Instituto Bartolomé de Las Casas

Todas las cursivas son del autor.

1.- El Perú avanza en la reducción de la pobreza

En el mes de enero se dio a conocer el Informe Preelectoral Administración 2006-2011, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Allí se sostiene que: “En los últimos años, el Perú ha experimentado un desempeño económico y social remarcable. Para el año 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) se habrá casi duplicado en comparación con las cifras del 2005, y triplicado respecto al año 2000, ascendiendo a US$ 153 mil millones” (p.4).

Este crecimiento económico, según los autores, ha tenido un fuerte impacto en la reducción de la pobreza. En el 2005, 48.7% de la población se encontraba en esa situación, en el 2010, el porcentaje ha descendido a 30%. (cf. p. 4).

También se destaca el hecho de que nuestro país “creció consistentemente por encima del promedio de la región y se ubicó entre los países de crecimiento más rápido en el mundo”  Ello permitió una mejor ubicación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es así que en los últimos 5 años subimos 24 puestos, pasando del puesto 87 en el 2005 al puesto 63 en el 2010 (cf. p.4).

Este buen desempeño económico también se ha visto reflejado a nivel de los hogares. El informe habla de que  “Los ingresos de los hogares se han incrementado en 42% entre el 2005 y 2009, sobre todo en el quintil más pobre,” (p.7).

Y se argumenta que esto ha sido posible debido a que: “la estrategia puesta en marcha por el Gobierno consideró asegurar una baja inflación, un crecimiento económico sostenido e inclusivo, en el que el sector privado fuese el principal motor de crecimiento; y activas políticas sociales dirigidas a los más pobres” (p.4).  Y remata señalando “Así, la siguiente administración recibirá un país en crecimiento, indicadores de pobreza descendiendo y cuentas fiscales ordenadas” (p.4). Y sugiere que es necesario continuar con las políticas aplicadas para permitir al próximo gobierno reducir la pobreza a 20% (cf. p.9).

2.-  No hay avances significativos, de allí el malestar existente en la población

Ernesto de la Jara afirma que son ciertos una serie de indicadores que se suelen presentar para demostrar que el país está mejor, “Pero están también las que demuestran que se ha incrementado la inequidad [desigualdad] y que el departamento más pobre no ha crecido, o que la desnutrición y la mortalidad infantil han aumentado”.

La afirmación de De la Jara es reforzada por una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de noviembre del 2010, que señala que el 72% de limeños (la región que más progreso ha experimentado) cree que el crecimiento de estos años no lo ha beneficiado. Asimismo, 39% cree que la pobreza se ha reducido poco, 37% cree que se ha mantenido igual y 18% cree que la situación ha empeorado.

Por su parte, el economista Humberto Campodónico sostiene que: ”cuando se analiza la distribución del ingreso, sobran las cifras para decirnos que –si bien hay reducción de la pobreza, sobre todo en zonas costeñas urbanas, la participación de la masa salarial en el PBI ha descendido y que los niveles de pobreza calórica aumentan en vez de disminuir”.

Kurt Burneo es de similar parecer, él indica que las tasas de empleo en el país se mantienen casi inamovibles en los últimos años, pese a las cifras en azul de la economía.

Y hasta el diario EL Comercio afirma que: “Es interesante ver que este año y pese al fuerte crecimiento económico esperado, solo la cuarta parte de los encuestados dijo haber percibido un incremento en sus ingresos”.

Francisco Durand señala que: “La pobreza se ha reducido, ciertamente, y es lógico, pero los números se exageran por un “efecto estadístico” que enfatiza las variables de ingreso y no las más importantes de desnutrición, calidad de la vivienda y acceso a la educación, que persisten. Basta dar 100 soles más a familias pobres en una ventanilla del Banco de la Nación en todo el país y mejoran los índices de pobreza asociados al ingreso, pero no los otros.” (p.63).

Efectivamente, por ejemplo, al primer semestre del 2010, la proporción de menores de cinco años con desnutrición crónica asciende al 23,6%, según el Patrón Internacional de referencia de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la anemia por déficit de hierro afecta a uno de cada dos niños menores de tres años (50,5%), siendo esta mayor en el área rural (57,5%) que en el área urbana (46,2%).

Por ello, hay una importante demanda de cambios por parte de la población. Según la encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo (abril del 2010) el  86% pide cambios: 42% desea que el próximo gobierno efectúe cambios radicales al actual modelo económico y 44% pide cambios moderados.

