Instituto Bartolomé de Las Casas

INDICADORES SELECCIONADOS DE BIENESTAR

POR ÁREA
DE RESIDENCIA, 2004 – 2009

SEGÚN ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, 2009

SEGÚN ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, 2009

Disponible en http://www.cidh.org

Los datos del problema

La MCLP nos dice que “De acuerdo con las últimas cifras de pobreza proporcionadas por el INEI para el 2009, el 60.3% de la población rural se encuentra en situación de pobreza monetaria (…) La pobreza afecta más a las poblaciones indígenas. La información disponible muestra que el 67.8% de la población rural cuya lengua materna es considerada una lengua nativa, lo que incluye el quechua, el aymara y otras lenguas nativas, se encuentra en situación de pobreza. En el caso de la población rural de habla castellana, la incidencia de la pobreza monetaria es del 54.8%.

La asociación entre pobreza y actividades como la agricultura, pesca y minería es clara; según el INEI: “los datos obtenidos dan cuenta que la mayoría (81.2%) de PEA ocupada pobre extrema se encuentra realizando actividades relacionadas a la agricultura pesca y minería respectivamente, mientras que los no pobres que laboran en esta actividad es el 21.0%” (p.3)

Particularmente preocupante es el caso de la alta proporción de niños rurales menores de tres años que sufren de anemia: 56.7%.  La MCLP señala que la baja presencia de hierro en la sangre limita el desarrollo cognoscitivo de los niños, lo que disminuye sustancialmente sus posibilidades de desarrollo social y económico.

La apuesta por poner en valor nuestra biodiversidad

Para la MCLP, dado que nuestro país es mega diverso, debemos aprovechar ese capital natural  para “generar una renta estratégica significativa para el desarrollo del país en las 84 zonas de vida, las once ecorregiones naturales que caracterizan nuestro territorio”. Es así que nos dice que  “Se requiere poner en valor la diversidad biológica e identificarla como una ventaja comparativa de alta significación regional y global, buscando que su aprovechamiento sostenible beneficie a las poblaciones rurales de acuerdo con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica que el Perú ha suscrito así como de la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y en su caso las estrategias regionales sobre diversidad biológica, existentes” (p.6).

Algunas de las medidas propuestas

La MCLP propone como estrategias de reducción de la pobreza el desarrollo de capacidades (con enfoque multicultural, de género e intergeneracional); así como la capitalización y diversificación de la pequeña producción rural, buscando con ello mejorar la calidad de la alimentación y los ingresos de la población. Asimismo, elevar la rentabilidad de los pequeños productores rurales mediante la mejora de los servicios e infraestructura orientados a la producción, el acceso a mercados, financiamiento y tecnología. Consciente de que nuestro país estará entre los tres países más afectados por el cambio climático, propone también medidas de   adaptación al mismo, gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidades frente a desastres. Por último, pero no menos importante, propone fortalecer la institucionalidad social y pública.

Esperamos que esta importante iniciativa de la MCLP sea acogida tanto por el estado, la sociedad civil y el sector empresarial, pues beneficiará a un importante sector de la población nacional. Efectivamente,  Carolina Trivelli (Economista, del Instituto de Estudios Peruanos) señala que “Lo rural es más, mucho más, que lo que el INEI considera como tal (…) se puede afirmar que de los cerca de 15 millones que viven en centros poblados de menos de 100 mil habitantes, 72% tienen un vínculo estrecho con lo rural (se refiere a los hoga­res que realizan actividades rurales)” Y que el 40% del ingreso del total de hogares ubicados en ciudades pequeñas proviene de actividades rurales”

El gobierno solicita al Congreso que “a fin de evitar todos los efectos negativos en el clima de inversiones del país” se incluya el siguiente párrafo “Sí, ejecutado el proceso de consulta objeto de la presente Ley, no se arribase a un acuerdo o consentimiento respecto de la medida legislativa o administrativa propuesta, la entidad estatal competente decidirá conforme a sus atribuciones constitucionales y legales” (p.3). También exige precisiones en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley de Consulta, es decir al tipo de medidas administrativas y legislativas que deben ser consultadas, así como también en cuanto a quiénes se consideran pueblos indígenas. Según el parecer gubernamental esto no se aplica para las comunidades andinas.

