” (p.9).=
Derechos
medio ambientales o ecológicos
Buscan
que el desarrollo económico se dé en armonía con la
preservación del medio ambiente, tanto para los habitantes actuales
del planeta como para las generaciones venideras; por ello se habla de la
necesidad de un desarrollo sostenible o sustentable. Ellos incluyen, entre
otros, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (d=
el aire,
agua, tierra, sonora, etc.), así como los derechos del consumidor =
y en
general aquellos que tienen que ver con la calidad de vida; implican que
todos asuman la responsabilidad en su implementación: estado, empr=
esa,
individuo y sociedad, pues su concreción requiere de la activa
participación de todos, y tienen una dimensión no só=
lo
nacional sino global.
Los derechos son logros
históricos y por tanto pueden irse ampliando, tanto en sus conteni=
dos
(dado que están en relación con las necesidades humanas y e=
stas
evolucionan); como en las personas o grupos a los que se les reconocen. Es
así como las mujeres obtuvieron el derecho al voto, o como hoy en
día se habla del derecho a la comunicación, a un medio ambi=
ente
saludable y a la seguridad. Derechos que hoy nos parecen utópicos
seguramente serán incorporados en las generaciones siguientes<=
/o:p>
Subir=
>>>
b. Por qué=
; no
tienen plena vigencia en el Perú
A
pesar de que hay un creciente consenso mundial sobre la necesidad de que =
los
estados garanticen estos tipos de derechos, en nuestro país
encontramos que ello no es todavía una plena realidad. A
continuación presentamos algunas de las razones que explican esta
situación, sin pretender ordenarlas en orden de importancia:
1.- Una causa estructural es que no hay en verdad una comunidad
política que reconozca la ciudadanía de todos y todas, ni h=
emos
logrado construir un Estado que la haga respetar.
Primero,
existe una tradición patrimonalista de
administración del estado, es decir, donde los asuntos públ=
icos
se manejan como si fueran privados. Esto muestra la falta de autonom&iacu=
te;a
del sub sistema político del
económico y del cultural. De allí que el dominio
económico se transfiere a la esfera política. A eso se suman
las múltiples discriminaciones que condicionan nuestras relaciones
sociales (y que tratamos ampliamente en nuestro número uno) impide=
n a
muchas personas el acceso a los diversos tipos de derechos mencionados an=
teriormente.
S. López quién ha trabajado mucho el tema, nos dirá =
que
“no todos los peruanos gozamos del mismo nivel de ciudadanía=
y
que, por tanto, no tenemos los mismos derechos. Unos peruanos son m&aacut=
e;s
ciudadanos que otros. Los niveles de desigualdad son muy acentuados.
Ellos varían según la región geográfica, los
niveles de modernización y de democratización y los niveles=
de
pobreza” (Páginas, p. 31).
Esto
fue claramente señalado por el Informe Final de la Comisión=
de
la Verdad y Reconciliación (CVR). Por ello propone como contenido
fundamental de la reconciliación nacional la construcción de
una ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas, y en su T=
omo
IX plantea “un conjunto de recomendaciones que buscan afianzar y
extender la presencia estatal, recogiendo y respetando la organizaci&oacu=
te;n
popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo =
la
participación ciudadana” (p.121).
2.-
La pobreza (tema de nuestro número 0 de prueba) hace
“invisible” a buena parte de la población peruana,
impidiendo que puedan tener los mecanismos adecuados para hacer que el es=
tado
asuma su responsabilidad en la provisión de los derechos mencionad=
os.
CEPAL dice que “ser pobre no es solo una condición
socioeconómica, sino una privación de ciudadanía, por
cuanto remite a la falta de titularidad de derechos sociales y de
participación en el desarrollo” (Cohesión p.23). El P=
NUD
coincide con esta mirada y nos dice que la pobreza y la desigualdad ̶=
0;no
permiten que los individuos se expresen como ciudadanos con plenos
derechos” (p.26).
3.-
La implementación de los derechos económicos y sociales
requiere que los gobiernos tengan la capacidad de recaudar impuestos
para financiarlos, lo que no se da suficientemente en el Perú=
; y
otros países de América Latina, trabando el acceso a lo que=
se
llama hoy “ciudadanía social”.
