Instituto Bartolomé de Las Casas

Por ello es importante recordar lo que está pendiente:

1. Acabar con la sistemática persecución a los líderes nativos.

Patricia Wiesse Rizo-Patrón nos habla de que existen más de 80 dirigentes con orden de captura.  Ello ha impedido que puedan seguir realizando sus labores. Lo que ha traído como consecuencia no sólo el debilitamiento de sus organizaciones, sino también que no puedan afrontar sus responsabilidades como padres de familia y miembros plenos de sus respectivas comunidades.

Wiesse señala que: “Lo más lamentable es que los acusados no son los que dispararon en la Curva del Diablo, ni los que asesinaron a los policías en la Estación 6. Son los líderes más visibles y conocidos en la región, que estuvieron encabezando la protesta pacífica, pero que no pudieron controlar a los indígenas que decidieron actuar con violencia. El caso más conocido es el de Simón Weepiu, acusado de secuestro, lesiones graves y muerte.  Se trata del Apu que estuvo más de cincuenta días en la Estación 6 en buenas relaciones con los trabajadores y con los policías, hasta que el día 5 de junio fue desbordado por la masa compuesta por mucha gente que llegó de la parte alta y media del río Santiago y otras personas que no eran conocidas. A Simón lo tumbaron junto al comandante Montenegro, lo patearon y golpearon, y lo dejaron en el piso con el pantalón roto. Antes de que se lleven a los policías al monte, debió salir de la Estación 6 para salvar su vida”.

Es urgente acabar con este tipo de persecución que ha ahondado aún más la brecha de desconfianza entre las autoridades y los nativos. Como señala Anne Marie Michele, representante del Vicariato de Jaén, “Gran parte de la población ha perdido confianza en las autoridades policiales. Se sientan perseguidos por el Baguazo. Sé de testimonio directo que algunos no quieren acceder a un DNI porque piensan – sin razones objetivas- que puedan ser objeto de identificación de deseo de venganza o de persecución por el Baguazo”.

2. Aprobar el reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Recordemos que la ley que reglamenta la Consulta Previa fue aprobada en mayo del 2010 por el Congreso.  Sin embargo, desde esa fecha ha sido “congelada” por el Ejecutivo que se negó a promulgarla y gracias al control que el segundo gobierno aprista ejerce sobre el Congreso también logró impedir que el Parlamento insista en su aprobación.

Guido Lombardi, quien presidió la Comisión Investigadora del Congreso sobre los sucesos de Bagua, reitera la necesidad de que se apruebe la Ley de Consulta Previa. Señala que “no aprobarla en este periodo será enviar una señal muy clara además de decir [a los nativos] no nos importan, no nos interesan y eso en un país como el Perú me parece gravísimo”.

Coincidimos con Chirif cuando afirma que “la Ley de Consulta implica el desarrollo de una democracia fina, una democracia entendida -más allá de los procesos electorales- como la capacidad de dialogar y de recoger las aspiraciones y la voz del otro”.

Y también con la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, cuando señala que “uno de los más graves errores que se ha cometido en esta administración es no haber aprobado la Ley de Consulta a los pueblos indígenas, que es Ley de la República hace 14 años por un convenio de la OIT (…) creo que eso es uno de los errores más graves que se ha cometido, porque son nuestros compatriotas, porque si es Ley de la República el Convenio 169, se les debió consultar y ahí se originó el problema de Bagua. Yo creo que nuestras comunidades, nativas y campesinas, se merecen todo nuestro respeto pero, sobre todo, se merecen que les consultemos y les preguntemos, y al preguntarles les informemos con corrección qué es lo que verdaderamente el Estado tiene que hacer”

Esperemos que el nuevo gobierno cumpla con su ofrecimiento de “Consultar a la población involucrada y promover el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT de respeto a los territorios indígenas”  Y de “Garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en los procesos de toma de decisiones que les competen, estableciendo de manera obligatoria los mecanismos de consulta para tomar decisiones sobre cualquier actividad que se realice en sus territorios”.  (pp.83 y 184 del Plan de Gobierno de Gana Perú).