Un comunicado del Instituto de Defensa Legal, (IDL) resume bien la respuesta de diversos sectores frente a la decisión gubernamental, de total rechazo a  “los fundamentos invocados por el Ejecutivo pues no resultan consistentes. Muy por el contrario, ellos dejan traslucir la ausencia de voluntad política para aprobar esta ley. En efecto, esto se evidencia cuando el gobierno invoca que no existe derecho de veto, lo que ha sido suficientemente aclarado en el debate; o cuando se precisa que el Estado debe privilegiar el interés de todos los ciudadanos, lo que es evidente; o cuando el gobierno señala que esta ley puede retrasar o detener el desarrollo del país; o cuando, de manera insólita, señala que las comunidades campesinas del Perú no son titulares de los pueblos indígenas porque son mestizos”.

En cuanto al temor del gobierno de que dicha ley afecte las inversiones, el abogado Juan Carlos Ruiz, en declaraciones a Idéele radio,  señaló que este temor es infundado pues: “el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo emitieron políticas de trabajo en los cuales establecen como condición para préstamos al sector privado que se realice un proceso de consulta, [es decir] esta banca multilateral establece esto como requisito de préstamo, pero, sin embargo, en nuestro país la Confiep [Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas] y sectores vinculados al sector empresarial tiene cierto miedo”.

Y en cuanto a que la ley generará ingobernabilidad, Juan Carlos Ruiz remite al ejemplo colombiano, donde “el presidente Álvaro Uribe que es un presidente conservador ya emitió una directiva donde establece que todo funcionario público tiene que realizar la consulta. Es más, hay una dirección de etnias en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior que han establecido una política de respeto a la consulta y en Colombia no se ha ido la inversión privada y no se ha generado ingobernabilidad”.

Esta decisión del gobierno ha sido fuertemente criticada por  diversos sectores de la sociedad peruana. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La considera “verdadero error y fraude” que  amenaza seriamente los derechos humanos de los pueblos amazónicos.

Esta realidad volvió a ponerse de manifiesto con ocasión de celebrarse el 12 de junio “El Día Mundial contra el Trabajo Infantil”. Siempre en esa ocasión se vuelve a presentar la polémica entre los que plantean que dicho trabajo debe ser erradicado (abolido) liderados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT);  y aquellos que piensan que es una realidad inobjetable en nuestra sociedad y que lo que hay que hacer es reglamentarlo para lograr un “un mundo con trabajo digno para los niños, niñas y adolescentes”.

Entre los segundos se encuentra el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos- MANTHOC que habla a partir de la experiencia de los niños y adolescentes trabajadores.  Su propuesta es posibilitar un trabajo digno para los niños, niñas y adolescentes que trabajan. Ellos sostienen que los primeros, a pesar de sus buenas intenciones de ir hacia

“Hacia un mundo sin trabajo infantil” en realidad generan políticas discriminadoras como los Convenio 138 y 182 de la OIT.  Afirman que el primero: “excluye a los niños que están por debajo de los 14 años ubicándolos en la informalidad para trabajar” y el segundo “considera la pornografía infantil y la utilización de niños en conflictos armados, como peores formas de trabajo infantil” siendo para ellos “delitos condenables de explotación infantil que no se puede permitir”.

Piden “Al estado y a los organismos internacionales (OIT), invertir en las políticas educativas que articulen la educación desde el trabajo, esto permitirá desarrollarnos como mejores personas que  repercutirá en la construcción de una nueva sociedad (…) una sociedad justa, solidaria, humana e incluyente”.

De similar opinión son los docentes de la “Maestría en Política Social con mención en promoción de la infancia” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos señalan que el trabajo infantil en nuestro país en lugar de disminuir tiende a aumentar, habiendo pasado de dos a más de tres millones de menores en dicha situación, lo que a su parecer demuestra “que la apuesta abolicionista del denominado trabajo infantil ha fracasado rotundamente en nuestro país en relación a su objetivo central. Por encima del fracaso evidente, esto demuestra que el camino seguido es el no valido, el errático”.

