La insatisfacción sobre los métodos que actualmente se usan para medir la pobreza en el mundo llevó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a trabajar conjuntamente con la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, para diseñar un nuevo índice que permita calcular con mayor precisión el porcentaje de la población mundial que sufre este flagelo. Este nuevo método ha recibido el nombre de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Los resultados de dicho esfuerzo serán presentados en el próximo informe del PNUD sobre Desarrollo Humano a fines de octubre de este año. Sin embargo los cables algo nos han adelantado al respecto.

          El nuevo índice ha sido desarrollado por Sabina Alkire y María Emma Santos, usando una técnica creada por la primera de las nombradas, conjuntamente con James Foster. A ellas se sumaron 46 investigadores en 13 países. El IPM se aplicó en 104 países (78% de la población mundial) y lo primero a destacar es que con dicho índice ha resultado que hay 400 millones más de pobres de lo estimado hasta el momento. Efectivamente, con los criterios hasta ahora usados, basados en el ingreso monetario, que considera pobre a quien tengan un ingreso inferior a US$ PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) de1.25 por día, se hablaba de 1,300 millones de pobres en el mundo.

           En cambio, aplicando el IPM (que además del ingreso considera  el acceso a salud, educación, electricidad, a un pozo de agua y al tipo de combustible usado para cocinar, entre otros) tenemos 1,700 millones de pobres. La mitad de estos pobres viven en el Sur de Asia (844 millones, 51% del total) y 25% (458 millones) en África, siendo Nigeria el país más pobre del mundo, con 93% de su población en dicha condición.

           Según la BBC de Londres Sabina Alkire, una de los creadores del IPM y directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI), señaló que el nuevo indicador: "es como una lente de alta resolución que muestra en detalle los problemas que enfrentan los hogares más pobres. Hasta ahora se sabía que una persona era pobre pero se ignoraba si sus hijos iban a la escuela, si tenían piso de tierra en su casa o si cocinaban con leña". Aplicando este nuevo índice a la región aparecen como los más pobres: Haití, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Guatemala y Perú.  En cambio figuran con menor proporción de pobres: Uruguay, Ecuador, Argentina y México.

           El IPM usa diez indicadores para medir la pobreza en tres dimensiones: educación, salud y standards de vida y considera IPM pobre a aquellas personas que están privadas de al menos 30% de los indicadores presentados. Según eso los porcentajes de población que son IPM pobres en el Perú son:

           Encontrándose las mayores privaciones en el área rural.

           En un seminario organizado para discutir esta nueva propuesta de medición de la pobreza, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, coincidió en que  hay queredefinir la manera en que se mide la pobreza y agregó que "Ser pobre es también padecer la exclusión social. En última instancia, la pobreza es la falta de titularidad de derechos, la negación de la ciudadanía" Recordemos que en la región, en 2008, el 33% de la población continuaba viviendo en la pobreza, incluyendo un 12,9% en condiciones de indigencia.

           Carolina Trivelli sostiene que si bien las tasas de pobreza monetaria han disminuido en el país “los niveles de pobreza y pobreza extrema siguen siendo elevados y continúan marcando y acentuando desigualdades en el territorio y entre distintos sectores sociales” (p.29).  Afirma a continuación que los pobres siguen siendo los mismos de siempre: rurales, indígenas y agricultores, ya que “El 43% de los pobres en el Perú vive en la sierra rural, el 85% de los indigentes peruanos [extrema pobreza] vive en el campo” (p.33).

           Y agrega que: “Estos grupos tienen menos oportunidades que otros grupos de peruanos. Es decir, una agricultora peruana, que vive en una zona rural y que además tiene ascendencia indígena, tiene muchas menos probabilidades de salir de la pobreza que otra peruana que vive en Lima. La diferencia no tiene que ver con el esfuerzo personal o características personales, sino porque una peruana en el campo tiene menos de casi todo: menos servicios públicos, menos servicios privados, menos mercados, menos instituciones, menos información… y más costos de transacción. Y por si fuera poca la desventaja, también enfrenta discriminación” (p.33).

           Cuando se estaba discutiendo si las cifras de disminución de la pobreza presentadas por el gobierno eran ciertas o no uno de los responsables del informe señaló que “nacer en un pueblo de las alturas de la sierra es sinónimo de desigualdad de oportunidades contra las cuales los esfuerzos individuales ni el mercado pueden mucho”. 

