Instituto Bartolomé de Las Casas

Ardito nos recuerda que “Frente a la inacción del gobierno central, desde hace tres años, decenas de municipalidades y gobiernos regionales han promulgado Ordenanzas contra la discriminación, que han generado importantes campañas y cambios de comportamiento.   Todavía, sin embargo, ciudades como Trujillo, Cusco o la propia Lima Metropolitana carecen de este tipo de instrumento.

Cambios culturales, cambios normativos y cambios personales son fundamentales si queremos vivir en una sociedad donde el color de la piel o la forma de la nariz no marquen el destino de las personas”.

En ese sentido es valioso el esfuerzo hecho por la Defensoría del Pueblo al presentar el Informe Los Afrodescendientes en el Perú. Una Aproximación a su Realidad y al Ejercicio de sus Derechos. En el informe se nos dice que: “Según los datos estadísticos de la Enaho [Encuesta Nacional de Hogares] 2004, el grupo afroperuano presenta altos porcentajes de pobreza. Se debe señalar que la Enaho 2004 es la única encuesta nacional en la cual se produce una aproximación de la situación de pobreza de este grupo étnico” encontrándose que residen en las áreas más pobres y deprimidas, carecen de servicios básicos y no cuentan con acceso a una infraestructura adecuada” (pp. 43-44 y 46).

Y agrega: “Las condiciones de pobreza heredada, así como los procesos de exclusión social, inciden en la problemática que afrontan las personas afroperuanas con relación al ejercicio de sus derechos. Las deficiencias para ejercer adecuadamente derechos básicos como la salud y la educación, la falta de reconocimiento adecuado de su cultura y su identidad, así como el impacto de la discriminación racial entre sus miembros, son algunas de las situaciones que sustentan su particular vulnerabilidad y que justifican la necesidad de adoptar medidas que permitan hacerles frente de manera oportuna y conveniente” (p.41).

Por ejemplo, en cuanto a la atención de salud, la Defensoría señala que “En las entrevistas realizadas por la Defensoría del Pueblo, diversos ciudadanos afroperuanos señalaron que no concurren a estos establecimientos en razón de la deficiente calidad de los servicios y, en algunos casos, al trato discriminatorio que reciben. En el caso de las mujeres, incluso señalan que se refieren a ellas con términos agresivos y sexuales” (p.155).

En cuanto a educación, el 13,8% de la población afroperuana en edad escolar no se encuentra matriculada. En el nivel secundario, la tasa neta de matrícula del grupo es de 69,9% y la de conclusión solo es de 50,3%, porcentajes inferiores al promedio nacional” (p.155). Además “un mínimo porcentaje de afrodescendientes llega al sistema universitario, y sólo el 2% de éstos logra culminar sus estudios” (p.155-156).

La autora señala que “Necesitamos un debate serio que genere conciencia sobre la severidad de los daños y produzca medidas sociales, culturales económicas y jurídicas como producto de una real conciencia del fenómeno, sus múltiples y complejas causas, y sus nefastas consecuencias. No sólo sobre las mujeres sino sobre la sociedad toda”.

Pero además de violencia las mujeres sufren también discriminación. Al respecto es pertinente referirnos a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2010-2011; este organismo llama la atención sobre la existencia de una profunda brecha de género en el sector rural. Siendo así que administran propiedades menores, crían menos ganado, tienen menos acceso a equipos y productos agrícolas, reciben menos educación, utilizan menos servicios financieros, reciben salarios más bajos y tienen una carga de trabajo global mayor.

La FAO sostiene que: “Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agricultura no sólo es justo; también es crucial para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria” (p.vii). Y también “es una estrategia más que probada para mejorar el bienestar de los hijos” (p.9).

El informe señala que: “Datos empíricos sólidos muestran que si las agricultoras utilizaran la misma cantidad de recursos que los hombres en las tierras que cultivan (…) aumentaría la producción agrícola en los países en desarrollo entre un 2,5 % y un 4 %. Un incremento de la producción de esta envergadura podría acarrear una reducción del número de personas subnutridas en el mundo del orden del 12 % al 17%” (p.vi).

Por ello, el informe recomienda “eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a los recursos agrícolas, la educación, los servicios de extensión y financieros así como los mercados de trabajo” (p.6). Y agrega que “Cerrar la brecha en el acceso a la tierra y otros activos agrícolas requiere, entre otras cosas, reformar las leyes para garantizar la igualdad de derechos, formar a los funcionarios públicos y dirigentes de las comunidades y hacer que respondan del cumplimiento de la ley y el empoderamiento de las mujeres con el fin de asegurar que estas sean conscientes de sus derechos y capaces de reclamarlos ”(p.65)

Buscando cerrar la brecha de género en el Perú se logró la dación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010). En un reciente informe, la Defensoría pasa revista a cómo se está implementando la Ley N° 28983 en el ámbito regional.