Además señalan que la posición abolicionista que comparte el estado peruano niega protagonismo a la niñez trabajadora organizada. Afirman que los “niños, niñas y adolescentes trabajadores de la región latinoamericana son acallados por la prédica de los alineados por el abolicionismo en abierta negación del derecho humano de la infancia, en seria omisión de los artículos de la “Convención sobre los Derechos del Niño” que sostienen la libertad de pensamiento, de asociación y de opinión de la niñez”

Nos hablan también del “desinterés estatal por el sector social niñez y adolescencia trabajadora” y afirman que “Los gobiernos regionales y locales también han heredado la sordera frente a la situación y las demandas de la niñez y adolescencia trabajadora, sus propios servicios y programas hacia la infancia aun son débiles, insignificantes, nada relevantes al menos en términos de la promoción de capacidades de la niñez y adolescencia trabajadora” Afirman que “Es fácil en estos tiempos hablar de la explotación que todos sabemos donde esta (minería artesanal, ladrilleras, picapedreros, reciclaje en basurales, etc.), en qué situaciones se da pero al momento de dar alternativas reales, concretas las voces superan las acciones, es más hasta podemos encontrar inacción”.

Por ello es preocupante que en nuestra sociedad todavía no se haya internalizado dicho aserto.   Este mes diversas asociaciones Afro Peruanas  denunciaron en Comunicado Público la persistencia de la discriminación hacia las poblaciones afro peruanas.  Nos dicen que en nuestra sociedad “el racismo se expresa en las relaciones cotidianas y de manera estructural”. Y que “no tiene una efectiva sanción en la sociedad peruana”. Pero también que el racismo se expresa en  “La ausencia de políticas públicas que generen el desarrollo de la población afro peruana”. Por ello instan al Estado peruano a “cumplir el rol de promover la lucha contra la discriminación en todas sus formas, generando condiciones para la inclusión, desarrollo e igualdad de sus ciudadanos y ciudadanas”. Y a los medios de comunicación a dejar de “dañar la dignidad y vulnerar los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas afro peruanas” con el tipo de contenido informativo y recreacional que transmiten.

Entre las políticas que los representantes del pueblo afro peruano demandan se encuentran: censos y datos estadísticos; acciones afirmativas que garanticen acceso a educación de calidad e inclusión del aporte Afro peruano en las currícula educativas; políticas de salud que tomen en cuenta una perspectiva étnica; garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. A su vez, tomar en cuenta el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala la necesidad de: ahondar en el conocimiento sobre la magnitud y la dimensión del problema de la discriminación en el mercado de trabajo; cumplimiento efectivo de los Convenios 100 sobre igualdad de remuneración (1951) y 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958); y reducir las barreras existentes para la incorporación en condiciones de igualdad de las mujeres”.

También instan a los “empresarios, ciudadanos, ciudadanas, artistas, periodistas, asuman la responsabilidad social y política de generar nuevos modelos de productos, empresas y de consumidores que respeten los aportes culturales de todas las etnias y no reproduzcan estereotipos racistas, sexistas, homofóbicos y cualquier tipo de discriminación”.

Por ello nos preocupa el hecho que el Congreso haya otorgado facultades extraordinarias por 60 días al  Ejecutivo para que dicte leyes relacionadas con el tema (Justicia Militar, uso de la fuerza letal por personal militar, violaciones de derechos humanos, etc.).

Varias instituciones han hecho conocer su disconformidad con dicha decisión del Congreso, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos, y  el Instituto de Defensa  Legal (IDL). El IDL señala que dicha decisión congresal  “podría afectar derechos fundamentales como la vida e integridad física cuando el personal militar haga uso de su  armamento”. Por ello debió ser el Parlamento y no el Ejecutivo quien legisle al respecto. Por otro lado, se “abre la puerta para que el Gobierno apruebe  indebidos beneficios penitenciarios para las personas condenadas  por violaciones de derechos humanos o beneficios penales para las personas que vienen siendo procesadas por estos delitos. En otras  palabras, abre la puerta para una posible “ley de amnistía”  encubierta”.

Al respecto es pertinente recordar lo que afirma la CIDH: “Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (p.13). Y más bien insta a los Estados a “adoptar medidas para impedir que los mismos funcionarios policiales o judiciales (jueces o fiscales) involucrados directamente en los operativos estén a cargo de investigar irregularidades o abusos cometidos en su desarrollo” (pp.92-93).

Y estamos aún más preocupados pues previa a la autorización del Congreso, el Ejecutivo, particularmente su Ministro de Defensa Rafael Rey ha venido llevando a cabo, como afirma Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) “una campaña de desinformación sobre la situación de los militares que se encuentran procesados por violación de DDHH”. Gamarra aclara que “a ningún militar se le investiga o procesa penalmente por el solo hecho de haber participado en la lucha antiterrorista. Las investigaciones y procesos actuales se han abierto estrictamente por hechos aberrantes, que repugnan a toda persona: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas, tortura”. Y a continuación precisa que “solo 369 están procesados, de los cuales 65 ya han sido absueltos y 23 sobreseídos, es decir exonerados de juicio” y apenas 15 han sido sentenciados.