           Oscar del Alamo coincide con esta visión. El sostiene que “De hecho, el crecimiento económico de los últi­mos años es y ha sido geográficamente dispar, be­neficiando más a unas regiones que a otras: se ha concentrado en Lima y en la costa, y es ajeno a las zonas de la sierra y la selva, sobre todo en el ám­bito rural” Y señala que esto “ha contribuido a que la pobreza no se reduzca por igual en todo el país, consolidando e incrementando tanto las situacio­nes como las percepciones ciudadanas de la des­igualdad previamente existentes”.

           Trivelli se pregunta que si esta situación es conocida por todos, ¿por qué no se tiene una política rural, agraria e indígena? para afrontar el problema. Y nos recuerda que la única política agraria se da para promover la agro exportación en la Costa.

           La autora también señala la precariedad de esta disminución de la pobreza ya que “En el Perú, alguien que ha dejado de ser considerado pobre puede muy fácilmente volver a caer en la condición de pobreza por causa de una enfermedad, porque algún miembro de la familia perdió el empleo, por un año con mal clima y otros factores ante los cuales esta población es muy vulnerable” (p.33).

           Citando a Javier Escobal nos dice también que la desigualdad más bien se ha incrementando. Así señala que “en 2004 los ingresos del 20% más rico de la población era 4.18 veces superior al ingreso del 50% más pobre y que para el 2008 este múltiplo había crecido a 4.46” (pp. 29-30).

           Nos parece que ello vuelve a poner sobre el tapete la importante iniciativa de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP) presentada el 22 de junio de este año para lograr que en los procesos electorales en marcha se ponga como un punto central de la agenda la necesidad de tomar acciones que lleven a disminuir la pobreza rural de forma sustantiva, para lo cual han presentado su propuesta de Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha contra la Pobreza.

           Uno de los derechos fundamentales hoy día es el derecho a vivir en un ambiente saludable.  Sin embargo, en nuestro país este derecho se encuentra permanentemente jaqueado, debido a que por privilegiar la promoción de la gran inversión nacional y extranjera en la extracción de nuestros recursos naturales se ha dejado de lado las más mínimas exigencias de cuidado ambiental.

           José de Echave, explica bien esta situación. Nos dice que” “Mientras que la minería y los hidrocarburos aumentaban en importancia y eran priorizadas como actividades estratégicas en el Perú, los derechos de las poblaciones rurales, sobre todo de comunidades  campesinas e indígenas, eran claramente afectados” (pp.103-104).  Y ello es debido a que, como afirma Francisco Durand, “el Estado no ha desarrollado, en paralelo, buenas capacidades regulatorias ni ha mostrado voluntad de fiscalización. Todo lo contrario, se ha caracterizado por tener políticas y actitudes permisivas”

           Es por ello que este mes tuvimos que seguir observando la rebeldía de la Empresa Doe Run, que tiene la concesión en el Complejo Metalúrgico de La Oroya  y cuya irresponsabilidad ha colocado a La Oroya en el triste record de ser una de las ciudades más contaminadas del planeta.  Así como también lamentar dos serios “accidentes” ambientales: uno, el derrame de cerca de 400 barriles de petróleo por parte de la empresa PlusPetrol en San José de Saramuro en el río Marañon, que dejó sin agua a diversas comunidades Kukama-Kukamilla que habitan dicha zona. PlusPetrol tiene un increíble record de 78 derrames de crudo, entre noviembre 2006 y mayo del 2010, en diversas zonas de nuestra Amazonía donde opera.

           El otro “accidente” ocurrió el 26 de junio, cuando colapsó un relave minero, de la empresa Caudalosa Chica, que vertió al río Opamayo (en Huancavelica) 50 toneladas de desechos tóxicos (con restos de plomo y zinc) y cuyas consecuencias han llegando hasta los ríos de la provincia de Huanta, en Ayacucho. En ambos casos, los problemas se veían venir, pero ni las empresas ni el estado tomaron las medidas del caso. La ONG Desco nos recuerda que los desperfectos que llevaron a ello “fueron detectados en el año 2009 por OSINERGMIN, pero este organismo no realizó un seguimiento exhaustivo de la mejora de estas deficiencias”.

           Y agregan:  “Se nos dice hasta el cansancio que el Perú debe propiciar la inversión y  se nos recalca que los inversionistas salvarán nuestras hambres; pero nada se dice y menos se actúa, sobre el control ambiental y  la reducción del impacto (…) El gobierno se muestra débil con los inversionistas extractivistas y mineros que no cumplen con los más elementales códigos de ética y, en cambio, se dedica a perseguir a dirigentes indígenas y campesinos, así como a sacerdotes sensibilizados con la pobreza y los temas ambientales.  Mientras tanto, los relaves de Huancavelica, el petróleo y otros desechos tóxicos contaminan los ríos ante el estupor ciudadano, y Doe Run se burla de la legislación peruana, sin recibir sanción alguna.”