Sinesio
López lo explica de esta forma: “El sistema económico=
le
da al sistema político la base material para que funcione, que son=
los
impuestos; sin los impuestos ningún Estado puede funcionar; pero a=
su
vez, con esos impuestos el Estado puede distribuir bienes y servicios
públicos a la sociedad: salud, educación; y la sociedad a su
vez, devolverle legitimidad al sistema político; ningún sis=
tema
político funciona si no tiene legitimidad. ¿Cuál es =
el
problema central, sobre todo en el caso peruano y en muchos de Amé=
rica
Latina (no en todos los casos)? Que en realidad el sistema polític=
o no
recibe los impuestos necesarios para que pueda atender las demandas de la
sociedad, y la sociedad como tal, entonces, no le devuelve legitimidad al
sistema político; ahí hay un problema estructural de fondo,=
en
el proceso de construcción de la democracia” (p.53).
El
PNUD coincide con esta mirada y nos dice que “La medida del desarro=
llo
de una democracia está dada, por lo tanto, por su capacidad de dar
vigencia a los derechos de los ciudadanos” (p.48). Por ello
“el desarrollo de la democracia en América Latina requiere
abordar decididamente los problemas que traban la vigencia y la
expansión de la ciudadanía social” (p.126).
4.-
A pesar de que nos encontramos en un marco democrático quienes dir=
igen
la economía del país no asumen como perspectiva de gobierno=
la integralidad de los derechos y más bien pien=
san
que la tarea fundamental del gobierno es dar garantías a la
inversión y a la propiedad, supeditando todos los otros derechos a
estos dos. Por ello privilegian un tipo de crecimiento económico
basado en la extracción de recursos naturales y son hostiles frent=
e a
cualquier pedido de cuidado del medio ambiente.
5.-
Todavía en amplios sectores de la población hay poco
conocimiento de sus derechos y también de las instituciones u
organizaciones ante las cuales se puede exigir su respeto. Dice Sinesio López que hay un sector de la
población no organizado que se mantiene inactivo mientras el sector
organizado tiende a participar y exigir sus derechos.
Además, como CEPAL señala, hoy
“La falta de confianza social y especialmente de sentido de solidar=
idad
desincentiva la acción colectiva y la participación ciudada=
na.
Ambas carencias se expresan en un escaso interés por los asuntos
públicos y en una baja valoración de la democracia como sis=
tema
de representación de los intereses colectivos, así como de =
las
organizaciones que pueden establecer el nexo entre esos intereses y los d=
e la
sociedad en su conjunto” (Cohesión Síntesis p. 7, y T=
exto
completo p.90).
Subir=
>>>
III.- Qué hacer para asegurar su vigencia
● =
;
Fortalecer la democracia. El premio=
Nobel A. Sen dice que: “Hay, por ejemplo, con=
siderables
pruebas de que la democracia, así como los derechos polític=
os y
civiles, puede ayudar a generar seguridad económica, dando voz a
quienes sufren de carencias y a los vulnerables (...) Las privaciones
políticas pueden aumentar la miseria económica”. Y el
PNUD afirma que “sólo con más y mejor democracia las
sociedades latinoamericanas podrán ser más igualitarias y
desarrolladas. La razón es que sólo en democracia quienes
carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias d=
e la
desigualdad pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus
derechos” (p.38).
Consolidar
nuestra precaria democracia es una tarea estratégica si queremos
asegurar la plena vigencia de nuestros derechos. Pero nos parece pertinen=
te
recordar que democracia no es sólo método de gobierno, sino
también una cultura
democrática que implica buen trato, pluralismo de idea=
s y
formas de expresión, en la sociedad y entre estado y sociedad.&nbs=
p;
Esto es algo que debe expresarse en nuestra diarias relaciones sociales: =
familia,
trabajo, organización popular, relaciones que tienen que estar
marcadas por el respeto a la diferencia. La gran consigna democrát=
ica
debe ser “somos diferentes, pero iguales en derechos y
responsabilidades”.
●
Reformar el Estado,
tarea ya planteada para nuestro país por la CVR y para la
región latinoamericana y caribeña por el PNUD, quién
señala que “en América Latina existe una crisis de estatalidad, a la que entendemos como la capacidad =
del
Estado para cumplir con sus funciones y objetivos [por ello] la democraci=
a de
ciudadanía requiere una estatalidad que
asegure la universalidad de los derechos” (p.187).