Este sector en el último mes ha visto consolidarse su posición con la increíble sentencia al general PNP ® Alberto Jordán a 18 meses de prisión condicional por haber negociado con la población, en lugar de desalojar a la fuerza el Puente Montalvo en el conflicto de Moquegua, el 17 de junio del 2008. También han recibido condenas cinco oficiales que secundaron su decisión (entre 12 y 18 meses de prisión condicional). La Justicia Militar Policial llama a esto “omisión de cumplimiento de deberes en función operativa”.  Como se recordará, en esa ocasión el Presidente García lo llamó “cobarde” y su decisión significó el fin de su carrera.

Como bien señala Ronald Gamarra, “El general Jordán asumió su responsabilidad como oficial y como ser humano, y enfrentó esta ardua circunstancia logrando la liberación de todos sus efectivos sin que ninguno perdiera la vida y sin que se produjeran víctimas entre aquellos manifestantes descontrolados (…) El general Jordán actuó racionalmente en circunstancias extremadamente difíciles y evito una tragedia, esto es lo fundamental (…) el hombre que, cediendo a un imperativo de prudencia, evitó que el “moqueguazo” desembocara en una masacre en la que hubieran perecido policías y civiles, es sancionado, mientras los responsables políticos y ejecutivos de la tragedia de Bagua, ocurrida tiempo después –empezando por la ex Ministra Mercedes Cabanillas- permanecen impunes. El mundo al revés (…)”

El Congresista de Unidad Nacional, Guido Lombardi, es de similar parecer; en su informe sobre Bagua sostiene que: “la reciente condena de 18 meses de prisión condicional al general Alberto Jordán Brignole, quien evitó un posible derramamiento de sangre en Moquegua, parece una advertencia para quien quiera escucharla: la vida humana importa poco y, como consecuencia, en el mantenimiento del orden público se privilegiará la represión en lugar del acercamiento a la población”  (p.V).

Por su parte Jordán ha señalado que “Los conflictos no aparecen de la nada. Hay una falta de prevención total. Yo envié cerca de 45 informes de inteligencia desde el 29 de mayo en que advertía sobre el problema que se estaba generando en Moquegua.  ¡En Lima nunca procesaron esos informes; no los tomaron en cuenta”! y agrega: “el principio de autoridad no es sacar las armas y arremeter contra la gente. El principio es tener una mesa de diálogo multisectorial en que todos participen. La única autoridad que trabaja en ese tema es la Defensora del Pueblo”

Urge que más sectores de la sociedad civil se pronuncien al respecto. Jordán debió ser premiado y no sancionado, pues se condujo según las normas que la CIDH señala debe tenerse en este tipo de situaciones. Efectivamente la CIDH dice que “sin ninguna excepción, el uso de la fuerza, incluidos los medios de fuerza letales, se desarrollará bajo los principios de racionalidad, moderación y progresividad, considerando siempre: (1) los derechos a proteger; (2) el objetivo legítimo que se persiga; y (3) el riesgo que deben enfrentar los efectivos policiales” (p.48)

Arévalo, Juan Aurelio: Entrevista a Alberto Jordán Brignole “El principio de autoridad es dialogar” en El Comercio 3 de mayo del 2010.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización de Estados Americanos)

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (CIDH, diciembre 2009).

Disponible en  http://www.cidh.org

Gamarra, R. ¿Bolognesi o el repase? En La República, 11 de junio del 2010. “Sentenciado por no matar” en La República 14 de mayo del 2010.

Instituto de Defensa Legal (IDL) “inconstitucional delegación de facultades legislativas al  Ejecutivo en materia de: código de justicia militar, ley de uso  de la fuerza y violaciones de derechos humanos” en  Ideelemail Nº 649, del 15 de junio del 2010.

Equipo Profesional de Justicia Viva “Injustificada Observación de la Ley de Consulta Previa por el Gobierno”, 23 de junio del 2010

Lombardi, Guido Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua,    aledaños y otros, determinando responsabilidades a las que haya lugar” del Congreso     de La República. Informe en Minoría del Presidente de la Comisión: Guido Lombardi Elías, de la bancada de Unidad Nacional

MAKUNGU para el desarrollo, CEDET – Centro de Desarrollo Étnico, LUNDU – Centro de Estudios y Promoción Afro peruanos, TODAS LAS SANGRES – Asociación Cultural de Promoción y Desarrollo “Organizaciones afro peruanas denuncian racismo en el país”    Comunicado del 7 de junio del 2010.