El antropólogo Carlos Ivan Degregori cree que lo que está a la base de estas dos miradas “Es, por un lado, una cuestión de cómo se combinan mercado, Estado y sociedad. En las últimas dos décadas, dentro de esa tríada el mercado ha tenido el monopolio, un “privilegio ontológico” en mucho semejante al que tenía el proletariado en las propuestas marxistas-leninistas. Todo indica que la mayoría, no solo en Lima, quiere otro tipo de mix. Dados los indicadores sociales y de desigualdad que deja este régimen”.

En cuanto a las causas de esta conflictividad, un estudio de la Universidad de Vanderbilt señala que una primera razón “es la creciente desafección de la población rural hacia las actividades de las industrias extractivas, las cuales son vistas como incompatibles con la agricultura, la ganadería y la recolección que sustentan sus principales ingresos económicos privados. A esto habría que agregar que esta percepción de incompatibilidad suele ser sustentada no sólo en términos económicos sino también en términos culturales por las poblaciones locales (quienes, en muchos casos, hablan otro idioma y se distinguen de las poblaciones mestizas y blancas).

El segundo proceso-clave para entender la conflictividad social del Perú es reconocer que si bien muchas poblaciones en todo el país no son renuentes a la inversión privada en sus localidades, condicionan su presencia a la justa redistribución de la riqueza generada con la extracción de los recursos. Así, las demandas por recursos públicos (tanto por recibirlos como bienes públicos como por gestionarlos) y por recursos privados (a través de bienes otorgados por empresas extractivas) explican muchas de las causas y las expresiones de la conflictividad social actual” (pp. 223-224).

Santiago Cueto resalta algo que le parece más impactante: “que la distancia en rendimiento entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y bajo es mayor en el Perú que en cualquier otro país evaluado”. Cueto señala que ello confirma lo encontrado en otros estudios, realizados tanto por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura) y por las evaluaciones del Ministerio de Educación. En ellos se señala que “encuentran resultados educativos más altos para estudiantes de nivel socioeconómico alto, de escuelas privadas, en zonas urbanas y con castellano como lengua materna”, quienes, por lo general, hacen uso de instituciones educativas con mayores recursos de infraestructura y personal, es decir, tienen mayores oportunidades educativas.

Cueto destaca que este es un problema que viene de atrás y se pregunta qué hay que hacer para “lograr que la educación no sea un instrumento que perpetúe inequidades, sino que ayude al desarrollo de una sociedad más justa”. Para él es importante “diseñar políticas orientadas a elevar el promedio al mismo tiempo que se reducen inequidades como las mencionadas”. Y plantea que esta tarea deber  ser un tema central en las propuestas educativas en los planes de gobierno de los que aspiran a ocupar la presidencia en el 2011.

Pedro Francke, también piensa que el tema de la desigualdad debe formar parte del debate electoral actual. El  sostiene que: “En nuestra patria, donde las ganancias de las transaccionales son diez veces más que el consumo de 3 millones de peruanos, deberíamos darle mayor importancia a la enorme desigualdad existente”. El autor se basa en un reciente libro de Richard Wilkinson y Kate Pritchett, titulado The Spirit Level. Why equality is better for everyone, que podríamos traducirlo como El nivel espiritual. Por qué la equidad es mejor para todos, y en estudios del Banco Mundial y la Organización mundial de la salud, para señalar que “Hoy ya hay mucha evidencia científica indicando que la desigualdad tiende a agravar una serie de problemas sociales”, pues “Donde hay más desigualdad, la competencia por lograr el status se vuelve muy dura, feroz, dejando un cuerpo social lleno de heridas. Quienes se quedan debajo de la escala social, no sólo son pobres materialmente, también sufren psicológicamente”.

Una reciente publicación del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) El Perú y el Cambio Climático nos dice que: “El Perú está incluido entre los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático (Tyndall Centre, 2004); y presenta cuatro de las cinco características de vulnerabilidad reconocidas por la CMNUCC [Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático]: zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación; y ecosistemas montañosos frágiles.” (p.20).

En cuanto a nuestra responsabilidad en el cambio climático, la citada publicación del MINAM señala que “Si bien el Perú no es un gran emisor en cifras absolutas, en términos relativos a su nivel y proyecciones de desarrollo tiene el mismo nivel de emisión de países desarrollados con mayor PBI [Producto Bruto Interno] per cápita, como Nueva Zelanda” (p.88).