También
es indispensable la identificación ciudadana con el Estado; si no
existe, la reforma es solo algo técnico y no hay modo de superar la
brecha entre el estado y la sociedad. Para ello el estado debe ser capaz =
de
cumplir su rol respecto de la población, como vimos más arr=
iba.
En esa lógica hay dos puntos clave: la redistribución del p=
oder
del Estado (descentralización) y el control social del Estado desd=
e la
sociedad (fomentar los espacios de opinión y deliberaci&oacu=
te;n
entre Estado y sociedad a todo nivel).
●
Dado que la base del incumplimiento de muchos derechos (sociales,
económicos, culturales, ambientales), tiene que ver con la primac&=
iacute;a
de un modelo de sociedad neoliberal y un sentido común que la
sustenta, es urgente mostrar que hay otras formas de organizarnos
socialmente, más respetuosas no solo del medio ambiente y la
pluralidad cultural sino también de los derechos socio
–económicos de la población. Se necesita desarrollar
experiencias que muestren el valor de relaciones sociales basadas en el
respeto a los derechos y a las personas. Esto es urgente y clave para log=
rar
una ciudadanía plena, pues como dice el PNUD “la econom&iacu=
te;a
es clave porque de ella depende el despliegue de la ciudadanía
social” (p.28), ya que nadie “puede disfrutar completamente <=
em>ningún derecho que supuest=
amente
posee si carece de los elementos esenciales para una vida razonablemente
saludable y activa” (p.65).
Una
propuesta de desarrollo social
(o desarrollo humano sostenible<=
/span>
como lo llaman otros), tiene una preocupación por el bienestar de =
las
personas tomadas en su integralidad; por lo t=
anto,
está relacionada con la satisfacción de las necesidades de
consumo, pero también con el reconocimiento y acceso a derechos
básicos (trabajo, educación, salud) seguridad física,
afectiva y psicológica, cuidado del medio ambiente y vigencia de la
democracia. En palabras de Amartya Sen
“desarrollo humano es el proceso de expansión de las liberta=
des
reales que goza un pueblo” (D=
esarrollo...
p.13).
La
propuesta de desarrollo social reconoce el rol del mercado en la eficiente
asignación de ciertos recursos, pero señala que hay otros en
los que el rol del Estado es imprescindible, si se quiere alcanzar la
justicia social. Los países que salieron adelante (progresaron, se
desarrollaron, como los de la Unión Europea) lo hicieron porque
lograron un mejor balance entre Estado y Mercado.
●
Por otra parte, el avance en la afirmación de los derechos
reproductivos pasa por tomar conciencia de las perniciosas consecuencias =
del machismo institucionalizado en
nuestra sociedad: familia, escuela, medios de comunicación,
instituciones estatales y eclesiales, etc. Esto es clave pues CEPAL sosti=
ene
que “La maternidad adolescente, sobre todo si las madres no ejercen
plenamente los derechos reproductivos, constituye una condena a la
exclusión y a la pobreza” (Superar ...
p.29).
●
Es importante trabajar en la dif=
usión
de los diversos tipos de derecho=
s
que hoy el mundo globalizado acepta que es responsabilidad de todo estado
garantizar a sus ciudadanos, sin distinción alguna. Si la gente los
conoce, y conoce las leyes que amparan esos derechos, así como las
instituciones que luchan por su reconocimiento, irá tomando concie=
ncia
de ellos y tendrá las herramientas necesarias para avanzar en el
camino hacia una ciudadanía plena.
Pero
también es importante difundir la idea de que no hay derecho sin
responsabilidad. Y ello implica que un ciudadano también tiene deberes, como por ejemplo, re=
spetar
la propiedad pública (que en realidad es de todos, pues ha sido
construida con nuestros impuestos) y privada, pagar impuestos, etc. Toda
persona tiene con su comunidad y con su país el deber de contribui=
r a
promover y construir una convivencia social democrática dond=
e se
respeta los derechos de todas las personas.
●
Desarrollar una capacidad organi=
zativa
es también vital. A través de nuestra historia es claro que=
los
derechos que la población ha ido ganando han sido fruto de su
capacidad de organización social y política. Sabemos =
que
también la organización ha sido un factor de desarrollo de
capacidades, afirmación y crecimiento personal, pues permite que l=
a
gente pase de percibirse como objeto de favores estatales a asumirse como
sujeto de derechos.