          En ambos casos, el acceso al agua por parte de la población ha quedado seriamente restringido. Recordemos que la Defensoría del Pueblo sostiene que: “el derecho de acceso universal al agua de calidad apta para el consumo humano, en cantidad suficiente y de fácil acceso para los usos personal y doméstico de las familias, es un derecho que hace posible la materialización de otros derechos, como el derecho a una alimentación y vivienda adecuadas, a un medio ambiente sano y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, relacionados directamente con el derecho a la vida y a la dignidad humana, consagrados tanto por normas nacionales como internacionales”.

          El mes que pasó este tema estuvo en el centro del debate. Lo motiva el hecho de que cuarenta años después de la Reforma Agraria (1968) poco a poco la tierra se ha ido  reconcentrando en nuestro país, incluso a niveles mayores que los que existían en ese entonces. Esto ha sido posible porque al amparo de la Constitución de 1993 empezaron a darse una serie de leyes para liberalizar nuevamente el mercado de tierras. En 1968 el mayor predio agrario tenía 29,383 hectáreas y era la hacienda Casa Grande, del grupo Gildemeister. Hoy, los Rodríguez Banda (Grupo Gloria) posee cerca de 60 mil hectáreas y el grupo Oviedo 21,800 Has. La reciente alza de precio del azúcar hizo ver el gran poder que el grupo Gloria ha ido acumulando.

           Como señala Caretas, citando a Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES): “La concentración de la propiedad es concentración de poder económico, pero también político y social. La influencia que los grandes latifundistas de hoy podrían tener sobre los gobiernos locales y regionales puede ser muy grande. Recordemos lo que era el poder gamonal antes de la reforma agraria".

           Eguren afirma que: “Un total de 225,000 hectáreas ya se encuentran en manos de un puñado de 34 empresas agroindustriales. En La Libertad se tienen 100,000 hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque hay 28,000 ha. y sólo de 2 propietarios; en Piura, 31,800 ha. y 7 propietarios; en Ica 13,000 ha. y sólo 8 propietarios”. Y agregan “está hablando de predios de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, que equivalen a toda la cuenca del Rímac desde San Mateo hasta Miraflores y Jesús María. Las circunstancias específicas de dominio de mercado en la industria del azúcar son tema de una discusión legítima”.

           Por ello en el Congreso se presentó un proyecto de ley que buscaba limitar la propiedad agraria a 40 mil hectáreas en la costa. Este tema ha causado divergencias incluso al interior del APRA; mientras algunos favorecen el establecimiento de límites a la propiedad agrícola (Jorge del Castillo), otros no desean que exista límite (Alan García) asumiendo la posición que tienen sobre este tema gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), así como también el diario El Comercio, entre otros.

           H. Campodónico nos recuerda que en “Estados Unidos y Europa existen Comisiones -creadas por ley- que regulan las fusiones y adquisiciones (F&A) de empresas para impedir la concentración excesiva en manos de un solo propietario [dado que] afectan a todos, consumidores, empresarios, académicos, reguladores o autoridades”.  Y agrega algo sumamente importante: “hay que tener claro que la propiedad de la producción condiciona directamente el consumo: a mayor concentración de la propiedad, mayor desigualdad en la distribución del ingreso”

           Una de las principales razones que se esgrimen para favorecer la concentración de la tierra es la necesidad de promover la eficiencia, competitividad e ingresos adecuados para nuestros agricultores. Al respecto Germán Alarco señala que: “Se pueden tener plantaciones agrícolas eficientes y rentables con superficies muy por debajo de los límites planteados. Estos varían de acuerdo al cultivo, tecnologías e inversión. Una propiedad de 20-40 hectáreas de uvas para exportación es perfectamente eficiente. En el caso de los espárragos 100-200 hectáreas. En cítricos con 10-20 hectáreas se pueden tener excelentes resultados. Con maíz, al estilo de las granjas norteamericanas, con 250-500 hectáreas se alcanzan economías a escala”

           Efraín Gonzáles de Olarte opina en cuanto al impacto de la concentración de la tierra en la desigualdad: “Propiedades de gran tamaño generan economías de escala y reducen costos, pero necesitan mucho capital y relativamente poca mano de obra. Esto lleva a la concentración del ingreso en manos del dueño del capital y de la tierra y a pocos ingresos de los trabajadores. En consecuencia, las grandes propiedades modernas tienden a agudizar la desigualdad. Sin embargo, las grandes propiedades con tecnología moderna tienden a producir alimentos o materias primas baratos. Es decir, favorecen al bienestar de los consumidores urbanos, lo que hace que los ingresos urbanos tengan más capacidad de compra; o sea, reduce la desigualdad”.