El Informe dice que: “A diferencia de los países desarrollados, en los que la mayor emisión proviene de la quema de combustibles fósiles para producir energía (petróleo y carbón principalmente), en el Perú la mayor emisión neta del país proviene del sector USCUSS [Uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura], principalmente por la deforestación en la Amazonía peruana: 47.5% del total” (pp. 88 y 60). De allí que el MINAM señala: “la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones amazónicas, para una mejor adaptación a nuevas formas de uso de los bosques en pie, que redundarán en mayor bienestar y mejores capacidades de adaptación al cambio climático” (p.88).

Y agrega en otra publicación Perú: Economía y Diversidad Biológica que “La conservación de los bosques requiere un cambio importante de mentalidad. Los bosques no son sólo madera. Son mucho más. Los bosques nos ofrecen sus servicios de manera desinteresada. Cuidan la calidad del agua que consumimos, capturan y almacenan el carbono de la atmósfera y ofrecen a propios y extraños su belleza paisajística. También nos proporcionan sus frutos, su madera, su material genético e, incluso, sus propiedades medicinales. Protegen la tierra de la erosión, mantienen las lluvias y contribuyen a regular el clima. Pero este gesto dadivoso no es infinito. De nosotros depende el saber o no aprovecharlo” (pp.21-22).

En el  informe El Perú y el Cambio Climático el MINAM también señala que “Históricamente, la actividad minera ha operado sin asumir los impactos ambientales negativos de sus operaciones, lo que ha causado el deterioro de la calidad ambiental de distintas regiones, acumulándose pasivos ambientales. Desde mediados de la década de 1990, el sector ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la reducción de los daños causados y prevención de otros” (p.47).

En dicha publicación El MINAM señala que una de las debilidades que tenemos que limita nuestra posibilidad de afrontar el reto del cambio climático es un “Modelo de desarrollo dependiente de la extracción y aprovechamiento primario de recursos naturales” (p.186).

Por eso, en Perú: Economía y Diversidad Biológica el MINAMnos dice que: “el tiempo de ignorar la diversidad biológica como generadora de riqueza y como sustento de la economía global ha terminado. Hoy debemos repensar los modelos tradicionales de crecimiento económico y desarrollo para aceptar el desafío de transitar hacia una nueva economía, una “economía verde”. Los países mega diversos como el Perú ingresamos a este nuevo escenario con una ventaja comparativa global, pues contamos con un importante activo natural (los ecosistemas que componen la diversidad biológica) que nos ofrece posibilidades inimaginables en los campos de la genómica, la biotecnología, y sus aplicaciones en la industria bioquímica, la industria alimentaria y la creciente industria cosmética, entre otras” (pp.4 y 3).

Y nos recuerda que el Perú: “es el cuarto país del mundo con mayor diversidad biológica, tanto de ecosistemas, como de especies y de recursos  genéticos; y eso lo sitúa en una posición privilegiada en los mercados internacionales, que ven en el manejo óptimo de los recursos ambientales el futuro del planeta (…) En el Perú, la diversidad biológica sustenta al menos el 22% de nuestra economía y el 24% de nuestras exportaciones (…) El uso sostenible de la diversidad biológica no solamente genera riqueza para unos pocos, sino para muchos. Los recursos naturales bien manejados son la base de un crecimiento económico sostenido a favor del bienestar de los pobladores con menos recursos económicos del planeta”. (pp 4 y 38).

Y agrega: “La diversidad biológica es riqueza actual y futura y destruirla significa cerrar posibilidades de desarrollo a largo plazo. La diversidad biológica es seguridad económica, alimentaria y sustento para la producción industrial. Y la economía peruana depende en gran parte de ella, para la producción agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y para el sostenimiento de las comunidades rurales.

El mercado global tiende hacia la producción ambientalmente sostenible, hacia la biotecnología y hacia los negocios eco eficientes. La gente prefiere  los productos orgánicos sin contaminantes químicos, la conservación de los recursos naturales y hay cada vez una mayor preocupación por las comunidades humanas y el respeto a las diferentes formas de concebir el mundo. El Perú tiene tantos ecosistemas productivos, tantas especies de usos conocidos y tanta variedad genética que ocupa un lugar privilegiado en el nuevo mercado global que ya se perfila y que apuesta por una agricultura diversificada, la biotecnología, el turismo, el manejo de bosques, la reforestación, las fibras naturales, la acuicultura, la zoocría y el almacenamiento de carbono como sus pilares fundamentales. Los mercados emergentes se alimentan cada vez más de la diversidad biológica. Y ella, en el Perú, es inmensa” (p.33).