Junto al Estado y al sector privado, es neces=
aria
la existencia de organizaciones sólidas de la sociedad civil, como=
las
iglesias, los gremios profesionales, los sindicatos, organizaciones
culturales, sociales, Organismos no Gubernamentales (ONGs.),
redes, espacios de concertación social etc. que hagan sentir su vo=
z y
su fuerza y hagan que sus intereses sean tomados en cuenta.
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<=
/p>
Subir=
>>>
|
MES A MES<=
/o:p>
POBREZA
1.- Y sigue el debate sobre =
si
disminuye o no la pobreza
=
●
El debate habido el mes pasado (y reseñado en nuestro boletí=
;n
n. 3 sobre Cohesión Social) pasó por alto un dato que
también consigna el informe del INEI, y es que la desigualdad ha aumentado.
Efectivamente, el gini de ingresos pasa de 0.=
491 en
2004 a 0.507 en 2007. Recordemos que lo que el gini<=
/span>
mide es la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene.=
Las
sociedades son más igualitarias cuando se acercan a 0 y menos
igualitarias cuando se acercan a 1.
=
●
Encuesta Nacional en centros urbanos del Instituto de Opinión de la
Pontificia Universidad Católica del Perú da a conocer que
sólo el 9% de los encuestados piensan que las cifras de
reducción de la pobreza dadas a conocer por el gobierno el mes
anterior (de 44.5 a 39.3%) reflejan la realidad. En cambio, un 54%
piensa que no.
2.- El aumento de precios (la inflació=
n)
afecta más a los pobres
La inflación
anualizada se encuentra en 5.55% pero la variación anual de los
precios de los alimentos es de 9.82%, lo que está golpeando
fuertemente a los pobres, según el Banco Interamericano de Desarro=
llo,
(BID) dado que este sector dedica el 60% de sus ingresos a la
adquisición de alimentos. El impacto es mayor en las regiones del
interior, por ejemplo en Moquegua el aumento ha sido de 21.8% y en Arequi=
pa
18.8%.
El
BID, en su Informe Preliminar Impac=
to del
incremento de los precios de los alimentos en América Latina y El
Caribe: La experiencia de los países andinos sostiene =
que
hay un grave riesgo de que 1.1 millones de peruanos retornen a la pobreza=
en
un año si se mantiene la actual inflación de alimentos,
“echando por la borda el esfuerzo del gobierno por reducir este
flagelo”. El gerente de Estudios Económicos de Apoyo
Consultoría, Hugo Santamaría coincide con esta
afirmación, y señala que la tasa de pobreza aumentarí=
;a 4
puntos porcentuales. En igual sentido se han pronunciado los
economistas Kurt Burneo y César
Peñaranda. Este último agregó que los má=
;s
perjudicados por el alza de precios “serán quienes tengan un
ingreso fijo como los jubilados que tienen una pensión mensualR=
21;
Por
su parte, Eduardo Zegarra luego de sostener q=
ue los
pobres destinan el 70% de su gasto mensual a alimentos, critica la forma =
como
se mide la inflación, por no reflejar la realidad nacional: “=
;el
INEI no toma cifras de precios en zonas rurales y el índice de Pre=
cio
al Consumidor (IPC) se concentra en mediciones en Lima Metropolitana
(…) no podemos presentar la inflación de Lima como la
inflación del país”. Y nosotros agregamos: sobre todo=
si
tomamos en cuenta que los ingresos promedio son menores en el interior del
país que en Lima.
Humberto
Campodónico, economista que tiene una
columna en La República, nos dice que “El Perú es uno=
de
los pocos países importadores netos de alimentos de América
Latina en una situación internacional de fuerte alza de precios=
221;
lo que hace que dicha alza impacte fuerte en los consumidores. Para
él, “el problema de fondo es que el Perú no tiene una
política de soberanía alimentaria
(…) Por eso hay que dar un giro de 180 grados en política
agraria para lograr la soberanía alimentaria<=
/span>,
dando lugar a la concertación entre productores y consumidores, con
apoyo del Estado. Debe apoyarse la producción nacional de alimento=
s,
lo que implica asistencia al agricultor, una activa política de
reducción de sus costos y el combate a los oligopolios
especuladores”. Y añade: “El problema es que a la
lógica de mercado no le interesa la soberanía alimentaria sino el uso de la tierra con fines
comerciales, por ejemplo, para exportar más productos
“gourmet” a EE.UU., aprovechando =
el
TLC.”.