Nos dice que en cuanto a igualdad de oportunidades: “existen al menos 15 Gobiernos Regionales que cuentan con un Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO), por lo que han avanzado en contar con un diagnóstico y con un plan sobre este tema” pero señala que “aún se requieren medidas específicas para lograr la implementación de los PRIO mediante la asignación de un presupuesto específico y adecuado” que permita disminuir las principales brechas de género en las regiones, como la alta tasa de mortalidad materna, los casos de violencia contra la mujer, las tasas de analfabetismo, la brecha de participación de mujeres y hombres en la actividad económica, la brecha salarial etc. Ello, porque “en el presupuesto del 2010 solo 4 Gobiernos regionales aprobaron recursos específicos para ejecutar las medidas previstas en su PRIO (Junín, Lambayeque, Loreto y Pasco)”.

Sin embargo, sólo 4 Gobiernos Regionales han asignado presupuesto para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer “siendo ésta una problemática que refleja una grave afectación a los derechos de las mujeres, así como a una vida libre de violencia”.  Ellos son Lima, Callao, Cusco y Tacna.  Y solo el Gobierno Regional de San Martín lo ha asignado para promover la participación de las mujeres.

A nivel educativo el informe destaca la directiva dada por el Ministerio de Educación a directores y docentes “con la finalidad de que desarrollen acciones para garantizar que la adolescente embarazada o madre no sean impedidas de iniciar o proseguir sus estudios”.  En cuanto a Identidad el Reniec informó que “Plan Nacional de Restitución de la Identidad: Documentando a las personas Indocumentadas 2005 – 2009” logró entregar gratuitamente el DNI a 1,875,515 personas. De esta cifra, las mujeres documentadas representan el 48,4%.

En sus recomendaciones, la Defensoría sugiere “Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales, en especial al personal de la Gerencia de Desarrollo Social y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la elaboración de proyectos de inversión pública vinculados a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a efectos de que sean considerados viables técnicamente” así como también para que se incorpore la perspectiva de género en todas las fases del presupuesto, es decir en las etapas de programación y formulación presupuestal, así como en las de aprobación, ejecución y evaluación. También insta al Ministerio de educación a continuar con programas para “promover la educación secundaria, con énfasis en el ámbito rural, considerando que las tasas de cobertura y culminación de estudios en este nivel son muy bajas”

Entre los temas considerados está lograr que el 100% de la niñez cuente con el documento nacional de identidad, para combatir el tráfico de niños y los traslados de menores sin permiso de los padres. También combatir la desnutrición crónica infantil y la anemia; así como la reducción del número de muertes maternas y de niños menores de un mes. A nivel educativo se apunta a elevar la comprensión lectora y lógico-matemática de la niñez.

Federico Arnillas dijo a La Primera que el fin de esta acta de compromiso es que “aquella persona que sea elegida como presidente, trabaje en base a estas propuestas y que cumpla con esta agenda, a favor y beneficio de los niños”. Arnillas agregó que el compromiso significa “mayor inversión para niños y niñas en situación de pobreza, indígenas, con discapacidad y que viven en el área rural e implementar un sistema de monitoreo de brechas que permita estimar su reducción a través del tiempo y la promulgación de una ley de inversión a favor de la equidad en el Congreso”.

En su Informe Estado de la Niñez en el Perú, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF nos dice que hay unos 10 millones y medio de menores de edad en el país, lo que representa el 36% de la población nacional. De ellos “los niños, niñas y adolescentes del país son los que concentran los índices más altos de pobreza y pobreza extrema. Mientras un 35% del total de la población peruana vive en situación de pobreza, esta cifra se eleva a 49% entre los niños y niñas de 0 a 5 años y a 48% entre los de 6 a 11 años. En el caso de la pobreza extrema, el 12% del total de la población peruana se encuentra en esta situación frente al 19% de los niños y niñas de 0 a 5 años (p.10).

Paul Martin, de UNICEF señala que “El estudio presenta tanto las mejoras logradas en los últimos años como las inequidades aún existentes en términos del cumplimiento de los derechos” Entre los resultados positivos se pudo encontrar la disminución de la desnutrición crónica (de 25% en el 2000 a 18% en el 2009) y el incremento del parto institucional o formal (de 56% en 1996 a 82% en el 2009).