Esto último ha sido corroborado por un reciente estudio titulado Impacto de las Medidas de Inafectación Tributaria en los Precios de los Medicamentos para el Tratamiento Oncológico llevado a cabo por la DIGEMID, del Ministerio de Salud (MINSA). Diversos diarios de la capital señalaron que el precio de los medicamentos para tratar el cáncer ha subido hasta 64% desde el 2001, a pesar que se esperaba que dichos precios bajarían en por lo menos un 22.9%.

Lo más grave es que esto ha sucedido a pesar que en esa fecha se exoneró del pago del IGV (Impuesto General a las Ventas, 19%)  y se rebajó el arancel respectivo (es decir, el impuesto que se paga por importación) a  dichos medicamentos. Se dice que las  firmas importadoras de medicamentos han estado aprovechando los beneficios tributarios que se dieron en ese entonces, y que costaron al estado 16.5 millones de dólares, para su exclusivo beneficio, sin tomar en cuenta a los pacientes.

El Ministro de Salud, Oscar Ugarte afirmó que: “Ninguno (de los distribuidores farmacéuticos) ha trasladado el beneficio a los pacientes”, por ello “El cien por ciento de los tratamientos que utilizan los medicamentos comprendidos en el presente estudio, son inaccesibles para la población”. Ignacio Carrión, director del Colectivo Civil Emergencia coincide con esta apreciación. El manifestó que: “Estas transnacionales no solo no trasladan el beneficio al consumidor sino que impiden la competencia”. Y agregó “En una industria donde está en juego la vida de las personas, no se puede permitir el abuso y la posición de dominio de los monopolios”.

El Diario El Comercio señala que “una persona con cáncer puede llegar a gastar desde S/.360 hasta S/.16.128 mensuales. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo vital es de S/.550, este último monto representa alrededor de 880 días de trabajo para una persona”.

Urge pues que aquellos que nos están pidiendo nuestro voto, hagan propuestas que enmienden esta gran injusticia.

Burneo, Kurt, “El crecimiento no se refleja en los bolsillos”, La República 18 de agosto del 2010.

Campodónico, Humberto “Este año que se va” en La República, 27 de diciembre del 2010.

Carrión, Julio; Zárate, Patricia,  Seligson, Mitchell, Cultura política de la   democracia en Perú, 2010 Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles (Lima. Lapop-IEP,2010)

Cueto, Santiago, “PISA y las inequidades en el sistema educativo” en, El Comercio,
4 de enero de 2011

De la Jara, Ernesto “4 ½ (García) = -10” en Revista Idéele n. 204 (2010).

Durand, F. “Las grietas del modelo” en Revista Idéele n. 204 (2010)

Defensoría del Pueblo, Reporte de Conflictos Sociales Nº 82, diciembre 2010.

El Comercio “El 69% de limeños dice no poder ahorrar”El Comercio, 16 de diciembre
de 2010. “El precio de los medicamentos oncológicos subió hasta 64% desde el 2001 cuando se eliminó arancel y exoneró el IGV”, 22 de enero de 2011

Francke, Pedro “La desigualdad es corrosiva”, en La Primera, 28 de diciembre del 2010.

Ministerio del Ambiente El Perú y el Cambio Climático Segunda  Comunicación Nacional del Perú  a la Convención Marco de  las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010. Setiembre 2010. Se puede bajar de www.minam.gob.pe Perú: Economía y Diversidad Biológica.

El autor comienza recordándonos los cambios habidos en el mundo del trabajo, como consecuencia de la globalización. Así menciona las siguientes tendencias:

a) Una tendencia creciente a altas tasas de desempleo y precarización del empleo.

b) Flexibilización en el mercado de trabajo, con una tendencia creciente a la inestabilidad del empleo y a altas tasas de rotación.

c) Cambios en la normativa laboral, con una tendencia creciente a la desprotección de la parte laboral.

d) Reestructuración de los sistemas de seguridad social (fondos de retiro, seguro de desempleo, prestaciones de salud), con una tendencia creciente a segmentar la oferta y la cobertura y a aumentar los niveles de exclusión.