MANTHOC Pronunciamiento  Por El Día Mundial Contra El Trabajo Infantil.12 de junio del 2010.

MCLP Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha contra la    Pobreza. Propuesta para el debate nacional, regional y local. (Lima, 20 de junio del 2010).  Se puede bajar de www.mesadeconcertacion.org.pe

Trivelli, Carolina. “Desarrollo rural con quién y para quién”. En Revista Argumentos, año 4, n° 2, mayo 2010.Disponible en

http://www.revistargumentos.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/347/files/trivelli_may o10.pdf ISSN 2076- 7722

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Comunicado del equipo docente de la “Maestría en Política Social con mención en promoción de la infancia” del 12 de junio del 2010.

“Las obligaciones de los Estados Miembros en su vinculación con la seguridad ciudadana, surgen de un plexo normativo integrado por sus deberes de protección y garantía asumidos conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente en relación con el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad y la seguridad personales; y el derecho al disfrute pacífico de los bienes (…) también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de  expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de interés público (pp.230-231).

Altos índices de criminalidad en la región

“Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población. En estos países el Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia (…) Además de los costos en vidas humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía: se ha estimado que el costo de la violencia fluctúa entre el 2 y el 15 % del producto interno bruto de estos países” (pp IX y 11)

Sectores más afectados

A su impacto en la juventud, la CIDH agrega que dicha situación también impacta a la mujer, así señala que “La violencia intrafamiliar y doméstica afecta particularmente a la mujer, pero, en muchos casos, no es tomada en cuenta como un problema de seguridad ciudadana”, existiendo una invisibilización de la misma (p.35). Otro sector particularmente afectado es el “colectivo integrado por personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, frente al riesgo de discriminación ante situaciones de violencia y criminalidad” (p.35). Asi como también los migrantes pues “En muchos países de la región, las personas migrantes no son solamente estigmatizadas y responsabilizadas por amplios sectores de la población del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son víctimas privilegiadas de la criminalidad y de la violencia estatal y privada. A esto deben añadirse riesgos específicos a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, constituidos por la trata y el tráfico internacional de personas y la violencia en las zonas de frontera” (p.38).

Sus causas

La CIDH señala al respecto que “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio (…) dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia. También se argumenta que las llamadas políticas de ajuste estructural han coadyuvado al deterioro del papel de Estado como garante del pacto social de convivencia, han disparado profundos cambios culturales y han debilitado la incidencia de las instancias de socialización tradicionales (la familia, la escuela, el trabajo o las organizaciones de la comunidad) sobre los hábitos y las conductas de las personas (…) es preciso tener en cuenta que aquellos países caracterizados por altos niveles de desigualdad y discriminación son más vulnerables a la delincuencia, la violencia y, con ellas, a las violaciones de los derechos humanos. La reducción de la desigualdad y la discriminación pueden desempeñar un papel crucial en las condiciones de seguridad ciudadana en el hemisferio” (pp. 10 y102).

Prevención

A lo largo de todo el documento la CIDH toma claramente partido por un enfoque preventivo para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la región. Es así que señala que hay que “poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados” (pp.7-8).  Citando a Buvinic, Mayra afirman que “Se estima que por cada dólar invertido en la prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos” (p.25)

Señalan que en la región las experiencias de prevención más exitosas han buscado  “reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares. Asimismo, se destacan los esfuerzos para el rediseño urbano, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables y los sistemas de transporte. También debe hacerse expresa mención a la creación de bolsas de trabajo en las zonas de mayor violencia de las ciudades.(…) técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia”. Así como jóvenes que delinquen por primera vez (p.26).

O Represión

La CIDH critica  el enfoque meramente represivo frente al problema de la seguridad ciudadana. Es así dice que: “Frente a esta situación, en varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas (…) Las políticas que propician el empleo de la privación de la libertad como instrumento para la disminución de los niveles de violencia y las tasas de delincuencia, más allá de lo debatible de su eficacia, han generado incrementos en la población penitenciaria. Sin embargo, la inmensa mayoría de los países de la región no contaban, ni cuentan, con la infraestructura ni con los recursos humanos o técnicos necesarios en su sistema penitenciario para garantizar a las personas privadas de libertad un trato humano” (pp. 100 y 70).