           Un poderoso incentivo para la reconcentración de la tierra, además de la agro-exportación, lo constituye el desarrollo de la materia prima para los biocombustibles. Como es de conocimiento público ante el problema del cambio climático debido al calentamiento global, se ha propuesto lo que se  llama “cambio de la matriz energética”. Actualmente, a nivel mundial,  esta descansa en un 85% en el petróleo, 7% en energía hidroeléctrica, 7% en energía nuclear y 1% en energías renovables. Se sostiene que los combustibles fósiles (petróleo, carbón)  emiten gases “efecto invernadero” y por ello hay que cambiarlos por otras fuentes de energía como la nuclear  o las llamadas energías renovables (que no se agotan) como: la solar, la éolica, la geotérmica, la mareomotriz y la hidráulica.

          También se habla de desarrollar energía producida por biomasa, es decir por leña y los residuos de la actividad agrícola y ganadera, así como también de los biocombustibles, a base de caña de azúcar, soya, palma aceitera y otros. Sin embargo, esta última propuesta de biocombustibles hoy también es objeto de polémica, pues se discute apasionadamente si son mitigadores o no, es decir, si permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por mucho tiempo se dijo que sí, pero un estudio del gobierno británico, filtrado al The Times de Londres en marzo del 2010 y al cual hace referencia el diario peruano La República, parece indicar que no. 
           
           Según dicho estudio “los biocombustibles utilizados en los motores de automóviles son más contaminantes que el diesel” ya que “el combustible a base de aceite de palmera incrementa las emisiones en un 31 por ciento, si se tiene en cuenta el carbono liberado en el proceso de conversión de bosques o prados en plantaciones”.  Algo similar pasa con los biocombustibles a base de soja y de colza. En respaldo a dicha afirmación se dice que “La expansión de la industria de aceite de palma en Indonesia ha convertido a ese país en el tercer emisor de C02 después de China y Estados Unidos”           Se señala que el informe no ha recibido una amplia difusión debido a que pondría en peligro la industria europea de biocombustibles que recibe más de 3,300 millones de euros al año en subsidios.

           La tendencia a la concentración de la tierra no es exclusiva de nuestro país; es una situación que se está presentando a nivel mundial, impulsada fuertemente por los bio combustibles y el alza de los precios de alimentos en el 2008. Dicha tendencia se ha  intensificado luego de la crisis financiera mundial.
Otra razón para esta tendencia mundial es la preocupación de ciertos gobiernos por garantizar su seguridad alimentaria. El Foro Solidaridad Perú nos dice que: “EE.UU., la Unión Europea, China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y otros países están exportando su inseguridad alimentaria utilizando la tierra barata y el agua de otros países para alimentar a su propia población”.

           Es así que grandes extensiones en África, América latina, Asia y Oceanía, e incluso en Europa han sido adquiridas por Gobiernos, fondos de inversión, corporaciones e individuos millonarios. Ello afecta a miles de campesinos sin tierra ni agua suficientes para producir para el consumo local. N´Diogou Fall, de la Red de organizaciones de productores y campesinos de África Occidental denunció en junio del 2009 que “Comunidades enteras han sido despojadas de sus tierras para beneficio de inversionistas extranjeros.

          Action Aid señala que: “compañías europeas de biocombustibles han adquirido o solicitado unos 4 millones de hectáreas en África. Esto ha llevado al desplazamiento de gente, ausencia de consultas y compensación, promesas rotas sobre salarios y oportunidades laborales”. Este fenómeno de concentración de la propiedad agrícola también se repite en el Perú. El grupo norteamericano MAPLE tiene ya 11 mil hectáreas produciendo etanol en Piura, y el grupo Romero tiene al menos 13'500 has. de agro combustibles entre Piura y San Martín, sin contar los bosques que está deforestando sin autorización en la zona de Barranquita .

          El conocido financista internacional, George Soros, en junio del 2009, señaló al respecto: ”Estoy convencido que la tierra agrícola va a ser una de las mejores inversiones de nuestros tiempos. Eventualmente, por supuesto, los precios de los alimentos serán lo suficientemente altos como para que el mercado se inunde con la producción en nuevas tierras o con nuevas tecnologías, o con ambas, y este gran mercado se acabe. Pero eso está aún muy lejos”.