e) Debilitamiento del sindicalismo y de las negociaciones colectivas, con una tendencia creciente hacia la pérdida de derechos adquiridos y/o una disminución de las exigencias reivindicativas.

f) Debilitamiento del rol del Estado como asignador de recursos y como agente distributivo del ingreso, con una tendencia creciente a dejar que sea el mercado el que regule el empleo, los salarios y las prestaciones sociales.

g) Fortalecimiento de la autonomía empresarial no sólo para la toma de decisiones económicas, sino también para definir unilateralmente las condiciones de trabajo y de salarios y los márgenes de rentabilidad que quieren alcanzar para sus negocios (p.7)

Lo que pone en agenda el tema del “trabajo decente”

Ello determinó que, desde 1999, la Organización Internacional del Trabajo lanzara su propuesta de “trabajo decente”, es decir “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son respetados y cuenta con remuneración adecuada y protección social” (p.8). Gamero nos dice que el trabajo decente tiene seis facetas:

1. Oportunidades adecuadas de empleo, es decir “la necesidad de que todas las personas que deseen trabajar encuentren empleo, ya que, evidentemente, no puede haber trabajo decente si no se tiene trabajo. Esta noción de trabajo (…) abarca todas las formas de la actividad económica, comprendidos el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado en la familia y el empleo asalariado, ya sea en la economía regular o en la informal.

2. La idea de trabajo en condiciones de libertad (…) lo cual significa concretamenteque se deben erradicar, de conformidadcon los convenios internacionales pertinentes, el trabajo en servidumbre, el trabajo en esclavitud y las formas peores de trabajo infantil. Significa, asimismo, que los trabajadores deben tener libertad para afiliarse a las organizaciones sindicales y que no deben sufrir discriminación por ello.

3. El trabajo productivo es esencial para que los trabajadores tengan medios de

subsistencia aceptables para sí mismos y para sus familias, así como para que

las empresas y los países alcancen el desarrollo duradero y sean competitivos.

4. Equidad en el trabajo (…)gozar de un tratojusto y equitativo y de oportunidadesprofesionales del mismo signo. Llevaconsigo la ausencia de discriminación en lacontratación y en el trabajo y la posibilidadde conciliar de modo equilibrado laactividad laboral con la vida familiar.

5. La seguridad laboral nos recuerda la necesidad de salvaguardar la salud, las

pensiones y los medios de vida y de proporcionar la adecuada protección financiera y de otra índole en caso de enfermedad u otras eventualidades. Reconoce, además, la necesidad que los trabajadores tienen de que se ponga límites a la inseguridad que conlleva la posibilidad de perder el trabajo y los medios de subsistencia.

6. Por último, la dignidad laboral exige que en el trabajo se trate con respeto a los trabajadores y que puedan expresar sus preocupaciones y participar en la adopción de las decisiones referentes a las condiciones en que desempeñan sus tareas. Un aspecto esencial de ello es la libertad de los trabajadores para defender colectivamente sus intereses (p.9)

Perú: Indice de Trabajo Decente

Gamero construye un índice de trabajo decente (IDT) donde el nivel 1 evidencia un trabajo decente y el nivel 5 uno que no toma en cuenta dicha condición. En nuestro país “El 39% de la PEA ocupada la representa el trabajador asalariado, mientras que el 61% lo conforman trabajadores no asalariados. Integran el grupo de trabajadores no asalariados: los empleadores, trabajadores independientes, trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar”. Los trabajadores no asalariados tienen ingresos bajos, en comparación a los asalariados (cf. p.54). Los no asalariados “independientemente del sector económico en el que trabajen, se caracterizan por no contar con un empleo en condiciones adecuadas. (p.57).

Gamero nos dice que el 19% de los asalariados tiene un trabajo que cumple con todas las condiciones dignas de un trabajo decente (de acuerdo a lo definido en este informe) (…) La mayor proporción de trabajadores asalariados que alcanzan el nivel 1 y nivel 2 son aquellos que tienen nivel educativo superior, sobre todo universitario. Todo lo contrario se observa entre los trabajadores que tienen un nivel educativo básico o ninguno (…). Los departamentos que presentan la mayor proporción de trabajadores asalariados que alcanzan el nivel 1, en la escala de ITD, son: Ica, Moquegua y la provincia del Callao (pp.52, 58 y 59).