Por
todo ello, han surgido diversas voces que responsabilizan al actual Minis=
tro
de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros (ex
presidente de la Asociación de la Banca) de no hacer nada para pal=
iar
este problema.
3.- Desnutrición (o déficit
calórico)
Cifras
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) nos comunican que Huancavelica=
es
la región que concentra la mayor población desnutrida del
país (66.1% para el 2007), muy por encima del promedio nacional qu=
e es
28.5%. Le siguen Pasco (54.6%), <=
span
class=3DSpellE>Huánuco (45%), Ayacucho (41.8%), Loreto (41.=
7%), y
Puno (40.2%).
4.- Pobreza y dispersi&oacut=
e;n
territorial
El
Presidente Alan García comienza a señalar que para alcanzar=
el
objetivo de dotar de servicios básicos a las poblaciones remotas q=
ue
viven en la pobreza se requiere un re-ordenamiento territorial, pues el
problema de fondo es la existencia de miles de centros poblados (60 mil
según el Presidente), con poquísimos habitantes, y que
deberían concentrarse en los distritos menores, donde tendrá=
;n
servicios.
Javier Iguiñiz
reflexiona sobre esta propuesta presidencial para el caso de la
atención de salud y señala que “corremos el riesgo de
tener una mirada territorial que ponga a los costos unitarios de los
servicios {la eficiencia} a cada paciente por delante de sus necesidades,=
de
sus derechos humanos” {lo que vendría a ser la eficacia}.
Por
ello propone instaurar una red de promotores de salud que atiendan a los
centros poblados rurales, que según el Censo del 2007 son
“95,868 y albergan al 24.1% de la población del país,
unos 6`800,000 personas”. Iguiñiz=
calcula que se les pagaría 200 soles mensuales y costaría u=
nos
230 millones de soles al año.<=
/span>
Subir=
>>>
DISCRIMINACI&O=
acute;N
1.- Avanza el ordenamiento l=
egal
para superarlo
Siguiendo
el ejemplo pionero de la Municipalidad de Abancay, diversos municipios del
país aprobaron normas para sancionar (con la revocatoria de la
licencia de funcionamiento) a los locales públicos que discriminen=
a
los consumidores. Entre ellos tenemos a la Municipalidad de Chiclayo
(Lambayeque), la Municipalidad de Huancayo (Junín) la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
(Ayacucho), la Municipalidad de Sullana (Piura) y la Municipalidad de
Huamanga (Ayacucho). En el caso de esta última, la Asociaci&=
oacute;n
Pro Derechos Humanos (APRODEH) señala que es la “Ordenanza
Municipal más completa contra la discriminación en el
Perú”.
En
varios de los casos mencionados las ordenanzas también prohí=
;ben
discriminar a los indocumentados (que sabemos son muchos en nuestro
país), así como que los funcionarios municipales empleen fr=
ases
discriminatorias contra la población.
2.- También el
reconocimiento de que somos una sociedad multilingüe<=
o:p>
Otro
avance importante es la decisión tomada por la región de
Ayacucho, siguiendo el ejemplo sentado el mes pasado por Cusco,
de oficializar el quechua en su jurisdicción, requiriendo que los
funcionarios públicos lo aprendan. Ayacucho también ha
oficializado el asháninka,
siendo la primera región que lo hace con un idioma amazónic=
o.
Ello permitirá que la población pueda ser atendida en las
instancias oficiales en su propio idioma.
3.- Así como la
producción de material e iniciativas de sensibilización<=
o:p>
Para
ayudar a disminuir las experiencias discriminatorias que se producen en l=
as
instituciones estatales, APRODEH ha elaborado un Manual para prevenir la
Discriminación en la Administración Pública.
4.- Y también los eve=
ntos
públicos que buscan combatirla
Y
por su parte la Municipalidad de Abancay organizó la competencia <=
em>"Buscando la Verdad, Encontrando la Igua=
ldad.