El rol de la policía

Dado su centralidad en el tema, la CIDH dedica amplio espacio al tema de la Policía. Llama la atención sobre las malas condiciones de trabajo en la gran mayoría de los países de la región: sueldos bajos que no les permite un nivel de vida digno, falta de capacitación adecuada, respeto al horario y apoyo psicológico y físico necesarios dado que su labor implica un permanente estrés,  que se respete su derecho a oponerse a ordenes ilegales sin que se les aplique medidas penales o disciplinarias cuando se rehúsan a cumplir una orden ilegal o violatoria de derechos humanos (cf. p.39). Por ello reitera que  “Las fuerzas policiales deben contar con el personal y la infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad (…) los Estados tienen la obligación de proporcionar a sus efectivos policiales los medios, armamento y equipo que permitan la aplicación de medidas de fuerza no letal en sus procedimientos de disuasión y represión legítima de la violencia y el delito” (pp. 34 y 48).

Pero así como aboga por sus derechos, la CIDH también llama la atención sobre el hecho de que “El abuso de autoridad policial en el ámbito urbano se ha constituido en uno de los factores de riesgo para la seguridad individual” Y señala que por ello es importante “impedir que las herramientas legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todos, sean utilizadas para avasallar derechos” (pp. 9 y10). Un obstáculo para ello es que “en varios países del hemisferio, la doctrina policial se mantiene ligada al concepto de orden público, atendiendo antes a la seguridad del Estado que a las necesidades de las personas o grupos que integran la sociedad” (p.33).

Por ello reitera que en el accionar policial  “se requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir” (p.44).

Frente a la permanente tentación de los gobiernos de usar a la Policía para sus propios intereses políticos, la CIDH recuerda que “la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…), sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones. (…) En el derecho internacional y en la propia Constitución Nacional, la actuación de los cuerpos de seguridad en los sistemas democráticos debe responder exclusivamente a los intereses de la sociedad en su conjunto, no a determinadas parcialidades políticas” (p.89).

Algo importante en el contexto actual es su afirmación de que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”  Y agrega “que los Estados deben asegurar medidas administrativas de control que aseguren que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas será excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias y que deben establecer medidas especiales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de la fuerza en este tipo de situaciones”. (pp.91 y 92).

Seguridad ciudadana: tarea policial y no militar

El Informe de la CIDH es particularmente crítico frente a la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana. Señalan que: “dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno” (p.42).

E insisten en que “Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos” (p.43).

Importancia de la participación ciudadana

La CIDH valora el aporte de la Sociedad Civil en el anejo del tema de Seguridad Ciudadana, es así que señala que “En cuanto a las acciones específicas en el marco de la política pública sobre seguridad ciudadana, la participación de la sociedad organizada resulta esencial en la planificación, implementación y evaluación de las medidas que se lleven adelante en el área preventiva, tanto desde el punto de vista social, comunitario, así como en el contexto de las acciones destinadas a la prevención situacional de la violencia y el delito” (p.96).

Y con muy buen criterio, las organizaciones nativas no han querido que se convierta en un acto político, que la Curva del Diablo, en este día, estando a cuatro meses de unas elecciones, se convirtiera en un estrado de campaña electoral. Se oía decir que venía Ollanta Humala, que vendrían algunos congresistas, nadie iba a permitírseles tomar la palabra, para que no se hiciera de ese espacio, casi sagrado   una cancha electoral. No querían banalizar, no querían faltar el respeto a las familias de los caídos, viudas y huérfanos irrazonablemente solos, y tampoco querían jugar con un acontecimiento que conmovió al país entero. Todo el país tendría puesta la mirada en esa tristemente famosa curva.

Han querido pasar la noche del 4 al 5 en una vigilia de reflexión, de oración para revertir   lo ocurrido hacía un año, y que donde hubo desentendimiento hubiera entendimiento y donde hubo desacuerdo hubiera acuerdo y donde hubo distancia hubiera cercanía y donde hubo lucha fratricida, hubiera reconciliación. Ojalá se haya conseguido y empecemos a revertir, a sanar el quiebre, la fragmentación no solo de lo que pasó en Bagua sino del país entero.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación nos dijo muchas verdades con minúscula y una verdad con mayúscula: los 20 años de la violencia política han mostrado a un país quebrado, fragmentado, a un país donde la injusticia hace que nos vivamos como ciudadanos de primera de segunda y de tercera. Bagua ha mostrado lo mismo: un país quebrado, donde las distancias entre unos y otros nos hacen desconocidos entre nosotros. Lo que más le dolía a los indígenas, cuando vieron que para desalojarlos le tiraban bala, era que los trataban como enemigos, como de fuera, como ciudadanos de otro país y en guerra.