En cambio “solo el 0.2% de los trabajadores no asalariados alcanza este nivel. (…) Estos resultados evidencian las precarias condiciones de trabajo de la gran mayoría de trabajadores no asalariados. Igualmente, se comprueba que dentro del grupo de asalariados existen trabajadores que tienen ingresos menores a la Remuneración Mínima Vital (RMV), no tienen contrato de trabajo y no cuentan con ningún sistema de protección social. (p.52).

Preocupante es la situación de la juventud, pues: “a medida que se asciende en los niveles de déficit de trabajo decente (,,,) la participación de los jóvenes asalariados, con edades entre 14 y 24 años, es más notoria. Así, solamente el 7% de los trabajadores del nivel 1 son jóvenes, mientras que en el nivel 5 esta proporción aumenta a 44%” (p.53).

Y también de la microempresa: “En el sector público, como en la mediana y gran empresa, la proporción de trabajadores asalariados que alcanzan los niveles más altos del ITD (nivel 1 y nivel 2) es significativo; en cambio, en la microempresa sucede todo lo contrario” (p.56).

Trabajo infantil

El autor señala que hay una discrepancia en la medición que hacen al respecto el INEI [Instituto Nacional de Estadística e Informática] y la OIT [Organización Internacional del Trabajo].  Es así que señala que: “Las recientes cifras sobre la magnitud del trabajo infantil han hecho visible una diferencia entre la metodología de medición entre el INEI y la OIT. Para esta, la medición del trabajo infantil comprende el rango de 5–17 años mientras que para el INEI, el rango de medición está comprendido entre 6 y 17 años. Dicha diferencia, de un año, tiene un impacto muy significativo en términos de la cantidad de trabajo infantil que aparece visible” (p.24).

Así, para el INEI la cantidad de trabajo infantil asciende a 2 millones 115 mil para el año 2007, es decir el 28% de niños trabaja en nuestro país. Para la OIT, el trabajo infantil sería de 3,3 millones, lo que equivale al 42 por ciento de la población nacional en esa edad (que asciende a 7,9 millones). Ello nos pone “en la cima de los países con mayor tasa de trabajo infantil”, junto a Guatemala, Honduras y Bolivia” (cf. p.25).

Otro dato preocupante es que “el INEI encuentra que –en la presente década–  la cantidad de niños entre 3 y 17 años que han dejado de estudiar por faltarles dinero y, en razón de ello, ingresar al mercado de trabajo, ha venido en aumento, no obstante el ciclo económico expansivo y disminución de la línea de pobreza” (p.25).

Sindicalización

Gamero nos dice que “La capacidad de los trabajadores para organizarse libremente a fin de defender colectivamente sus intereses en negociaciones con su empresa es un elemento esencial de la democracia en el ámbito laboral y de un diálogo social eficaz. En un sentido más general, el “diálogo social” es cualquier tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre las representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre las cuestiones de interés común relacionadas directamente con el trabajo y con las políticas económicas y sociales que repercuten en el mismo” (p.14). Esta capacidad ha sido seriamente golpeada en nuestro país, por las reformas laborales de la década de los noventa.

Ello ha dado como resultado que a pesar del  crecimiento económico que hemos tenido hoy casi 2 de cada 3 asalariados que laboran en empresas formales está con contratos temporales. Lo que es una “restricción muy importante al aumento en la cobertura de la sindicalización” (p.17).

Por eso es que hoy los niveles de sindicalización son bajísimos. El autor señala que “luego de su inicial recuperación, 2001 – 2005, sus cifras no están superando los 100 mil trabajadores. Incluso entre el 2007 y el 2009 habrían experimentado un descenso importante en términos porcentuales, pasando de 7,1% a 4,5% [1.3% en el agro] en relación con el total de asalariados privados registrados. Dicho comportamiento no guarda proporción con el aumento de trabajadores en las empresas de más de 51 trabajadores. (cf. p. 22).

Para Gamero “es la pervivencia de un marco institucional poco amistoso a la formación de sindicatos lo que estaría detrás de la baja tasa de sindicalización y de negociación colectiva” (p.23).

El volumen recientemente presentado es una fuente inmensa de temas, datos, hallazgos, interrogantes, métodos de cálculo, propuestas de investigación y de políticas. En este artículo vamos a destacar y resumir un solo aspecto, muy importante en el Informe, relacionado con la riqueza económica y el desarrollo humano.