FUENTES CONSULTADAS

Alarco Tosoni, Germán “Cortina de Humo” La Primera, 16 de julio del 2010

BBC Mundo, En el mundo "hay más pobres" de lo que se piensa”, 14 de julio del 2010.

Campodónico, Humberto, “Propiedad de la tierra: dos varas y dos medidas”
La República, 16 de julio del 2010

Caretas “El Neolatifundio. Mayúscula concentración de tierras en la agroindustria exige regulación”,
15 de julio del 2010

De Echave, José “Industrias Extractivas a la fuerza. Las concesiones mineras y petroleras se expanden, los derechos de las poblaciones se recortan” en Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2009-2010 (Lima, Oxfam, 2010)

Debate sobre indicadores de pobreza 2004-2007, p. 11

Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Nº 124 El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: El Caso de las Municipalidades Distritales (setiembre 2007) pp. 19-20.

Del Alamo, Oscar, “Crecimiento con Desigualdad en el Perú: un escenario de conflictos” en Argumentos. Revista de Análisis Social del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Año 4, N°1, marzo 2010, p.32.

Desco Programa Sierra Centro, “Cazadores de brujas y relaves mineros” Desco Opina Regional , 16 de julio del 2010

Durand, Francisco, “Un estado en retirada. El nuevo mapa del poder económico en el Perú” en Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2009-2010 (Lima, Oxfam, 2010) p. 18-19

Forum Solidaridad Perú, “Tras crisis financiera capitales se refugian en propiedad de la tierra”, 16 de marzo del 2010.

Efraín Gonzáles de Olarte, “Tierras y equidad”, El Comercio, 19 de julio del 2010

Grain, “Los nuevos dueños de la tierra. Inversionistas corporativos encabezan la carrera por controlar tierras agrícolas en el extranjero” (octubre 2009) en www.grain.org

La República “Biocombustibles contaminan el ambiente más que el diesel” 2 de marzo del 2010.

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Country Briefing: Peru. Multidimensional Poverty Index (MPI) At a Glance (July 2010) Se puede bajar de www.ophi.org.uk

Trivelli, Carolina, con la colaboración de Ramón Diaz y la asistencia de Chris Boyd, “Las caras de la pobreza. Los pobres siguen siendo los mismos y muchos”, en Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2009-2010 (Lima, Oxfam, 2010).

           En este libro, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y la encuestadora Latinobarómetro buscan entender la relación que existe entre la economía objetiva y la percepción subjetiva de la población al respecto. Para ello relacionan datos provenientes de las encuestas de hogares de los países de la región con información sobre opinión pública proveniente de las encuestas que anualmente realiza Latinobarómetro desde el año 1995.  A continuación presentamos algunos extractos de este interesante documento. Como siempre, los subtítulos son nuestros.

La situación

           Los autores afirman que “Una primera mirada global a la evolución de las percepciones de inequidad distributiva en América Latina indica que estas se han mantenido persistentemente altas en el período de 1997-2007, con muy pocas fluctuaciones. El 80% de la población de la región considera injusta la distribución del ingreso en 1997; esto aumenta al 87% en 2002, coincidiendo con el impacto negativo de la crisis asiática, para disminuir a 78% en 2007, después de cinco años de crecimiento sostenido. Es decir, una crisis y el período de mayor prosperidad que ha tenido la región en los últimos cuarenta años no incidieron de modo significativo en la percepción de justicia en la distribución del ingreso. Así, las percepciones de una alta inequidad distributiva coinciden, en términos agregados, con la profunda desigualdad objetivamente existente en América Latina. Esto implica que la población es consciente de las asimetrías distributivas” (p.89).

           Esto se ve agravado por “La crisis de las instituciones, la consolidación de un esquema de mercado de todos contra todos, la precarización del empleo (…) [que] estarían conduciendo a un escenario anómico en muchas ciudades latinoamericanas (p.127).

A quienes afecta más la desigualdad

           A continuación nos señalan que en nuestra región las profundas desigualdades existentes afectan sobre todo a los pueblos originarios y afrodescendientes, a las mujeres,  y a los pobres en general.

a) A los indígenas

           Señalan que: “En cuanto a las minorías étnicas, en éstas se evidencian tasas de extrema pobreza (indigencia) más altas que en el resto de la población”. Al mismo tiempo, dicha población “especialmente aquella que reside en zonas rurales, presenta una situación peor que el resto de la población en indicadores de hacinamiento, desnutrición y acceso a agua potable y servicios sanitarios y, en consecuencia, evidencia mayores tasas de mortalidad infantil. De igual modo, los pueblos originarios cuentan con menores niveles de escolarización y tienen niveles más bajos de alfabetización que la población no originaria, lo cual constituye un déficit de capital humano que amenaza con contribuir a la reproducción de la pobreza y la exclusión social entre las generaciones” (p.84).