Mediante una original búsqueda del tesoro, los jóvenes busc=
aron
pistas con preguntas (en castellano algunas, en quechua otras)
relacionadas a la violencia política vivida y a las normas contra =
el
racismo dadas recientemente por la Municipalidad. Con ello se busca
sensibilizar sobre algo que muchos abanquinos
perciben casi como natural.
Por
otro lado, el 14 de junio =
;La
Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
realizó una protesta contra la tienda Designers por manifestar su
disgusto porque los integrantes del Grupo
5 usaron los ternos que esa tienda vende en un reportaje para=
la
revista Cosas. Según Designers su público objetivo no es el
representado por el Grupo 5<=
/em>.
El operativo se llamó =
Racismo,
Te Vas, Te Vas?<=
/p>
5.- Pero lamentablemente sub=
sisten
comportamientos discriminatorios a nivel de las autoridades y de la
población<=
span
style=3D'font-family:Arial'>
Sin
embargo, no todo ha sido avances en este tema, pues también asisti=
mos
a un vergonzoso acto de discriminación en Lar=
comar
(Lima). Cuatro jóvenes ciclistas de San Juan de Lurigancho
asistieron a un evento en dicho centro comercial. Efectivos del serenazgo miraflorino a=
l verlos
con MP-4 y cámaras digitales, dedujeron que por su aspecto
físico no las podían haber comprado sino que las habí=
;an
robado y los detuvieron. Los jóvenes fueron presentados en confere=
ncia
de prensa, con la presencia del alcalde de Miraflore=
s,
Manuel Masías, como la banda de los “Malditos de Larcomar”. Los jóvenes pasaron s=
iete
días en prisión, soportando diversos maltratos, y
sólo fueron liberados por la presión pública que
conocía de su labor deportiva. El alcalde Masías se neg&oac=
ute;
a ofrecer disculpas públicas durante varios semanas, hasta que tar=
díamente
tuvo que hacerlo.
Este
lamentable episodio de discriminación racial no sólo
indignó a muchos, sino que los ha dejado seriamente preocupados, p=
ues
se preguntan ¿cuántas personas pasarán por lo mismo?
¿Y no tienen la suerte de ser públicamente conocidos? Es
urgente re-educar a las fuerzas policiales y al sere=
nazgo
al respecto. Pero no basta re-educar, hay también que sancio=
nar
ejemplarmente este tipo de comportamiento. Recordemos que el
Código Penal es claro al respecto, pero su falta de aplicaci&oacut=
e;n
consagra la impunidad en estos casos.
Por
otro lado, una encuesta de CPI, llevada a cabo entre el 26 y 30 de
junio en Lima, nos informa que el 74.6% cree que un provinciano
"cholo" no goza de los mismos privilegios que un limeño
"blanco”. En lo que se refiere a la justicia, el 74.7% cree que
esta no es igual en ambos sectores. Sobre la labor con que asocia la clase
social más alta de Lima a un provinciano "cholo", el 57.=
2%
lo relaciona como "empleado doméstico".
6.- Y una gran
insensibilidad por parte del Congreso
Efectivamente,
la Comisión Permanente aprobó el 2 de julio una ley que
modifica la legislación sobre violencia familiar, una de las formas
más frecuentes en que se expresa la discriminación de
género.
Ello
ha motivado la protesta de diversas instituciones como Flora Tristán, Manuela=
Ramos, Inppares, y otros que sostienen que dicha norma
“contiene un gran retroceso en la defensa de los derechos fundament=
ales
de las mujeres, porque faculta a la Policía Nacional del Per&uacut=
e; a
conciliar en violencia familiar” lo que no procede no solo porque no
toma en cuenta convenios internacionales firmados por el Perú
“pues en las violaciones a los derechos humanos de las personas
cualquier negociación está prohibida”, sino
también porque “el requisito básico de una conciliaci=
ón
es la igualdad” y esto no se da en casos de violencia familiar.
=
Subir>>>
DERECHOS
1.- Se presenta Informe anua=
l del
estado de los derechos en el país
Se
presentó el informe anual 2007 de la Coordinadora Nacional de Dere=
chos
Humanos (CNDDHH), donde se critican diversos decretos dados por el gobier=
no
por atentar contra los derechos ciudadanos. Entre ellos tenemos: el Decre=
to
Supremo 060-PCM-2007 y el DL 982, que declara la inimputabilidad
tanto de las Fuerzas Armadas, como de la Policía Nacional en el us=
o de
sus armas cuando controlen la protesta social; el que inhabilita a las
autoridades que hagan huelga, el DL 989, que ha extendido la detenci&oacu=
te;n
preliminar de 24 horas a siete días para delitos como el blo=
queo
de carreteras, etc.