Gastón Garatea, SS.CC. señaló que “El elevado número de conflictos sociales obliga a priorizar la aprobación de la Ley de Consulta Previa para prevenir su surgimiento y tener un instrumento de paz durante el nuevo gobierno encabezado por el presidente electo Ollanta Humala (…) Esa es la fórmula adecuada para controlar mejor los conflictos. Con esa norma vigente ya se pueden dialogar directamente con las comunidades nativas, indígenas y campesinas, sobre decisiones que pueden afectar su ancestral estilo de vida”.

3.- Hacer justicia

Está pendiente un verdadero señalamiento y consiguiente procesamiento de quienes tienen responsabilidad política y penal por dicha tragedia. No podemos olvidar que los indígenas habían decidido retirarse a las 10 de la mañana del día 5 de junio del 2009, pero el gobierno decidió darles un “escarmiento” y por eso ordenó el desalojo violento que comenzó alrededor de las 5 de la mañana de dicho día.  Hay responsables políticos (y tal vez penales) de esa desafortunada decisión que no pueden quedar impunes.

Sin embargo, el Congreso saliente más bien ha aprobado un informe, preparado por los Congresistas Martha Moyano (Fuerza 20011), Juan Perry (Alianza Nacional) y Eduardo Espinoza (UPP) que exculpa a los principales responsables políticos y sólo menciona las responsabilidades de los jefes policiales de entonces, de los indígenas y de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Como señalan los de  Otra Mirada es preciso saber “¿quiénes dieron las órdenes? ¿Acaso estos generales se mandaron solos?”

Patricia Wiesse critica seriamente la decisión del Congreso, ella nos comenta que “Lo que hizo Moyano y compañía fue mutilar el informe que presentó Lombardi. Retiraron la parte del análisis y algunas conclusiones y las sazonaron con acusaciones a las ONGs y a los líderes locales. Y se copiaron una parte impresentable del informe aprista en la que se sostiene que las comunidades nativas fueron infiltradas por elementos subversivos”.

Eduardo Nayap Kinin, primer congresista nativo electo por Amazonas en la lista de Gana Perú, señala que: “Esos adjetivos con los que se califica la participación indígena es una muestra del poco interés de este gobierno sobre los pueblos indígenas. Lo ocurrido en Bagua creo que va a servir para que el pueblo indígena pueda ser atendido – en el gobierno entrante – de una manera concreta” (Enlace…).

Tatiana Félix nos dice que “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera actividades peligrosas los trabajos que exponen a niños al abuso físico, psicológico o sexual; trabajos confinados o en ambientes insalubres, actividades con equipamientos peligrosos y largas jornadas” Y agrega que: “Algunos de los problemas psicológicos o físicos pueden surgir después de muchos años, como en los casos de intoxicación por metales pesados o dificultades de desarrollo social o intelectual”.

Recordemos que sobre el trabajo infantil existe una inacabada polémica. Para algunos como la OIT debe ser erradicado todo tipo de trabajo infantil. Para otros, como el MANTHOC (Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos) lo que hay que hacer es reglamentarlo para lograr un trabajo digno para ellos, articulándolo con políticas educativas.

En efecto, no sólo son explotados por las agencias de empleo, sino también por los mismos empleadores que raramente les reconocen el salario mínimo, y muchas veces están excluidos de la seguridad social.  Además están sometidos a largas jornadas laborales. Particularmente vulnerables son los menores que trabajan en este sector, quienes con frecuencia también sufren agresión sexual.

El Convenio aprobado reconoce a estos trabajadores la jornada de trabajo de ocho horas, un descanso semanal de al menos 24 horas seguidas, el derecho a tener un contrato de trabajo escrito, seguro social obligatorio etc.

Según cifras oficiales, en el país existen  453,626 trabajadoras del hogar. Sin embargo, cálculos no oficiales sitúan la cifra en unas 700,000, personas. La mayoría de ellas son mujeres y a pesar que existe una ley que las ampara (la ley Ley 27986, del 3 de junio del 2003) solo aproximadamente el 8% (35,733) de ellas están inscritas en Essalud y en el fondo de pensiones. Y a pocas se les otorga una jornada de 8 horas, muchas trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La mayoría de empleadores no les reconocen los beneficios sociales a que por ley tienen derecho, debido a la ausencia de fiscalización del Estado.