           Y agregan que: “Los problemas de exclusión material y simbólica que afectan a los pueblos originarios son obstáculos para la vigencia de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Por tanto, el reconocimiento, la promoción y la garantía de los derechos fundamentales de las minorías étnicas y culturales son esenciales para que sus miembros logren la autonomía, se integren socialmente y puedan ejercitar plenamente la ciudadanía”(p.105).

           Esto es percibido claramente por dicha población, es así que señalan que “las opiniones de que las minorías étnicas son los grupos más discriminados tienen un mayor peso en los países más heterogéneos desde el punto de vista étnico-racial y en la población que se identifica como perteneciente a los pueblos originarios o afrodescendientes” (p.151).

b) A las mujeres

           A pesar de que la región ha tenido importantes avances en lo que se refiere a equidad de género en cuanto se refiere a “la creciente paridad en el acceso, la progresión y la conclusión de los distintos niveles educativos por sexo, existen todavía grandes barreras para el logro de mayores grados de autonomía en las mujeres. En comparación con los hombres, éstas son afectadas por mayores tasas de pobreza, tienen menores niveles de independencia económica derivados de su participación más baja en el mercado de trabajo y de su sobrecarga en labores domésticas y de cuidado, y cuando participan laboralmente obtienen empleos de peor calidad y con remuneraciones menores. A estos problemas se agregan las brechas existentes en el campo de la representación política, donde los países de América Latina se encuentran lejos de alcanzar la equidad de género” (p.84).

           Por ello señalan la necesidad de que los países realicen esfuerzos para promover los derechos de la mujer ya que: “En la actualidad, los principales desafíos de equidad de género en América Latina parecen estar vinculados a las persistentes asimetrías en la economía del cuidado, y en la sobrecarga para las mujeres cuando estas desempeñan tareas domésticas y al mismo tiempo proveen ingresos laborales para los hogares, en las brechas existentes en el mercado laboral de participación o por disparidades salariales (por mencionar algunas), y en los campos sociopolíticos y culturales, donde destacan demandas como una mayor representación política y reconocimiento de los derechos y del aporte que realizan las mujeres a la sociedad” (pp. 115-116).

c) A los pobres en general

           Los autores señalan que “entre 2001 y 2008 las percepciones de que los pobres son el grupo social más discriminado se incrementaron bastante en Perú, México, Brasil y Panamá. En los tres primeros países, los pobres desplazaron a las minorías étnicas como el grupo más discriminado (…) Y más allá de las tendencias por países, el que los pobres sean percibidos como el grupo social más discriminado en muchos países de la región manifiesta la necesidad de políticas sociales más incluyentes y multidimensionales (p.108).

Importancia de tener en cuenta los factores subjetivos para combatir la desigualdad

           En esta investigación se  señala que en el combate a la desigualdad, importan tanto las transferencias materiales como las medidas de inclusión simbólica. Es así que afirman que: “las políticas orientadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad deberán ir más allá de las transferencias materiales, y convertirse en iniciativas de inclusión simbólica de identidades sociales tradicionalmente devaluadas y discriminadas, donde tendrá importancia creciente la redistribución de bienes simbólicos como la dignidad, el reconocimiento y la posibilidad de influencia” (p.14) “de identidades y grupos sociales tradicionalmente devaluados y excluidos (las mujeres, las minorías étnicas y los pobres), a fin de promover una mayor inclusión”(p.154)  Para ellos la desigualdad es un fenómeno multidimensional y por tanto se requiere intervenciones que atiendan los diferentes aspectos de la misma: económicos, sociales, políticos y culturales (cf. pp.81 y 154).

La percepción de bienestar está condicionada por las brechas sociales

           Al respecto afirman que: “En promedio, la sintonía entre el crecimiento y el sentimiento es mayor mientras menor es la brecha social” (p.61, subrayado en el original). Ya que: “el crecimiento impacta más positivamente en la disminución de los problemas económicos en los países donde hay menos brecha social. Mientras más brecha social tenga un país, menos impacto en los problemas económicos tiene el crecimiento (p.44). Pues: “en los países de la región en donde hay una mayor inequidad social predomina el pesimismo económico, mientras que en los países con menor inequidad se registra un mayor optimismo económico (p.47). Estamos frente a “una consecuencia más de las desigualdades: esta aumenta la estrechez de las expectativas (p.51). Es decir: “el impacto del crecimiento en la economía genera mucho más optimismo en los países menos desiguales. (p.69).