El Informe también señala la violencia como uno de los principales problemas que afecta a la niñez. Nos dice que: Muchos niños, niñas y adolescentes peruanos son víctimas de violencia en el hogar, la escuela, las instituciones de protección y la comunidad. Esta violencia se expresa de múltiples formas: maltrato físico y emocional, abuso sexual, trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, reclutamiento en grupos armados, entre otros. Las consecuencias de la violencia son múltiples y afectan su desarrollo físico y psicológico, así como sus oportunidades sociales y económicas presentes y futuras. Por lo tanto, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes constituye un grave problema social y una amenaza para el desarrollo integral del país” (p.91)

El autor destaca la oportunidad del informe “cuando se viene debatiendo en nuestros países la necesidad de compatibilizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y la explotación de recursos naturales que llevan a cabo las empresas extractivas alentadas por los gobiernos respectivos”. Máxime si la tendencia es a privilegiar su visión del desarrollo “a costa de sacrificar los derechos de los pueblos indígenas”. Como bien dice el líder awajun Santiago Manuin “Por el interés de la mayoría de los peruanos no se sacrifica a un pueblo”.

Por su parte Cecilia Serpa Arana nos dice que en dicho documento “La CIDH establece que el derecho al territorio (que incluye uso y disfrute de recursos naturales) es un pre-requisito de la existencia de condiciones dignas para los pueblos indígenas: alimentación, agua, salud, vida honor, dignidad, libertad de asociación, libertad de movimiento y residencia, etc. Por ello, la CIDH establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en decisiones de cualquier medida que afecte sus territorios”.

Javier La Rosa nos dice que dicho Informe “En su capítulo IX desarrolla los derechos a la participación, la consulta y el consentimiento (…) entendiéndosele como el respeto a las tradiciones y costumbres de los consultados, debiendo estos definir su forma de su representación sin injerencia estatal (…) cuando se den alguna de las siguientes situaciones: i) desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas afectadas de sus territorios; ii) privación de la capacidad de los pueblos y comunidades indígenas de la capacidad de usar y gozar de sus tierras y otros recursos naturales necesarios para su subsistencia; iii) se deposite o almacene materiales peligrosos en tierras o territorios de los pueblos y comunidades indígenas”.

Es importante recordar que los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual. Por ello nos parece importante resaltar lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Por otro lado el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEAR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 16 de febrero de este año recuerda al gobierno peruano que el Convenio 169 (sobre el Derecho a la Consulta) entraba en vigor “para cada miembro de la OIT 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación”. Habiendo el Perú ratificado el Convenio el 2 de febrero de 1994, esto significa que sus efectos son vinculantes (es decir, obligatorios) desde el 2 de febrero de 1995. Esto quiere decir que, a pesar que el gobierno se niega a aprobar la ley que lo reglamenta, el convenio está plenamente vigente.

De similar opinión es Willians Nina Montufar de la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana de Cusco. Él señala que: “La falta de existencia de una ley de consulta no significa que este derecho no sea exigible judicialmente. De acuerdo al artículo 55 de la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, forman parte del derecho interno. Asimismo, en el artículo 3 de la Constitución, también se reconocen -a demás de los derechos humanos enumerados en el artículo 2-, aquellos derechos que se fundan en la dignidad humana”. Y agrega: “El artículo 15 del convenio establece que los Estados deben proteger de manera especial los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio de los pueblos indígenas, y que ellos tienen el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”

La CEAR: “lamenta tomar nota de la información del Gobierno, según la cual, después de la adopción de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios por el Congreso, la misma no fue promulgada por el Poder Ejecutivo” y recuerda que la consulta implica comunicación, entendimiento, respeto mutuo, buena fe y el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.

La CEAR es enfática en señalar que “la obligación de consultar en virtud del Convenio significa que:

1) las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo;

2) tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de una forma adaptada a las circunstancias;

3) tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas y administrativas;

4) deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas».

Además la CEAR subraya que el derecho de consulta de los pueblos indígenas no puede limitarse exclusivamente a aquellas medidas que afectan territorios en donde existen tierras indígenas titularizadas (p.3). Ello es muy importante, pues Margarita Benavides y Remeto Tuesta del Instituto del Bien Común señalan que: “De las 1509 comunidades que contiene el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA), 1232 están demarcadas/tituladas, 165 están inscritas y pendientes de demarcar/titular, y 112 pendientes de inscribir y demarcar/titular” (p.11). Además, Pedro García Hierro nos recuerda que “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que es la posesión ejercida, de acuerdo con el derecho consuetudinario, la que otorga a los pueblos indígenas la propiedad sobre sus tierras y la que justifica la exigencia de la titulación” (p.36).