Riqueza económica y desarrollo humano

Una primera aproximación a la relación entre riqueza económica y desarrollo humano es conceptual y trata sobre la sustancia y el status efectivo de aquello de lo que hablamos. La vida humana es mucho más multifacética y profunda que lo que la riqueza económica de las personas permite vislumbrar. Desde esa perspectiva general, es natural que se afirme que “desarrollo humano no es sinónimo de crecimiento económico” (54). A tal punto no lo es, que una constante en los informes del PNUD ha sido sostener que a pesar de su indudable importancia “el ingreso tiene muchas falencias como indicador sintético del desarrollo” (45). En términos de status, por mucho que “el dinero es un medio importante para ampliar las alternativas” (45), no es un fin.

Añadiríamos que, a pesar de la positiva importancia del crecimiento para el desarrollo humano, también puede ser un obstáculo de diversas maneras. Por ejemplo, una de las preocupaciones que adquiere preeminencia, hasta convertirse en obsesión, y puede postergar innecesariamente los logros en desarrollo humano, es la búsqueda del más alto crecimiento económico. Se persiste en considerar que la promoción del desarrollo humano atenta contra el crecimiento porque desvía recursos prematuramente del ahorro y la inversión hacia la supervivencia o bienestar de la población, lo que la hace peligrosa. También llega a considerarse negativa la búsqueda de la equidad, por ejemplo, en educación, debido a que distrae recursos que deberían ir a los que ya son mejores alumnos. Hay, pues, razones para el debate con quienes focalizan todo en el crecimiento.

No hay correlación entre progreso económico y humano básico

Un aspecto ya clásico, “desde su inicio” (5), en el diagnóstico del PNUD sobre la situación y evolución de la sociedad es retomado con insistencia en el Informe. “Una de las conclusiones más reveladoras de la investigación sobre desarrollo humano de los últimos años: no existe una correlación significativa entre crecimiento económico y avances en salud y educación” (49). Este es “uno de los resultados menos esperados en la investigación sobre el desarrollo humano” (4).

Esto resulta decisivo para poner las cosas en su debida jerarquía, para no apostar exclusivamente al crecimiento del producto como meta o como condición necesaria para la solución de los principales problemas. Y todo eso por mucho que se considera que “el ingreso y el crecimiento son cruciales” y “una prioridad a la hora de formular políticas públicas” (5). Aún así, se insiste en el Informe: “es posible lograr adelantos significativos incluso en condiciones de crecimiento lento” (5), “El progreso es posible incluso con pocos recursos” (9), Se pueden lograr “progresos considerables” (114), “incluso cuando el crecimiento es esquivo” (113). La “buena noticia” es que el crecimiento económico no es requisito indispensable para mejorar la situación de salud y educación, por lo menos en esos niveles tan básicos. Claro, si se crece, mejor, se pueden lograr antes esas metas… hasta que choquemos con los problemas medioambientales.

Exigir más, depender menos

Aprovechamos el marco que nos provee el PNUD para finalizar con dos reflexiones personales. En primer lugar, el crecimiento puede ser mucho más eficiente en la reducción de carencias fundamentales de la población y hay que exigir que lo sea. La discusión sobre “el modelo económico” debe hacerse un sitio en el debate nacional pero tiene más sentido si es que se evalúa la manera de crecer por su contribución al aumento en cantidad y calidad del protagonismo de las personas, empezando por el empleo digno y la participación ciudadana, y a la efectividad para reducir las carencias y desigualdades en educación, salud, etc.

En segundo lugar, tanto a nivel macroeconómico como macroeconómico, la falta de recursos económicos no puede ser la justificación principal para dejar de avanzar en la reducción de muchas de las carencias en desarrollo humano. Aquellas iniciativas que, en esa lucha, se reducen o postergan por falta de presupuesto están mal diseñadas, en el sentido de que dejan de lado maneras de hacer las cosas menos dependientes del crecimiento económico. La concertación de voluntades públicas y privadas y la movilización social pueden lograr grandes resultados en desarrollo humano independientemente del curso general de la economía. Además, para exigir más a la economía, hay que depender menos de ella.

La mayor parte de la población rural está en la sierra y en la selva, donde las condiciones geográficas y culturales son particulares, y donde el crecimiento económico ha sido más lento. Debemos partir reconociendo que casi no hay lugares en el mundo en los que haya un desarrollo económico y humano avanzado encima de los 3,000 metros de altura, o en bosques tropicales separados de la costa por cadenas montañosas de 6,000 metros de altura.