Pero esa distancia no se hizo ayer, no se hizo en este gobierno, ese quiebre y esa distancia viene de lejos. Años de olvido, años de exclusión, años en que se considera la Amazonía como espacio vacío para ocupar, para explotar, para depredar, primero el caucho, después el petróleo y el gas, usando sus ríos como basurales “Durante los siguientes treinta años (desde 1974) más del 95% de los 1 118,174 barriles diarios de las altamente tóxicas aguas de producción de los pozos de los lotes 8 y 1AB fueron vertidos directamente a los ríos y quebradas…”Suplemento de La República, Revista Agraria, 118 CEPES, Febrero del 2010) y siempre la depredación de la madera, dejando la caoba y el cedro como especies en extinción: “… la producción de madera aserrada creció en 85%. Del año 2001 al 2007” (Ibid)

Las leyes inconstitucionales dadas por Alan García e inconsultas, el perro del hortelano repetido durante más de un año, los ciudadanos de segunda, y hoy mismo en sus declaraciones, como para cerrar la herida mentía diciendo que lo del 5 de Junio “fué una emboscada usando armas de largo alcance” cuando todo el mundo sabe que los nativos no tenían armas de fuego, el Congreso retrasando y retrasando irresponsablemente las decisiones, justo el mismo día cuatro, confirma y profundizan esa distancia, son expresiones de ese país fragmentado, quebrado y de esa lejanía de unos peruanos con otros. Esos dolorosos 34 muertos y un desaparecido son el resultado de un país que no se entiende asimismo. Por eso la reconciliación de la vigilia de esta noche, no es solo la reconciliación de un acto aislado que pasó por la mala gestión de unas autoridades, sino que tendría que ser parte de la reconciliación de un país que se encuentra distante por la inequidad y el racismo.

Dios quiera que esas muertes sirvan de algo y se conviertan en semillas de encuentro y reconciliación, y vayamos todos cerrando la herida.

Hay dos valiosos informes al respecto, fruto de sendas investigaciones. Uno de ellos suscrito por Jesús Manacés y María del Carmen Gómez, representantes de los indígenas en una Comisión Especial formada por el Ejecutivo. El otro es del congresista Güido Lombardi, presidente de una Comisión Investigadora del Congreso.

Son dos perspectivas distintas. Manacés es indígena awajún y profesor. Gómez es una religiosa española y educadora. Ambos, testigos prácticamente directos del drama del año pasado. Lombardi es congresista limeño (aunque originario de Tacna), de una bancada más bien de derechas, habitualmente defensora de las recetas neoliberales.

En ambos informes hay mucho rigor y detalle. Todas sus conclusiones se basan en información abundante. Y terminan coincidiendo en varias cuestiones de fondo sobre las causas del conflicto, del terrible suceso de violencia, y en sus recomendaciones finales.

Ambos coinciden en que las principales causas del conflicto han sido el arrebato de la seguridad jurídica que tiene la propiedad indígena sobre sus territorios, para beneficiar muchas inversiones, mayormente extractivas, mediante la dación de normas o leyes del Poder Ejecutivo o del Congreso, sin consulta con los pueblos indígenas.

También convergen en señalar responsabilidad política en los entonces ministros Mercedes Cabanillas y Yehude Simon y de Mercedes Aráoz, aún ministra. Señalan de igual modo cómo el propio presidente García exacerbó y polarizó el conflicto. A la vez, detallan la atroz insensatez del operativo policial que detonó la violencia.

Finalmente, aunque con distinta amplitud, coinciden en pedir la moratoria de exploraciones, explotaciones y concesiones extractivas mientras no se garantice la propiedad del territorio indígena y se realicen las consultas a que obligan los convenios internacionales. Ello, junto con reformas a favor del diálogo permanente y de buena fe entre gobierno y representantes indígenas.

Dos informes, por tanto, que convergen desde dos perspectivas, y nos ayudan a forjar consensos para la paz interna.