Aplicando ambos documentos (el de la CIDH y el del CEAR) al actual proceso de consulta de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, salta a la vista que éste proceso, como bien dice Cecilia Serpa, “no se ajusta a las obligaciones internacionales y a una metodología que respete los derechos de los pueblos indígenas”

Aguilar, Pilar “8 de marzo día de la mujer: violencia contra las mujeres, tensiones y contradicciones” en http://www.justiciaviva.org.pe

Ardito, W. “Si no cambia el Perú ¿Mejor cambio yo? En Reflexiones Peruanas 348, marzo 2011 en http://reflexionesperuanas.lamula.pe/

Benavides Margarita y Tuesta, Remeto “¿Qué es el SICNA?” en Margarita Benavides (editora)  Atlas de Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas del Nordeste de la Amazonía Peruana (Lima, Instituto del Bien Común, 2010).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales.El informe completo está disponible en: http://www.cidh.org/

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEAR),Informe 2011 – Perú, en  http://www.politicaspublicas.net/

Defensoría del Pueblo Cuarto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010) Supervisión de los presupuestos (marzo 2011) de los Gobiernos Regionales.(pp.93-98), en http://www.defensoria.gob.pe/

Defensoría del Pueblo Los Afrodescendientes en el Perú. Una Aproximación a su Realidad y al Ejercicio de sus Derechos (Lima, marzo 2011) nota 43 p.42. en http://www.defensoria.gob.pe/

El Comercio, 3 de marzo de 2011: “El 45% de los niños en el Perú vive en la pobreza. Informe de la UNICEF”

FAO El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2010-2011. Las Mujeres en la Agricultura. Cerrar la brecha de género en aras del Desarrollo. Disponible en http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf

García Hierro, Pedro “El TLC y la reforma del marco legal de las comunidades indígenas” en Benavides M. (editora) Atlas…

Karol Assunção “Informe de FAO destaca desigualdad de género en la producción agrícola”  en http://www.adital.com.br, 9 de marzo del 2011. Traducido por R. Zuñiga

Manuin, Santiago, Entrevista en El Comercio 20 de marzo del 2011

Nina Montufar,Willians “Organizaciones de Derechos Humanos presentan”, en http://www.justiciaviva.org.pe/

Perú.21, 3 de marzo de 2011 “Perú: el 45% de niños vive en la pobreza

La Rosa Calle, Javier “La CIDH y los derechos de los pueblos indígenas” 3 de marzo del 2011. Se puede bajar de http://www.justiciaviva.org.pe

Serpa Arana, Cecilia “Los procesos de consulta en el Perú no respetan los estándares y normas internacionales”, en http://www.justiciaviva.org.pe

UNICEF Estado de la Niñez en el Perú (Lima, 2011) en www.unicef.org/peru

El autor señala que lo importante es: “considerar la región como unidad de análisis, pues el país es heterogéneo desde el punto de vista de su desarrollo demográfico, económico, social e institucional. De esta manera, las regiones son diferentes en términos del tamaño y del poder adquisitivo de su mercado interno, de su estructura productiva, del grado de articulación con los mercados nacionales e internacionales, del desarrollo de la infraestructura básica, entre otros” (p.4).

La economía regional avanza

El autor constata también la excelente performance de nuestra economía. Es así que sostiene que “Durante el periodo 2006-2010 la economía peruana creció a un promedio anual de 7.2%, siendo el mayor crecimiento desde 1961 (…) Por el lado del PBI [Producto Bruto Interno] per cápita se alcanzó los 5181 dólares, el doble del año 2000” (p.5).

Y señala la rápida recuperación luego de la caída del 2009 (en que crecimos a una tasa de 0.9%). Nos dice que “al mes de octubre de 2010, se ha revertido el deterioro en los términos de intercambio después de la crisis al recuperar las cotizaciones de las principales materias primas que el Perú exporta, especialmente las vinculadas a la actividad minera. Pero, esta mejora no es muy sólida porque depende de los resultados de las economías líderes como EEUU, Japón, Europa, China, Brasil e India, entre otros” (p.15).

Efectivamente, en el periodo 2001 y el 2009: “La mayoría de las regiones del Perú (14) crecieron más de 51% durante esos años, destacando Ica, Ayacucho y Cusco, con espectaculares crecimientos acumulados de 104%, 80% y 79%, respectivamente. El crecimiento de Ica es ligeramente menor al que experimentó China en el mismo periodo -y que asombra al mundo- y el de Ayacucho y Cusco es ligeramente mayor al crecimiento de la India, que es también otro referente de crecimiento entre las economías emergentes. El crecimiento económico experimentado en la última década ha beneficiado marcadamente a la gran mayoría de las regiones del Perú” (p.20).