Inés Meza, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, exhortó al gobierno entrante “a que ratifique este convenio, implementando programas a favor de las trabajadoras del hogar”.

Vásquez estima que “Requerimos una gran transformación para crear un Estado pro pobre que oriente al inversionista a sectores como manufactura, agroindustria y construcción. Dejar que el sector minero siga desarrollándose, pero incidir en los mencionados, que generan empleo, sobre todo entre las personas menos calificadas. En el Asia se pusieron reglas de juego claras para salir adelante”.

Marco Sifuentes, comentando lo anterior, señala que “Lo que hace Vergüenza Democrática es airear uno de nuestros problemas más arraigados. Aunque en los medios el racismo pareciera ser sólo un problema de discotecas o de los personajes de Jorge Benavides, en realidad se trata de algo escabrosamente común. En Facebook uno tiene la ventaja de poder hacer print screen (captura de pantalla) e inmortalizar para siempre cada exabrupto racista.

Pero si pudiéramos hacer print screen de lo que se gritan los conductores durante el caos del tránsito limeño, no sería muy diferente. El racismo está allí, a flor de piel, esperando el primer acceso de ira para convertirse en un arma para agredir al otro. Usualmente las expresiones racistas en el Perú son verbales y, por tanto, efímeras, sin registro (salvo uno o dos columnistas, nadie se atreve a vomitar en textos impreso su mentalidad discriminatoria)”.

En la erradicación de esta lacra juega un rol central la educación. Ricardo Morales S.J. señaló en una oportunidad que: “educar para el respeto a la diversidad y a la tolerancia debiera tener entre nosotros, como primer cometido (tanto en las escuelas públicas como en las privadas), fomentar en los alumnos una especial sensibilidad hacia los prejuicios raciales”.

Pero también es importante realizar un esfuerzo para “visibilizar” el racismo que impregna nuestras relaciones sociales en todos los espacios donde nos movemos: familia, escuela, barrio, trabajo, espacios de esparcimiento etc. Pues como afirma Wilfredo Ardito: “la negación del racismo es una de las razones por las que éste subsiste.  Lo niega la víctima, que prefiere pensar que lo maltratan porque “no es importante” o “el otro es abusivo” y lo niega el racista, que ha naturalizado la discriminación, es decir, le parece simplemente que su conducta es normal.  En ambos casos, la negación es conveniente para evitar aceptar una realidad dolorosa y complicada, donde muchos peruanos somos discriminados por unos y discriminamos a otros”.

Y también son necesarias políticas públicas. Ardito señala que: “En ningún país el racismo se ha corregido por sí solo (…)  Son necesarias entonces políticas estatales para enfrentarlo.  Al nuevo gobierno le corresponde diseñarlas en dos direcciones: mejorar radicalmente la situación de los peruanos más vulnerables y cambiar la mentalidad racista.  Esto ocurrió en Estados Unidos desde los años sesenta y en Brasil desde el gobierno de Lula con la creación del Ministerio para la Equidad Racial (…) Para avanzar hacia una sociedad más humana y más justa, la lucha contra el racismo debería convertirse en uno de los principales ejes del nuevo gobierno”.

Para lograr una verdadera inclusión es urgente trabajar, en todas nuestras instancias este importante problema. Coincidimos con Cecilia Ruiz Huayna cuando señala que: “En nuestro país es urgente apostar por la afirmación de una ciudadanía inclusiva y de respeto por el otro. Comprender y valorar las diferencias entre nosotros se convertirá en un pilar fundamental para la construcción de una convivencia respetuosa, pacífica y más democrática”.

Para ayudar en ello, en nuestra sección Documentos, recordamos lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo al respecto, en agosto del 2003, con el ánimo de que nos ayude en la tarea de diseñar acciones que permitan avanzar en la superación de dicha situación, para realmente poder construir un país “de todas las sangres” un nosotros.  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) afirma que: “No puede haber un “nosotros” internalizado por la sociedad si esa misma sociedad invisibiliza identidades colectivas, mantiene prácticas institucionalizadas o cotidianas de discriminación de grupos definidas por diferencias sociales, geográficas, de género, edad y etnia, o perpetúa brechas sociales vinculadas a dichas diferencias” (p.16).