           En otras palabras “los problemas estructurales que tienen los países de bajos niveles de PIB [Producto Interno Bruto] per cápita, y altas brechas sociales, no se solucionan con el crecimiento económico. Una comprobación empírica de una vieja discusión que ha estado teñida de juicios ideológicos, que estos datos vienen a despejar” (p.44). Es por ello que en el periodo 1996-2008 hay  cinco países (Colombia, el Ecuador, El Salvador, Nicaragua y el Perú) donde el pesimismo económico de su población está acompañado de un gran malestar social (cf. p.74).

Importancia de que la política social tome en cuenta la estratificación social

           Uno de los resultados de la investigación destaca que: “Las políticas sociales, destinadas a atacar solamente los problemas de las brechas sociales, no apuntan a la totalidad del problema, ya que dejan de lado el problema estructural de la estratificación” (p.78). “La manera como está estratificada la sociedad termina siendo, de alguna manera, un determinante de las expectativas. A mayores grados de movilidad social, mayores niveles de expectativas (…) Esto tiene grandes implicancias para las políticas sociales, porque indica que las inequidades están ancladas en la estructura de las sociedades, y se requiere una transformación de esas estructuras para poder desmantelarlas” (p.77).
           
El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) importa

           Los autores destacan que “el crecimiento del PIB por habitante importa, pero también importa la manera como se distribuyen sus beneficios (las brechas sociales de los países), no solo en términos del bienestar presente sino también en el futuro. En términos prácticos, esto significa que los países deben continuar haciendo esfuerzos para asegurar un crecimiento sostenible de sus economías y para garantizar que los beneficios del desarrollo se distribuyan de modo más equitativo en la población” (p.154).

Pero la distribución también

           Por ello el informe señala la necesidad de aumentar la tributación para afrontar los desafíos señalados pues: “En América Latina, a pesar de que el porcentaje que representan los ingresos tributarios con respecto al PIB aumentó de 14,6% en 1995 a 18,4% en 2008, estos valores se encuentran muy lejanos de los apreciados en la Unión Europea (carga tributaria de 39,5% del PIB al 2006) y en los Estados Unidos (28,2% también en ese año)”. Además, “la estructura tributaria de la región es más regresiva que la de las economías desarrolladas, y contribuye a hacer de América Latina una de las regiones más desiguales” (p.138).

            Ello hace que “el conflicto entre ricos y pobres sea más saliente para la población de la región que los conflictos relacionados con la etnicidad, lo cual difiere, por ejemplo, con la situación de los países de Europa occidental. Además, en tanto se incrementa la concentración distributiva en los países de la región, aumenta la percepción de conflicto entre las clases” (p.151). Y agregan que “El hecho de que las percepciones de la población se encuentren tan marcadas por sus identidades sociales de clase, etnia y género constituye un indicio de que vivimos en sociedades fragmentadas y segmentadas, en las que los vínculos entre los distintos grupos sociales están muy erosionados. Así pues, una de las tareas de las instituciones es recrear los vínculos intergrupales, generar espacios comunes que permitan aumentar el sentido de pertenencia a un nivel agregado, a partir del reconocimiento de la diversidad y las particularidades de los otros.

            Para realizar esta tarea, las instituciones deberán disponer de un financiamiento suficiente, lo que requiere, como lo ha planteado la CEPAL en reiteradas ocasiones, de la constitución de un pacto de protección e inclusión social que concite un amplio apoyo ciudadano” (p.155).

Tras unos días de espera, el Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto emitió resolución en el proceso de Hábeas Corpus presentado por el hermano religioso Paul Mc Auley, de nacionalidad británica. Como es de conocimiento público, en este proceso se cuestionó la decisión del Ministerio de Interior de cancelar la residencia del religioso en el Perú, otorgada el año 2006, argumentando que ha participado en actividades que afectan el orden público.

Según la resolución, se han violado fundamentalmente los derechos constitucionales a la defensa, a la asociación y la libertad de tránsito: “no se le ha dado la oportunidad al hoy demandante dentro del debido proceso administrativo a ejercer su derecho a la defensa”. Se señala también que “la restricción o limitación del derecho de asociación resulta injustificada a la luz de este principio, lo que deviene en una intervención ilegítima del derecho de asociación”. Finalmente precisa que ello constituye una amenaza cierta e inminente de la libertad de tránsito. En atención a estos argumentos, la magistrada declaró fundado el hábeas corpus, ordenando “el cese de los actos que obstaculicen, perturben o incomoden al ejercicio del derecho al libre tránsito del demandante como residente extranjero en el territorio Nacional Peruano y a no ser expulsado del país, ni impedido de ingresar al territorio nacional”.