Y el empleo también mejora

Quiñones encuentra “que el porcentaje de trabajadores adecuadamente empleados en las regiones ha ido incrementando. Tan es así que hay regiones con más del 60% de empleos adecuados. El 2007 habían cinco regiones con esta cifra, el 2008 seis regiones y el 2009 eran 12 regiones, destacando en este grupo: Madre de Dios, Callao y Lima. En contraposición, son 13 las regiones con tasas de empleo adecuado menor al 50%, destacando las regiones de Puno y Huánuco, con tasas menores al 40%. Así también tenemos regiones como Ica y Loreto donde se ha desmejorado su PEA adecuadamente empleada” (p.27).

En cuanto a la distribución de la población trabajadora, el autor señala que “El sector publico emplea el 7.9% de la población, el sector privado el 36.7% y el 36.5% laboran en el sector independiente. 15% labora en empleos de Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR). La PEA ocupada en el sector privado se concentra en unidades productivas de entre 2 a 9 trabajadores” (p.29).

Sin embargo, “Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, tienen una participación de menos del 30% de trabajadores asalariados (sector público y privado) y una alta presencia de TFNR, es decir, trabajadores que realizan labores en la unidad productiva familiar y que no reciben un pago por la labor realizada, aunque pueden recibir una propina” (p.30).

Aunque con grandes disparidades regionales

Sin embargo, el autor constata grandes diferencias entre regiones. Por ejemplo “En cuanto al aporte regional “primero se encuentra el departamento de Lima que aportó más del 50% del Valor Agregado Bruto (VAB) en dicho periodo. En un segundo grupo, encontramos a 6 regiones (Arequipa, La Libertad, Piura, Ancash, Ica y Junín) que aportan entre 3% y 6% a la economía nacional. En un tercer grupo figuran 14 regiones. Finalmente, en un cuarto grupo se tienen las regiones de Tumbes, Apurímac, y Madre de Dios, cada una con un aporte menor al 0.5%” (p.20).

Efectivamente “Las 10 regiones de estudio han mostrado un dinamismo diferenciado en el crecimiento de la actividad productiva. Así tenemos que regiones como Cusco, Arequipa, Ica, Lima, La Libertad y Piura, han crecido por encima del promedio nacional, mientras que la región de Huancavelica presenta tasas de crecimiento por debajo del promedio nacional, teniendo como su principal actividad económica la generación eléctrica” (p.24).

Y diferencias de ingreso

En el informe se constata una gran heterogeneidad al respecto: “Por un lado hay cinco regiones que superan los mil soles de ingresos promedio: Lima, Moquegua, Madre de Dios, Tacna, Arequipa y la Libertad. Por el otro lado hay 4 regiones, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Puno, con las mayores tasas de pobreza y los ingresos más bajos, menores a 500 soles (menos del sueldo mínimo)” (p.30).

Ello podría explicarse por las diversa productividad, entendida “como la relación entre el valor agregado bruto y la PEA ocupada, se tiene al igual que los ingresos un comportamiento muy heterogéneo entre las regiones. Por un lado, se cuentan con tres regiones: Moquegua, Lima y Arequipa que superan los 2 mil 500 soles mensuales. Por otro lado se tienen 8 regiones: Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, San Martín, Puno, Amazonas, Huánuco y Apurímac, con montos menores a la canasta básica (1200 soles) (p.30).

“Pero, por otro lado, se tiene a Canas, Acomayo y Paruro, con una producción menor a los 100 soles por persona-año. Estas productividades no alcanzan ni para cubrir la canasta de alimentos en las zonas rurales (1,632 soles anuales para el 2009). Esta situación explica las altas tasas de pobreza monetaria en estas zonas rurales” (p.40).

Por ello el autor afirma que “en promedio estos trabajadores no podrían tener un sueldo que les ayude a cubrir la canasta mínima si no mejora de manera considerable su productividad” (p.30).

Y entre ciudad y campo

Quiñones afirma que “no se puede hablar del milagro peruano sólo por el aspecto del crecimiento económico nacional, porque este crecimiento no ha llegado a todos por igual, menos aún a las zonas rurales del país. De los departamentos del estudio, para el caso de Cajamarca y Cusco, sus áreas rurales presentan más del 60% de su población rural en situación de pobreza pero sus zonas urbanas tienen tasas de menos de 37%” (p.41).