El Informe también
señala que desde que Alva Castro=
se
hizo cargo del Ministerio del Interior se han incrementado las detenciones
arbitrarias y abusos policiales. La CNDDHH recuerda, basada en dato=
s de
la Defensoría del Pueblo, que la mayor parte de conflictos sociale=
s se
producen en zonas rurales en extrema pobreza que se sienten abandonadas y
marginadas históricamente por el Estado.
2.- Nuevos Decretos Legislativos atentan cont=
ra
derechos adquiridos=
Al
amparo de las atribuciones dadas por el Congreso al Ejecutivo para adecua=
r la
legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. el gobierno ha promulgado 102 decretos. Algu=
nos de
ellos han sido cuestionados por:
=
●
recortar derechos laborales. Como el D.L. 180=
6,
llamado también “Ley Mype”=
, que,
entre otros, amplía el concepto de pequeña empresa (de 50 a=
100
trabajadores) lo que permite reducir derechos laborales (por ejemplo, las
vacaciones pasan de 30 a 15 días). Expertos en el tema han
señalado que dicho decreto puede dar origen a despidos de los
trabajadores antiguos.
=
●
otros por atentar contra derechos adquiridos d=
e las
comunidades campesinas y nativas. Como por ejemplo el D.L. 1064, que establece que ya no se necesita un a=
cuerdo
previo entre las empresas mineras y las comunidades campesinas sino=
que
será el estado el que fijará el justiprecio (el pago) por l=
as
tierras de éstas.
Y
áquel (D.L=
. 1015)
que reduce el número de votos requerido para vender las tierras
comunales de dos tercios a la mitad más uno de los comuneros. Por =
ello
la Defensoría del Pueblo y 32 congresistas han presentado se=
ndas
demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se
señala que el D.L. 1015 viola el=
art. 6 del convenio 169 de la Organizaci&oacu=
te;n
Internacional del Trabajo (OIT) que establece que “cualquier medida=
que
afecte directa o indirectamente a una comunidad campesina debe tener la
autorización de esta”. Y también viola nuestra
Constitución, que en sus art. 88 y 89
señala la obligación estatal de respetar la autonomí=
a,
identidad y bienes de las comunidades campesinas y nativas.
Y
el D.L. 1089 sobre formalización de pr=
edios
rurales que da superpoderes a la Comisión Formalización de =
la
Propiedad Informal (COFOPRI), buscando acelerar la venta de las tie=
rras
de comunidades campesinas y nativas posibilitadas por los decretos
legislativos 1064, 1015 y 1090, 2133 y 840 (estas tres últimas par=
a el
caso de la Amazonía).
=
●
otros por atentar contra el derecho a contar c=
on un
medio ambiente sano. Por ejemplo, aquel que abre la puerta al ingreso de
semillas transgénicas, sin mayor contr=
ol, en
nuestro país.
=
●
y por poner en peligro el derecho a la salud, =
como
es el caso del D.L. 1072. Pedro Francke
señala que dicho decreto establece que los “datos de
prueba” (información científica que demuestra que un
nuevo producto sana y no enferma) tendrán un periodo de
protección de “normalmente cinco años”. Es deci=
r el
decreto dado no pone topes máximos, lo que favorece a las
transnacionales de la industria de los medicamentos y va en contra de los
enfermos, pues encarece el costo de los medicamentos.
3.- Para superar la desconfi=
anza
existente hay que respetar derechos
C.
I. Degregorí, comentando la desconfian=
za que
prima en nuestra sociedad nos dice que “Superaremos la desconfianza
cuando todos nos reconozcamos como iguales y no discriminemos entre ricos=
y
pobres, electorado y electorados, urbanos y rurales, indígenas y no
indígenas. Eso requiere políticas sostenidas de reconocimie=
nto,
gestos simbólicos y acciones concretas en una batalla que debe
involucrar al sistema educativo, a los medios de comunicación, a l=
os
defensores de Derechos Humanos, para aprender a respetarnos como ciudadan=
os
con derechos y con intereses que a veces no coinciden con los empresarial=
es,
que el gobierno privilegia. Tal vez por eso esta dimensión de
reconocimiento y ciudadanía no aparece en su agenda”.