Ardito,Wilfredo “Racismo: tareas urgentes para el nuevo gobierno” en  Reflexiones Peruanas N° 360

Balbi, Mariela Entrevista a Enrique Vásquez “La desigualdad es preocupante”, en El Comercio, 20 de junio del 2011

CEPAL-AECI, SEC.GEN.IBEROAMERICANA Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Síntesis. (Santiago, enero 2007).

Christian Reynoso, Christian. Entrevista a Alberto Chirif “El gobierno ha seguido actuando como si nada hubiera pasado” en Noticias SER 1 de junio del 2011

Diario 16, “Que tal cuadre, señor ministro. Beatriz Merino le canta verdades al gobierno”, 17  de junio de 2011.

Enlace Nacional “A dos años del Baguazo, Lecciones no aprendidas” en  http://enlacenacional.com

Felix, Tatiana “Sin erradicación, trabajo infantil atinge a cerca de 215 millones de niños y adolescentes” Adital, junio del 2011 en http://www.adital.com.br

Garatea, Gastón “Ley de Consulta Previa es urgente” en La Primera, 19 de junio de 2011

Morales, Ricardo “¿Racismo en el Perú?”,  Perú 21, 18 de mayo del 2008

Otra Mirada al Día “A dos años del “Baguazo”: un balance necesario”, 7 de junio del 2011 en http://www.otramirada.pe/dos-anos-del-baguazo-un-balance-necesario

Ruiz, Cecilia “No discrimines. Haz tú la diferencia, 21 de marzo del 2011

Sifuentes, Marco “Ojalá se destruya Machu Picchu” en  Perú.21, 12 de junio de 2011.

Wiesse Rizo-Patrón, Patricia “Baguazo: Libres de Polvo y Paja” http://www.justiciaviva.org.pe , del 16 de junio del 2011

La CVR nos recuerda que en nuestro país “las asimetrías entre criollos, mestizos, cholos e indios no desaparecieron. Éstas, más bien, se reformularon y se perpetuaron las discriminaciones étnico-culturales y raciales. El entrelazamiento de estas inequidades y discriminaciones produjo una creciente percepción de agravio y desconfianza, precisamente, en el polo «pobres-provincianos-serranos-rurales-cholos/indios», donde la CVR ha constatado el mayor número de víctimas” (p.34).

Y agrega: “En nuestro país —a diferencia de aquellas sociedades que enfrentan conflictos étnicos abiertos como los de Europa del Este, África o Asia—, la identidad étnica presenta rasgos bastante complejos. Aunque en el territorio nacional coexisten más de 55 grupos étnicos, y alrededor de un quinto de la población habla un idioma indígena, todavía es débil la reivindicación explícita de las identidades étnicas originarias. Quienes hablan un idioma indígena, por lo general prefieren ocultar sus orígenes étnicos. Esta situación refleja la persistencia de la discriminación étnica y el racismo de origen colonial” (p.119-120).

Y señala que: “El conflicto armado reprodujo en gran medida las brechas étnicas y sociales que afectan al conjunto de la sociedad peruana” (p.173). Es así que: “En diversos momentos del conflicto, los actores desarrollaron e implementaron procedimientos de selección de sus víctimas basados en criterios raciales, que reprodujeron las brechas étnicas y aumentaron las distancias sociales, incrementando el clima de violencia. De esa manera, la superposición de criterios raciales con aquellos de diferenciación social y de estatus, influyó sobre la violencia en todos los escenarios del conflicto” (p. 174).

Ayudó a cohesionar a los subversivos

Refiriéndose a Ayacucho la CVR señala que: “Allí se configuraba una suerte de nosotros con fronteras muy rígidas y excluyentes, basado en una cercanía étnico-regional donde se entrelazaban el color de piel, la lengua, las costumbres y se tenía una percepción de agravio provocada por la inequidad y la discriminación” (p.43).