Por otro lado, las zonas rurales de la región la Libertad y Piura también presenta altas tasas de pobreza, con 69.3% y 58.7%, respectivamente. En el caso de Ica, tanto en sus zonas rurales como urbanas presentan tasas de pobreza mucho menores al promedio nacional” (p.39).

Pobreza y Estructura Económica

Por otro lado, “Cuando se revisa la estructura entre departamentos encontramos que los dos departamentos con las mayores tasas de pobreza: Apurímac y Cajamarca, concentran su producción en actividades primarias como agricultura y caza. Por otro lado, los dos departamentos con menores tasas de pobreza concentran su economía en actividades más elaboradas como Manufactura, Construcción y Otros servicios” (p.24).

Desigualdad Regional

El informe también señala que: “el incremento del VAB por regiones no necesariamente se ha plasmado en una reducción de las inequidades al interior de las regiones, pues las regiones de Piura, San Martín, Apurímac y Amazonas, incrementaron el gasto del quintil más rico respecto al quintil más pobre, aun cuando crecieron más del 5% anual. Tampoco necesariamente se refleja en una reducción de tasa de pobreza monetaria, pues se tiene la región de Apurímac con una economía que crece a 4.8% anual, con indicadores de pobreza que aumentaron en cinco puntos porcentuales (2004-2009)” (p.41).

Peligro de Burbuja Crediticia

Sin embargo, recuerda que el economista Michael Porter, en CADE (Reunión Anual de Ejecutivos) 2010, afirmó que: “en el Perú se ha formado una gran burbuja financiera, por un mal diseño en las reglas del sistema financiero. Esto lo podemos visibilizar ya que para el 2009/2008 por un lado la tasa de crecimiento de los créditos es (16%) mayor al crecimiento de la economía (0.9%), y por el otro lado se viene incrementando la tasa de morosidad (22%)” (p.12).

Conclusión

Finalmente, se puede afirmar que si se sigue creciendo basado en el mismo modelo económico, se va a continuar incrementando las brechas entre los departamentos. Estas diferencias se marcan principalmente en términos del desarrollo de sus mercados de trabajo y de crédito, del tamaño y de la diversificación de su estructura productiva, de los mercados de destino de la producción (nacional e internacional), del tamaño y del poder adquisitivo de su mercado interno” (p.217).

Las lecciones que debieron haber sacado la clase empresarial, la derecha política y el propio partido de gobierno eran simples y las resumió la CADE de Arequipa en diciembre del 2006: “No existe nosotros con alguien afuera”. O sea, el crecimiento tiene que ser inclusivo, lo que implica dejar de lado los fundamentalismos (“el mercado lo resuelve todo”) para poner en marcha políticas y acciones que permitan tener un crecimiento con una mayor distribución de la riqueza.

De esa manera, las grandes mayorías de la población podrían superar el malestar microeconómico -al que aludió premonitoriamente Jürgen Schuldt en el 2004- y sentir que, cuando la marea económica sube, suben todos los botes, los grandes y los chiquitos.

¿Y qué pasó? Pues que el PBI creció 73% del 2001 al 2010, una cantidad notable -digámoslo otra vez- y 40% desde el 2006 hasta el 2010. La bonanza macroeconómica continuó, pero lo mismo sucedió con el malestar microeconómico de la población, lo que ya comienza a notarse en las encuestas electorales.

Y razón no les falta. Del 2001 al 2011 el salario mínimo pasó de 410 a 600 soles, pero en términos reales (descontando la inflación) sólo aumentó 16%, cuando el PBI aumentó 73%. Lo mismo con la participación de los salarios en el PBI, que han alcanzado su mínimo histórico, justo en los años que el PBI crece. Igual con el empleo, pues casi todo el aumento del 2001 a la fecha ha sido en empleos precarios.

Pero quizá lo que más le molesta a la población es escuchar día a día que cualquier reivindicación sobre sus necesidades es inmediatamente denunciada como un “ataque al modelo económico” y, por tanto, imposible de ser cumplida.

Eso pasa cuando se plantea que las comisiones que les pagamos a las AFP se determinen de acuerdo a la rentabilidad y no que las AFP ganen siempre, aunque nosotros perdamos. Igual con la Ley General del Trabajo para “reformar las reformas” de 1991 y 1992 del fujimorismo, que fomentan las services e impiden los sindicatos.

¿Es acaso “antimodelo” exigir que no se exporte el gas de Camisea o que Santa Sofía no haga el puerto en Ancón? ¿Es que no se puede exigir que se combata la evasión tributaria y que se derogue la rebaja de aranceles a los productos de lujo, lo que cuesta S/. 40 millones anuales? ¿Por qué no puede haber empresas públicas en sectores clave como energía y puertos, como en países vecinos?