Fuentes consultadas
Ardito W., Reflexiones Peruanas
Desco, Resumen Semanal
Degregori, C.I.
“Desconfianza” en Per&u=
acute;
21, 22 de julio del 2008
Campodónico “Soberanía alimentaria para luchar contra la inflación&=
#8221;
en La República”
19 de julio del 2008.
Iguiñiz=
, J. “Centros poblados,
acondicionamiento del territorio y política de salud” en La
República, 13 de=
julio
del 2008
Instituto Bartolome Las Ca=
sas, Noticias IS
Zegarra, E. “No se puede pres=
entar
inflación de Lima como si fuera del país” en La
República 20 de julio del 2008
Subir=
>>>
DOCUMENTOS
PNUD Informe s=
obre
Desarrollo Humano 2000
Derechos Humanos y Desarrollo H=
umano
(extractos)
1.- Integr=
alidad
=
●
Debido a que se complementan, la lucha por alcanzar los derechos
económicos y sociales no debe separarse de la lucha por lograr los
derechos civiles y políticos. Y es necesario luchar por ambos
simultáneamente (PNUD 2000
p.73).
=
●
Los derechos civiles y políticos –de participación,
asociación, libertad de expresión y de información-
amplían el espacio político, facultan a los pobres para
reivindicar sus derechos económicos y sociales a alimentos, vivien=
da,
educación, atención de salud, un trabajo digno y seguridad
social es esencial para facultar a los pobres con el objeto de que logren
salir de la pobreza por sí mismos (PNUD
2000 p75, 86 y 88).
2.- Seis principales instrument=
os de
derechos humanos
2.1 Libertad de la discrimin=
ación,
en pro de la igualdad
=
●Tal
vez la debilidad más persistente de las democracias mayoritarias s=
ea
la discriminación contra las minorías y el aumento de las
desigualdades horizontales (…) El talón de Aquiles de las
democracias mayoritarias es la exclusión y marginación de l=
as
minorías. El grado y alcance de la discriminación difieren =
(PNUD 2000 p.59).
=
●
La liberalización política ha comenzado a invertir la
discriminación jurídica oficial contra los pueblos
indígenas, aunque en algunos países latinoamericanos esos
progresos han estado acompañados de una creciente desigualdad
económica y marginación social (PNUD 2000 p.62).
2.2 Libertad de la necesidad=
,
para contar con un nivel decente de vida
“La
pobreza de las masas, particularmente cuando se combina con la desigualda=
d vertical
u horizontal creciente, con frecuencia conduce a la inestabilidad social
(...) es poco probable que el progreso en materia de derechos humanos res=
ulte
sostenible sin un desarrollo equilibrado de los derechos económico=
s y
políticos” (PNUD 2000<=
/span>
p.61).
2.3 La libertad para desarrolla=
r y
hacer realidad la potencialidad de cada ser humano.
=
●
Para garantizar los derechos las sociedades necesitan contar con normas,
instituciones, un marco jurídico y un entorno económico
propicio (PNUD 2000 p. =
80).
=
●
Es necesario garantizar los derechos mediante normas sociales, institucio=
nes,
leyes y un entorno económico propicio (PNUD 2000 p. 101).
2.4 Libertad del temor, sin amenazas contra la seguridad
personal.
Hay
temor e inseguridad en las calles, que se sienten en todo el mundo desde
Bogotá hasta Nairobi, desde Moscú hasta Manila. Las
políticas económicas y sociales que aumentan la desigualdad,
particularmente en el contexto del estancamiento económico y el
desempleo, suelen conducir al delito y a ejercer presión sob=
re
el sistema judicial” (PNUD 20=
00
p.86)
2.5 Libertad de la injustici=
a
(imperio de la ley)
En
muchos países los encargados de administrar justicia son violadore=
s de
la ley, no sus defensores. La policía es vista con hostilidad
por su actitud despiadada, su participación en el negocio de las
drogas, su maltrato a los reclusos y por no proporcionar protecció=
n a
las personas que más lo necesitan (PNUD
2000 p. 38)
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