La CVR nos dice que esto fue aprovechado por Sendero Luminoso, es así que: “El racismo y la discriminación étnica alimentaron el afán de certidumbres y de una explicación axiomática sobre el futuro, tal como la ofrecida por la ideología senderista” (p.126) “El PCP-SL «atizó», y allí se reavivaron —en la respuesta del Estado y en la indiferencia de sectores importantes de la ciudadanía—, todas las discriminaciones” (p.49). Y agrega: “De alguna manera, el PCP-SL canalizaba el odio y la frustración derivados no sólo de la discriminación social y racial, sino también de la originada en el sistema de género” (p.71).

Y atizó la violencia

La CVR afirma que: “La discriminación étnica y racial fue un elemento presente en el conjunto del proceso de violencia. En los diferentes momentos y ámbitos de su desarrollo, fue un factor que influyó significativamente sobre los comportamientos y percepciones de los diversos actores, aunque casi siempre de manera encubierta” (p. 173).

Ella: “operó sobre el conjunto del proceso de violencia y afectó de manera transversal a los diferentes sectores sociales del país, así como a los actores directos del conflicto, en todos los escenarios donde éste se desarrolló. Diversos estudios desarrollados por la CVR, describieron cómo, en escenarios y lugares tan diferentes como las comunidades campesinas de la sierra andina, las comunidades nativas amazónicas, los sindicatos de zonas urbanas industriales, las salas de prensa de los medios de comunicación, las universidades limeñas y provincianas, así como los barrios periféricos de las ciudades, las diferencias étnicas y raciales jugaron un papel importante, al generar conductas e imágenes que estuvieron presentes durante todo el proceso de violencia” (p.122)

Para la CVR: “Aunque el conflicto no tuvo un carácter étnico explícito, estuvo cargado de elementos raciales, étnicos y regionales que actuaron entrelazadamente, acentuando la violencia. El racismo y la discriminación fueron inmanentes a las prácticas de violencia de todos los actores, aflorando sobre todo en los momentos en que se ejerció la violencia física, mediante categorías raciales que estigmatizaron a las víctimas como indios, cholos y serranos. Esta violencia simbólica, generó en las víctimas una percepción de agravio muy fuerte, que muchas veces también se expresó violentamente” (p.174).

Y agrega: “La concentración de la violencia fue mayor entre la población de los márgenes sociales -indígenas, pobres y rurales- de las diversas regiones que fueron escenario del conflicto. De allí que las tres cuartas partes del total de víctimas reportadas a la CVR hayan sido quechua hablantes de los departamentos más deprimidos del país. Este sector sufrió las mayores consecuencias de la violencia” (p.173).

Justificándola también

El Informe señala que la: “CVR comprobó que el peso del componente étnico y racial estuvo presente tanto en las causas históricas del conflicto —es decir, en la generación de un contexto propicio para el surgimiento y reproducción del enfrentamiento— como en el plano más inmediato de las percepciones y comportamientos cotidianos de los diferentes actores implicados directa e indirectamente.

Se trató de un factor que estuvo presente a lo largo del conflicto, pero de manera oculta. Sólo en aquellos momentos en que se ejerció la violencia física, la discriminación afloró de manera más abierta, cubriendo de esa forma a los asesinatos, torturas y violaciones con una carga explícita de violencia simbólica. Muchas veces, las diferencias étnicas y raciales —convertidas en criterios de naturalización de las desigualdades sociales— fueron invocadas por los perpetradores para justificar las acciones cometidas contra quienes fueron sus víctimas”. (p.123)

Llevando la peor parte las poblaciones estigmatizadas por la discriminación racial y étnica

La CVR denuncia que: “Diversos testimonios recogidos por la CVR, revelaron el modo en que los diversos actores del conflicto reprodujeron el racismo antiindígena proveniente de la sociedad andina tradicional. La palabra indio fue utilizada comúnmente para denigrar, estigmatizar y deshumanizar a quienes eran considerados oponentes y, de esa manera, tiñeron con la discriminación étnica el despliegue de la violencia” (p.126).