¿Acaso no es indispensable que los mercados sean más competitivos para que, por ejemplo, las medicinas bajen de precio cuando el gobierno les reduce los impuestos? ¿Por qué iría contra el modelo económico plantear que, ya, se ponga en marcha el gasoducto sur andino a las regiones más pobres del país?

¿O exigir una pensión no contributiva para el 70% de mayores de 65 años, que hoy no recibe nada en los últimos años de su vida? ¿Y por qué no se pueden elaborar nuevas leyes mineras y petroleras para que el Estado tenga una mejor participación en la renta en las inversiones futuras? ¿Por qué no hay voluntad política para hacerlas?

Casi todas las medidas reseñadas existen ya en Chile, Colombia y Brasil. Pero aquí no se ponen en marcha porque los grandes intereses económicos introducen la trampa de que ellas “cambian” el modelo. En verdad no quieren que nada cambie para que todo siga igual, con lo cual fomentan -sin querer queriendo- la polarización social. A ratos, como en la CADE 2006, hay un rapto de lucidez. Pero dura poco pues lo acalla “la necesidad” de mantener intocable el “modelo económico”.

Quien siembra vientos, cosecha tempestades. El pueblo peruano quiere sentir el bienestar microeconómico cuando la marea sube y por eso está diciendo, de nuevo y a acomodarse.

Precisamente este es un punto que incluso aquellos candidatos que tienen índices altos de intención de voto en zonas de la selva nororiental o en la selva central prefieren no tocar porque colisiona con los intereses de las grandes inversiones. Y ya hemos visto que, cuando un candidato sostiene técnicamente que es necesario frenar los intereses de las empresas mineras, un gran sector de la prensa se le tira encima directamente a la yugular para clavarle los dientes hasta verlo tendido en la lona. Sin embargo, hay algo que la prensa, algunos candidatos, los jefes de campaña y ciertos inversionistas olvidan totalmente: en la soledad de la cámara de votación uno/una no necesariamente es tan imbécil como para no saber decidir por los intereses de su clase, de su grupo, de su etnia, de su vecindad, de su barrio y dejarse llevar por los oropeles y el espectáculo del tocamiento de testículos como parte del embrutecimiento dirigido.

“Nuestro territorio NO es un recurso natural, es mucho más que eso; sin territorio nosotros perdemos nuestra identidad”. Quien sostuvo esto ya no fue Santiago Manuin ni Alberto Pizango, también presente en el foro, sino Teresita Antazú, líder del pueblo Yanesha, quien candidatea para el Congreso por la región de Pasco. Junto con la dirigente quechua Gladys Vila-Pihue, quien sostuvo que lo fundamental para el movimiento indígena es encontrarse presentes dentro de la institucionalidad del Estado peruano para promover políticas pluriculturales “no inclusivas” y fomentar el rol de las mujeres dentro de sus propias comunidades, Antazú y los demás líderes indígenas propusieron luchar por la diversidad. Somos diversos y queremos seguir siendo diversos, complementarios y adaptativos.

Las estadísticas son impresionantes: según un estudio de UNICEF, el 78% de quienes tienen como lengua materna el quechua, el aimara o alguna de las muchas lenguas amazónicas vive en la pobreza. En tanto, para la Defensoría del Pueblo, el principal problema de dichas comunidades es la falta de acceso y la baja calidad de los servicios de educación y salud, a lo que habría que sumar la carencia de servicios de agua y saneamiento, electricidad y transporte.

Todo esto indigna y deviene en injusto, en un Estado atrofiado que da por sentado el cotidiano irrespeto a los derechos de esta porción de peruanos. Una lamentable situación que condiciona su desarrollo y ahonda aun más las brechas existentes entre enormes grupos humanos que permanecen y se sienten desconectados del Estado Peruano y de lo que llamamos peruanidad.

El problema tiene también repercusiones prácticas, pues en los últimos años los diversos gobiernos han alentado y desarrollado proyectos de exploración y explotación de recursos naturales (principalmente mineros y de hidrocarburos) en áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias, lo que ha causado serios problemas y hasta enfrentamientos violentos.

El caso de Bagua es emblemático: un episodio cruento y lamentable hasta ahora sin esclarecimiento ni deslinde de responsabilidades. El telón de fondo es un abismo de incomunicación, una ‘negociación’ demasiado larga y con voceros estatales ineficientes, el irrespeto al derecho a la consulta sobre el uso de territorios indígenas que les asiste a las comunidades, así como el desconocimiento de los representantes del Estado sobre la cosmovisión y expectativas de estas.