La sentencia nos parece ajustada a la Constitución y adecuadamente motivada. Lo único que ha hecho la magistrada es cumplir con su función, es decir, proteger un derecho constitucional. Sin embargo, creemos que en este caso no solo estaban comprometidos el derecho a la defensa, a la asociación y el derecho a la libertad ambulatoria. Además, la decisión del Ministerio del Interior, violó abiertamente el derecho constitucional a libertad de reunión, y un conjunto de derechos y principios conexos como el derecho a la participación política, la libertad de expresión y opinión, la garantía de motivación de toda decisión. También se violaron los principios constitucionales de pluralismo, tolerancia, y el principio de interdicción de la arbitrariedad. Finalmente, se pretendió sancionar a una persona por organizarse para demandar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución en materia de protección del medio ambiente sano.

Por cuestiones de espacio, nos centraremos en el derecho de la libertad de reunión que da cobertura al ejercicio de la protesta política. En función de este derecho, tenemos tres críticas a la decisión del Ministerio del Interior. En primer lugar, que las actividades de Mc Auley tiene protección en el derecho a la libertad de reunión. En segundo lugar, que nunca el Gobierno probó de manera objetiva la violación al orden público. Tercero, y como consecuencia de lo anterior, que ante la falta de claridad y la ausencia de un elemento probatorio del orden público, opera el principio a favor de la constitucionalidad de la protesta realizada.

Si bien el artículo 63 inciso 1 de la Ley de Extranjería (Dec. Leg. 703) establece que procede la cancelación de la residencia del extranjero que realice actos contra el orden público, el Ministerio del Interior olvida que las marchas y protestas a favor de la protección del medio ambiente no son actos ilegales e inconstitucionales sino, por el contrario, son actos que gozan de cobertura y protección. La libertad de reunión es un derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 2.12 de la Constitución, y que consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. En el caso en cuestión, este derecho se concreta y se materializa en la participación en actividades como manifestaciones públicas, marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios o electorales.

Ciertamente, para nadie es un secreto que estas protestas sociales a veces recurren a actos violentos y vandálicos. En tales casos debemos ser conscientes que las mismas, como manifestación y concreción del derecho constitucional de reunión, se encuentran sujetas a límites. En efecto, para que la protesta sea considerada como una legitima manifestación del derecho a la libertad de reunión, debe ejercerse pacíficamente y sin armas, y no afectar derechos de terceros. Además la finalidad y los medios de esa protesta deben estar ajustados a la Constitución.

En relación con este caso, la Resolución del Ministerio del Interior señala que “Paul Michael John Mc Auley se encuentra presidiendo la Asociación Red Ambiental Loretana registrada el 10 de febrero del 2006 y que desde la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como marchas de protesta por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público los mismos que se detallan en el Atestado”.

Nótese que lo único que dice la Resolución es que Paul Mc Auley ha participado en marchas de protesta, pero no ha probado en forma objetiva, la afectación del orden público. La participación en marchas de protesta per se no amenaza el orden público. Además, en la resolución materia de análisis no hace referencia a actos de violencia y vandalismo. Como señala el Tribunal Constitucional (TC) “los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser ‘probados’. No deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas” (STC 4677-2004-PA/TC, f.j. 18).

Es más, el TC recoge el principio de favorecimiento del derecho de reunión, según el cual “si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos y valores dignos de protección constitucional, aquellas tendrían que resolverse con la aplicación del principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzcan dichos resultados”.[1]En este caso, en aplicación de este principio, debemos de concluir que no se ha violado ni amenazado el orden público.

La conclusión es evidente: la participación de Paul Mc Auley en marchas de protesta social pacífica constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional de reunión, y la resolución de Ministerio del Interior no ha demostrado que se hubiera producido una afectación objetiva y probada.

En un contexto donde cada vez más se habla de la criminalización de la protesta, lo que le ha ocurrido a Mc Auley bien puede convertirse en un caso paradigmático para recordarle al gobierno y a los ciudadanos en su conjunto, que todo peruano tiene derecho a protestar, pues se trata de la manifestación de un derecho constitucional, siempre que se ejerza dentro de los márgenes establecidos.