Y agrega que: “Los testimonios evidencian, asimismo, cómo la intensidad de la discriminación étnica y racial —más aún en el contexto de violencia— generó un fuerte sentimiento de agravio que acompaña el dolor de quienes fueron víctimas de desprecio” (p.128). Y ello también ocasionó que: “En algunas ocasiones, el uso de la violencia fue acompañado por manifestaciones de venganza o rencor ante la discriminación sufrida con anterioridad” (p.131).

Por todo ello, la CVR nos invita a “la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana” (p.384)

La CVR invoca que: “En aras de la reconciliación nacional, resulta indispensable impulsar la creación de una identidad colectiva de todos los peruanos respetuosa de las diferencias culturales y librada efectivamente de cualquier rezago de discriminación étnica y racial. Esta es una de las lecciones profundas dejadas por la violencia” (p.174).

Una primera etapa es el diagnóstico del statu quo de esos problemas para encontrar sus soluciones y otra segunda etapa es la necesidad de ensayar algún modelo económico que permita a los pueblos indígenas salir de su desventaja en comparación con el resto de la sociedad peruana.

En el ámbito del ordenamiento territorial, un sub-problema es la importancia de terminar con la titulación de todos los territorios indígenas. Además, la atención y solución de las propuestas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento, así como la solución a las solicitudes de ampliación territorial, etc.

En el tema de la gestión medioambiental, un punto clave son los estudios de impacto ambiental (EIA). Los pueblos exigen que se hagan con la participación de las comunidades y que los órganos para su evaluación y fiscalización sean transparentes y eficientes. Asimismo, exigen acciones contundentes para frenar la tala ilegal de la madera y la minería informal.

En el rubro de la participación, los indígenas esperan la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta. En cuanto al desarrollo integral, es necesario garantizar el derecho de los pueblos a beneficiarse del aprovechamiento de sus recursos naturales. La repartición del canon debe ser justa y equitativa. Asimismo, se debe fortalecer la institucionalidad y representatividad indígena, así como crear programas especiales de formación académica.

Una vez hecho el diagnóstico del estado actual de la problemática y encaminadas sus posibles soluciones, se debe ensayar un mecanismo de desarrollo económico. Aquí es necesario tener como ejemplo los distintos casos exitosos, ya existentes, entre empresas privadas y comunidades nativas. Tenemos en promedio 13 millones de hectáreas de bosques y territorios que pertenecen a los pueblos indígenas y ahí no solo hay oro, petróleo y gas, sino también turismo, recursos forestales, valores culturales y energía. Lo ideal es que, siguiendo la línea del empoderamiento, sean ellos mismos los que promuevan y soliciten actividades empresariales en sus espacios. Para que esto suceda es necesario tender puentes. ¿Cómo afrontar entonces sus enormes vacíos en salud, educación, alimentación infraestructura?

En todo esto, el sector privado como institución no debe estar ausente, pues proyectos gasíferos, mineros y petroleros se encuentran en territorios ancestrales de varios pueblos indígenas. Asimismo, el nuevo Gobierno debe tener cuidado con ideologizar el tema. Existen posturas y defensores que, en vez de ser promotores de cambios responsables, predican una visión estancada de la realidad.

Finalmente, de la alianza Estado-empresas y pueblos indígenas, y del futuro conjunto que pueda vislumbrar, depende mucho la garantía de las inversiones y el crecimiento social en el país.

(*): Director del PAD- Escuela de Dirección – U.Piura.

Avanzar hacia la generación de empleo de calidad supone un complejo diseño de políticas económicas y laborales cuyo éxito depende de múltiples factores. En mercados de trabajo heterogéneos y desiguales, como el peruano, coexisten diversos tipos de exclusión que exigen la implementación de políticas intersectoriales, articuladas y complementarias, en ámbitos clave como el contexto económico-productivo y la institucionalidad laboral.

Por un lado, resulta fundamental que el próximo gobierno garantice la continuidad del crecimiento económico, pero reduciendo las brechas de productividad existentes entre sectores productivos, regiones y tipo de empresa. Una forma de avanzar hacia esa meta es fortaleciendo la capacidad productiva y de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente en el ámbito rural), facilitando el acceso a tecnología, mercados y financiamiento; promoviendo encadenamientos productivos y capacitando a la fuerza de trabajo.