A todo esto se sumó el aprovechamiento de la desconfianza para inocular elementos políticos e ideológicos que terminaron por desencadenar un sangriento enfrentamiento en el que 24 policías y 10 civiles perdieron la vida.

¿Qué está haciendo el gobierno y qué plantean los candidatos para integrar a estos peruanos a los valores, usos y normas del Estado Peruano –en el respeto de sus propias tradiciones–, y a la mayor conciencia sobre sus derechos y deberes?

Llaman la atención las contramarchas del actual gobierno sobre una serie de proyectos a los que pretende exonerar del requisito de la auditoría y estudios de impacto ambiental como paso previo a su implementación. No se pueden aceptar estas intentonas de saltar a la garrocha el ordenamiento legal, pues constituyen un abuso y retroceso intolerable para el objetivo de convivencia pacífica y respetuosa entre peruanos.

En cuanto a las propuestas electorales, en general lo que se nota son anuncios genéricos de educación bilingüe, derecho a la identidad e inclusión.

Sin embargo, lo que las comunidades indígenas reclaman y necesitan son propuestas concretas que compatibilicen el derecho a la consulta con las inversiones, el reconocimiento de sus derechos como peruanos, proyectos de titulación serios y los debidos reajustes a la estructura del Estado para incluir de modo permanente a las comunidades indígenas en sus objetivos, metas y presupuestos.

En suma, resulta imprescindible reorientar el debate electoral y los planes de campaña para responder a estos graves cuestionamientos: No podremos lograr un salto cualitativo justo al pleno desarrollo mientras existan grupos de peruanos en el atraso, la desnutrición, el analfabetismo y el ostracismo geográfico.

El Perú que avanzará hacia el Primer Mundo será un Estado inclusivo, justo, respetuoso de sus tradiciones ancestrales y de sus originales pobladores. De otra manera estaremos desarticulando las grandes posibilidades que tenemos como nación

1. Primero:La región Ucayali, esta viviendo el peor desastre natural de los últimos 25 años, en la zona rural muchos caseríos y comunidades nativas ribereñas han desaparecido, aproximadamente 99% de los terrenos agrícolas se han perdido, dejando sin alimento a miles de pobladores. Los danificados se cuentan por miles, están refugiados en colegios y locales de la iglesia católica. Pero las autoridades de INDECI y de los Municipios poco están haciendopara aliviar a la población de tan terrible sufrimiento; nos quejamos enérgicamente como se están repartiendo los alimentos: viajan representantes de las municipalidades a los caseríos y comunidades nativas llevando un saco de arroz, huevos avena y menestras, que no es suficiente para repartirlos dignamente. Tal es el caso del Centro Poblado Nuevo San Juan, donde la Municipalidad Distrital de Manantay fue, en un deslizador con mas de 10 personas, gastando mas de 12 galones de gasolina, provistos de cámaras de video, supuestamente cada uno con sus viáticos para llevar solo un saco de arroz de 50 kilogramos, una jaba de huevos y otros; donde a cada familia compuesta con mas de 6 integrantes les toco 300 gramos de arroz y un huevo. Esto es una grave ofensa a la dignidad humana, una burla al hambre de los niños y es una mala utilización de nuestros recursos económicos. Recomendamos a los “ilustres funcionarios”, que con el dinero que se gasta en viáticos, gasolina y otros, lo inviertan para los danificados.

2. Segundo: En la zona de Padre Abad y de la Carretera Federico Basadre, la única vía de acceso ha sufrido más de 27 kilómetros de daños y se han caído más de ocho puentes, miles de personas viajan arriesgando sus vidas y la de sus hijos para llegar a sus destinos.Exigimos la pronta habilitación de la carretera Federico Basadre y no se esté jugando con la vida de las personas

3. Tercero: Producto de lasinundaciones,según, la secretaria de la mujer del FECONAU, son ya dos las victimas del dengue en la comunidad nativa de Betania y tresniños victimas de enfermedades diarreicas.  Solicitamos a la Dirección Regional de Salud de Ucayali: la pronta reapertura de los centros de salud, de los caseríos y comunidades nativas; la fumigación contra el dengue y un la ejecución del plan contra las enfermedades diarreicas.

Queremos reconocer públicamente, el trabajo de FECONAU (Federación de Comunidades Nativas de Ucayali) en bien de las comunidades nativas, la disponibilidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el trabajo de los religiosos de la iglesia católica y evangélica en bien de los danificados.

Pucallpa, marzo del 2011.