En estas regiones, las posibilidades de optar por productos industriales, intensivos en empleo, se ven frenadas por la dispersión y poca capacidad adquisitiva de la población, a los que se añaden los mayores costos de transporte, además de las carencias de mano de obra calificada e insumos y servicios críticos.

Cambio tecnológico, geografía y educación

La experiencia internacional muestra que el crecimiento económico se debe fundamentalmente al aumento de la productividad gracias al cambio tecnológico. Hay varias razones por las cuales ese proceso es más difícil y lento en las zonas rurales de la sierra y selva.

La primera es que muchas tecnologías de los países avanzados tienen mayores dificultades de aplicación en estas zonas debido a sus condiciones geográficas y culturales. Pocos o casi ninguno de los productos agropecuarios que se han masificado en el mundo, como el trigo o el arroz, se dan bien en la sierra. Las diferencias de idioma y el atraso educativo añaden a esta dificultad.

Una segunda razón es que la sierra y la selva tienen además una gran variedad de ecosistemas, ya que nuestro país tiene el 80% de las zonas ecológicas identificadas en el mundo. Además tenemos archipiélagos de zonas ecológicas discontinuas, que están poco conectadas, lo que dificulta la difusión de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el café que se cultiva sobre todo en ceja de selva se concentra en zonas tan lejanas y desconectadas entre sí como Jaén-San Ignacio-Bagua, Chanchamayo-Satipo, La Convención y Sandia. De tal manera que nuevas tecnologías aplicadas en una zona demoran en conocerse o replicarse en otras.

A contracorriente, un reciente artículo de Carlota Pérez en la revista de la CEPAL resalta las posibilidades actuales de productos diversificados. Por ejemplo con los cafés, lo que fue tradicionalmente un commodity ha venido diferenciándose crecientemente tanto por su sabor (cafés premium) como por la forma de su producción (orgánicos). Está asimismo el turismo ecológico, comunitario o vivencial. Hay también oportunidades como el uso de recursos naturales para productos de salud, o por el valor del bosque amazónico como capturador de carbono en un contexto de cambio climático.

Algunas propuestas

En muchos casos ya se conocen las técnicas para aumentar la productividad. Por eso, una primera política debe ser la difusión de tecnologías básicas conocidas. A nivel internacional, Jeffrey Sachs ha insistido en este enfoque, proponiendo por ejemplo agua segura y mosquiteros impregnados frente a la malaria.

En el Perú, están los paquetes tecnológicos como el propuesto por el programa Sierra Productiva, basado en implementar el riego tecnificado por aspersión bajo una tecnología de bajo costo. Con 600 soles para el riego y otros 500 para semillas mejoradas, los campesinos pasan de tener tierras en secano a riego con hortalizas todo el año y multiplicando sus pastos y su producción de carne y leche entre 5 y 15 veces, los que a su vez pueden transformar en yogures, quesos, etc.

Para un millón de familias campesinas estamos hablando de 1,100 millones de soles para el paquete básico, equivalente a un 5% de las ganancias del capital extranjero en el Perú en un año. Es perfectamente posible, y estamos hablando de inversiones que tienen un efecto permanente sobre los ingresos y la calidad de vida, no de un gasto corriente.

Al mismo tiempo que se debe promover masivamente estas tecnologías probadas hay una diversidad de avances tecnológicos que deben adaptarse de manera específica a distintas localidades. En estos casos, lo que se ha probado ya con bastante éxito son mecanismos institucionales para recoger y promover la aplicación de tecnologías identificadas por los propios campesinos.

Por ejemplo, diversos proyectos han aplicado con éxito concursos de miniproyectos. La idea básica de estas metodologías es que las propias familias campesinas asociadas presentan sus iniciativas de mejoramiento productivo, y parte de los costos de capacitación y capital son asumidos por el Estado. Otros mecanismos institucionales aplicados de manera importante en los últimos años son las iniciativas de Desarrollo Económico Local que empiezan a generalizarse en los municipios rurales como una actividad permanente, y las desarrolladas por las cooperativas cafetaleras con apoyo de ONG internacionales para promover productos orgánicos y comercio justo.

Este breve artículo solo alcanza para unas pocas y modestas ideas. Lo más importante, sin embargo, es insistir en que la pobreza y el desarrollo rurales son temas fundamentales que debemos discutir a profundidad en las elecciones que se aproximan.