En el segundo caso, lo que se necesita es revisar la actual legislación laboral, que es la misma que impuso el gobierno autoritario de los 90 y que deterioró la calidad del empleo. Un objetivo pendiente de la transición democrática iniciada el 2001 es la aprobación de una Ley General o Código de Trabajo que garantice una debida protección para el trabajador, facilite la gestión de los recursos humanos y promueva la libertad sindical y la negociación colectiva. El próximo Congreso será el escenario donde se defina este proceso de democratización y modernización de las relaciones laborales. Pero el nuevo gobierno deberá brindar señales claras para la dirección de las reformas.

En lo gubernamental, deberá mejorarse el funcionamiento de la Autoridad de Trabajo. Con los últimos gobiernos el MTPE pasó a convertirse en un ministerio “minimalista”. Concentró sus energías en la administración de programas de empleo temporal, capacitación e intermediación laboral, con un impacto reducido. El ínfimo presupuesto asignado -menos del 1% del presupuesto general de la República- demuestra el poco interés asignado al sector y el alcance limitado de sus políticas.

Atender el enorme déficit de empleo decente en el país exige un cambio en el enfoque aplicado por las últimas gestiones. Algunos países de la región, especialmente en el ámbito del Mercosur, reorientaron sus políticas laborales logrando avances importantes. Cambios en la regulación de la subcontratación y la negociación colectiva, el refuerzo de la inspección de trabajo y de la administración de justicia, entre otras medidas, contribuyeron a un aumento del empleo cubierto con seguridad social. La generación de nuevos puestos formales y la formalización progresiva en determinados sectores fueron posibles en el marco del crecimiento económico de la última década.

El incremento periódico (y proporcional al costo de vida) del salario mínimo constituye un instrumento de política laboral de primera importancia. Restituir la capacidad de consumo de los trabajadores no debe ser visto sólo como un acto de justicia redistributiva. Es también una estrategia de política económica con capacidad para estimular la demanda, el ahorro y el mercado interno. Incluir la perspectiva de género en las políticas laborales resultará fundamental para reducir la desigualdad social y económica.

Les saluda el equipo del Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) encargado de organizar los Programas de Voluntariado Universitario.

Por segundo año consecutivo estamos programando el Voluntariado de Fines de Semana-Lima “Tus propuestas en acción para el desarrollo de nuestra gran Lima”, para lo cual estamos programanado una  Reunión Informativa que les permitirá conocer más sobre el Programa de Voluntariado de Fines de Semana-Lima 2011.

La reunión será el  sábado 02 de julio a las 4pm en la oficina del IBC, ubicada en Calle Belisario Flores 687, Lince (la casa está en una esquina frente al parque Matamula,  a la altura de la cuadra 8 de Canevaro, es una paralela a esta avenida).

El Voluntariado de Fines de Semana -Lima permitirá que voluntarios/as participen de proyectos de diversas temáticas (educación, medio ambiente, salud,  etc.) en 7 zonas de nuestra capital. Las organizaciones que tienen a cargo dichos proyectos compartirán en la reunión el trabajo al cual se sumarán los voluntari@s y darán información sobre las zonas y grupos de intervención.

Tengan en cuenta que este programan de voluntariado está dirigido a jóvenes mayores de edad que estén desarrollando cursos de especialidad o facultad, es decir aproximadamente desde el cuarto ciclo universitario, y que vivan en Lima.  Deben tener disponibilidad un día del fin de semana (sábado o domingo) y ser comprometidos con el trabajo que se desarrollará.

De igual manera aquellos jóvenes interesados en participar en el voluntariado que no puedan acudir a la reunión del sábado 02 de julio podrán acceder a la información de las organizaciones en la página web del voluntariado, y a la ficha electrónica de inscripción que estará disponible desde el 05 hasta el 16 de julio.

Los esperamos

Un abrazo.

El equipo del Programa del Voluntariado

Mayor información: 472 – 3410 o al  470 – 9088

Escríbenos a: voluntariado@bcasas.org.pe

Conócenos en: www.bcasas.org.pe/ voluntariado

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